El 4 de enero entró en vigor la Ley
22/2005 de comunicación audiovisual
en Cataluña que, entre otras
novedades, amplía las competencias
del Consell de l’Audiovisual
de Catalunya (CAC), un organismo
que emana del Parlament, que
se encargará de otorgar las licencias
a emisoras.

Por otra parte, en su capítulo VI
reconoce los servicios de comunicación
audiovisual sin ánimo de lucro.
Pero también establece que los
servicios audiovisuales privados
(las concesiones de radios y televisión
comercial) dejarán de ser considerados
como servicios públicos,
lo que abre el camino hacia la liberalización
del dial. Estas cuestiones
están recogidas de forma similar
en el anteproyecto de Ley
Audiovisual estatal.

La tramitación de esta normativa
se ha caracterizado por el silencio
mediático al coincidir con
la discusión y aprobación del nuevo
Estatut. Sin embargo, tras hacerse
público el informe del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya sobre
los contenidos de la Cadena
COPE, esta normativa ha sido
bautizada por diversos medios de
comunicación y sectores conservadores
como una “ley mordaza”
que pone en peligro la libertad de
expresión.