EDUCACIÓN INFANTIL / ENTRE EL NEGOCIO Y EL SERVICIO PÚBLICO
Necesidad de mayorías, servicio para minorías

La educación infantil (0-3 años) tiene un largo camino que
recorrer como servicio público. Dentro del modelo privado
existente predomina el descontrol sobre los datos de
alumnado y sobre la orientación pedagógica.

20/03/08 · 0:00
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Edu Bayer

Desde hace bastante tiempo se viene
reclamando en el Estado español
que la educación infantil entre
0 y 3 años constituya un servicio
público tal y como lo es actualmente
la educación infantil entre 3 y 6
años y la enseñanza primaria y secundaria
entre los 6 y 16 años. Detrás
de esta demanda no sólo hay
razones socioeconómicas, sino
también propiamente socioeducativas,
como argumentan desde la
Plataforma Estatal del 0-6, constituida
en junio de 2007.

Mientras que el segundo tramo
de educación infantil (de 3 a 6
años) se puede cursar en algunos
centros de enseñanza pública, no
ocurre lo mismo con el primer tramo
(de 0 a 3 años), cuya gestión
está totalmente privatizada y la intervención
pública se reduce a subvenciones
que cubren total o parcialmente
la matrícula en función
de la renta de los progenitores.
En una sociedad con un alto y
creciente porcentaje de padres y
madres trabajadoras, las guarderías
se han convertido en una solución
para conciliar las diversas
responsabilidades con independencia
de la ayuda familiar. Sin
embargo, un centro privado de
educación infantil supone de media
al mes casi la mitad del salario
mínimo interprofesional.
Según el Ministerio de Educación,
que cita estimaciones del
Instituto Nacional de Estadística
(INE), están escolarizados el 17%
de los niños de esta edad. El porcentaje
difiere considerablemente
en función del informe que se tome,
lo que evidencia que no existen
estadísticas claras sobre los
niños y niñas que van a la guardería,
cuyo control se pierde al tratarse
de centros privados.

çOtro de los problemas es la diversidad
de interlocutores. Este
primer tramo de educación infantil
es una competencia de la Consejería
de Educación en algunas comunidades
autónomas y de la de
Servicios Sociales en otras. En algunas,
incluso, la responsabilidad
directa de los centros privados recae
en los ayuntamientos, como
ocurre en Navarra. Esta situación
no sólo desemboca en un problema
estadístico, sino también en
una diferencia de planteamiento,
hacía lo educativo o lo asistencial.

Los centros privados no siempre
ofrecen una atención educativa adecuada
ni están al alcance de todas
las familias. Por su parte, las comunidades
autónomas, con plenas
competencias, no tienen obligación
de ofrecer plazas públicas en esta
etapa. Sin embargo, la Ley Orgánica
de Educación dice literalmente que
las “administraciones promoverán
un incremento progresivo de la
oferta de plazas públicas en el primer
ciclo [de educación infantil]”.

200 euros al mes

Aún así, cada año son desestimadas
miles de solicitudes de admisión. Las
escuelas infantiles públicas, sin embargo,
no son gratuitas para todas
las familias, sino que se paga hasta
200 euros al mes. La mayoría de las
comunidades completan la oferta
con plazas concertadas (pagadas total
o parcialmente por la administración)
o con subvenciones para abonar
la matrícula en el centro privado.
Si se cruza el número de plazas
públicas con la encuesta del INE
mencionada, el resultado es que sólo
se cubre al 17% del alumnado. Y si
se compara con la población total
menor de 3 años, aun teniendo en
cuenta que no todos los padres quieren
escolarizar a sus hijos a esa edad,
resulta que las plazas públicas sólo
alcanzan al 7,2%.

PRECARIZACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID
_ El reciente borrador del
Decreto de Mínimos de Educación
Infantil elaborado por
la Comunidad de Madrid ha
encendido las alarmas de la
precarización del sistema.
Así lo están denunciando
las asociaciones de padres
y madres de alumnos (FAPA
Francisco Giner de los Ríos)
y el profesorado de educación
infantil (Movimientos
de Renovación Pedagógica),
unidos con varios sindicatos
(CC OO, UGT y Sindicato de
Estudiantes) en la Plataforma
por la Educación Pública.
Bajo el lema «La escuela
pública no se vende, es de
todos», miles de personas
se concentraban el pasado
12 de marzo ante la Consejería
de Educación.
El primero de estos decretos
regula los requisitos mínimos
de las escuelas infantiles,
casas de niños y colegios
de segundo ciclo de
educación infantil (de 3 a 6
años), mientras que el
segundo regula el currículo
académico de esta etapa.
Se pretende ampliar el
número máximo de alumnos
por aula y reducir el espacio
del aula por alumno, así
como variar las exigencias
de cualificación para los
profesionales responsables
de los centros y disminuir el
número de educadores de
apoyo. Municipios del sur
de Madrid como Fuenlabrada,
Leganés, Getafe, Parla
(PSOE) o Rivas Vaciamadrid
(IU) se han opuesto también
al borrador de este decreto
de mínimos. La Plataforma
por la Educación Pública
prevé convocar nuevas
movilizaciones contra la política
autonómica en materia
de Educación. CC OO está
preparando un recurso contra
el decreto y no descartan
una huelga en el sector.
IU, por su parte, ha anunciado
que presentará una
moción dirigida a la Comunidad
de Madrid en la que
reclamará la paralización de
los decretos. Este partido
exige al Gobierno regional
que paralice la elaboración
y desarrollo de los borradores
e inicie un período de
diálogo con los representantes
de la Red Pública de
Escuelas. Según IU, los dos
decretos son «una muestra
más de la indefensión en
que se encuentra sumida la
educación infantil». La coalición
añade que en el primer
ciclo, destinado a
niños de 0 a 3 años, se
perpetra «un atentado contra
los derechos de los
niños» porque permite que
los educadores ejerzan sin
poseer una titulación especializada
en Infantil y se
incrementa el número de
niños por aula.

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