CONNIVENCIA EMPRESARIAL
Nicho privado en los poderes universitarios

En las universidades públicas españolas son habituales
las amistades entre rectores y banqueros. La relación
con la empresa es honoris causay la mercantilización
de la educación tiene ya sus apellidos.

29/03/07 · 0:00
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Dibujo: Juanito. Idea: Amoniako

“Instituciones más ágiles, más flexibles
y más capaces de definir su perfil
y competir entre ellas”. Así ha
definido la ministra de Educación
Mercedes Cabrera el futuro de las
universidades públicas españolas. La
obsesión de un Gobierno que se dice
de izquierdas por modernizar la universidad
pública tiene tres ejes (movilidad,
competitividad y excelencia
académica) y muchas alianzas peligrosas.

El reto actual de la política
universitaria es la globalización,
cueste lo que cueste. El secretario de
Estado de Universidades e Investigación,
Miguel Ángel Quintanilla, lo
tiene claro: “la reforma de la
Universidad tiene como objetivo
prestar mejor servicio a la ciudadanía
en un mundo competitivo”.

Parece que la urgencia de transformar
las universidades “de acuerdo
a las nuevas necesidades de la
sociedad” implica la progresiva privatización
de la universidad. Cabrera
vende su política universitaria como
ambiciosa y revolucionaria, pero lejos
de las apariencias de transformación
social y redistribución de los recursos,
el espacio público universitario
está hipotecándose a la velocidad
de la luz. El 3,5% de las grandes empresas
privadas colabora con las universidades
públicas españolas y la cifra
va en aumento.

Filantropía o
injerencia empresarial


Proyectos de investigación, ayudas a
la publicación de tesis doctorales, extensión
de la formación on line, bonificación
en la compra de material informático,
cursos de verano, becas
para estudiantes o incorporación de
software son algunos de los apoyos
que suelen hacer las grandes empresas.

Su leit motiv: “El compromiso
empresarial con la Universidad es el
motor de desarrollo económico”.
Sin embargo, detrás de las relaciones
empresa privada-universidad se
encuentra el interés de grupos económicos
por abastecer de mano de
obra cualificada sus propias estructuras
de negocio, y manejar los hilos
políticos de la gestión pública. Rectores,
decanos, profesores que hacen
carrera paralela en empresas privadas
sacan buena partida a costa de la
universidad pública. La Plataforma
contra la Corrupción y el Acoso en la
Universidad Pública (www.corruptio.com) acusa, entre otros, a varios
rectores: Joan Tugores Ques (rector
de la Universidad de Barcelona de
2001 a 2005), por “convocatoria endogámica
de plazas de profesorado”;
Gregorio Peces-Barba (rector de la
Universidad Carlos III desde su fundación
en 1989 hasta el pasado 12 de
marzo) por “faltar a la verdad en comunicado
público, promoción y
ocultación de endogamia grave en
concursos de profesorado”; Lluís
Ferrer i Caubet (actual rector de la
Universidad Autónoma de Barcelona)
por “convocatoria endogámica”;
y Juan A. Gimeno
Ullastres(actual rector de la
UNED) por “endogamia por norma
rectoral en la contratación de
profesorado”. A ellos se suma
Saturnino de la Plaza (rector de la
Universidad Politécnica de Madrid
entre 1995 y 2004 y Presidente de la
Conferencia de Rectores de las
Universidades del Estado en 1981 y
1998-2002) por “emisión de certificados
falsos para academias privadas”.
Éstos son algunos de los ‘expertos
internacionales’ que participan en
los programas de evaluación de universidades.

Como el caso de Ferrer i
Caubet, que ha formado parte de comisiones
de la UE para evaluar el sistema
universitario de China y de países
europeos como Suiza dentro del
programa de la European University
Association. En sus peligrosas alianzas,
las universidades públicas premian
a sus mecenas. A principios de
marzo, el presidente de La Caixa,
Ricard Fornesa, y el poderoso abogado
Antonio Garrigues Walter fueron
investidos doctores honoris causa
por la Universidad Ramón Llull
(una situación que nos hace recordar
al banquero Mario Conde, doctor honoris
causa por la UCM).

En este contexto, se ha ido consolidando
un lobby de profesores-empresarios,
docentes que forman parte
a la vez del accionariado de empresas
privadas, y que pretenden
conseguir la compatibilidad legal de
los profesores funcionarios de Universidad
para trabajar en la empresa
privada, a través de la abolición de
la actual Ley de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las
Adminis-traciones Públicas, que limita
la presencia de los profesores
en el accionariado y los consejos de
administración de las empresas.

Una de las cabezas visibles es el
catedrático de Economía de la Universidad
Pompeu Fabra, Andreu
Mas-Colell, que ha llegado a tachar
de “accidente histórico” la existencia
de profesores universitarios funcionarios.

El comisionado del rector de
la Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB) para Biotecnología y
Biomedicina, Francesc Gòdia, ha llegado
a plantear en el Senado la creación
de empresas por parte de docentes
sin que sea necesario dejar de
ser profesor. El rector de la Universidad
del País Vasco, Juan Ignacio
Pérez, también es partidario de eliminar
“ciertas limitaciones” del profesorado
en la transferencia del conocimiento
y plantea eliminar la
existencia de docentes funcionarios.

Este lobby incide, sobre todo, en
la posible compatibilidad de profesores
que lideran grupos de investigación.
A ello se suma que la
reforma de la LOU no garantiza el
carácter público de los resultados de
la investigación financiada con fondos
públicos, e introduce una cláusula
para facilitar al profesorado su
incorporación a empresas para explotar
dichos resultados, abriendo
así una nueva vía de privatización.
La poderosa Fundación Cooperación
y Desarrollo (CYD), presidida
por Ana Patricia Botín, hija del magnate
financiero, presentó a finales de
enero su informe de 2006 donde se
aboga por “eliminar el exceso de medidas
que uniforman la universidad
para diversificar el sistema en cuestiones
como las titulaciones, los precios
o su personal y aumentar la participación
de miembros externos”.

El informe incluye un barómetro sobre
el papel de la Universidad
España, e inventa el dato: un 70%
especialistas’ considera que ha mejorado
la importancia que tiene
la universidad su relación con la empresa
privada. Si el MEC no es capaz
de elaborar una memoria financiera
digna, lo harán los bancos.

CYD se plantea alcanzar en los próximos
años el 2% del PIB con
competitividad pública y financiación
privada (donaciones y servicios
empresariales). En sus actos, no falta
la Casa Real para reforzar mediáticamente
su discurso: la articulación
eficaz empresa-universidad
aumento de la cifra de contratos
transferencia tecnológica.
Uno de los sectores por los que
empresa privada se infiltra en
universidad pública son las llamadas
Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC). El paradigma
es el portal Universia, creado
base de subcontratas por el Grupo
Santander, que gestiona servicios
universitarios y que hoy es inigualable
por ningún proyecto público.

En este sentido, Javier Monzón,
presidente del Comité ejecutivo
CYD ha pedido repetidamente libertad”
para cada universidad
el ánimo de que la reforma
LOU llegara a la máxima flexibilidad.
Monzón es presidente de la
compañía Indra, el gigante de
TIC que en noviembre absorbió
compañías Soluziona y Azertia.
Alto cargo en la época socialista anterior,
pero aliado con el PP, cuenta
con el respaldo para ejecutar la privatización
universitaria y promover
la expansión internacional.

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