// EL PESO DE NUESTRO PASADO
Memoria: acceso a los documentos y ciudadanía

A partir de enero, entramos en el 75º aniversario de la II República
española, y el 70º aniversario de la resistencia popular al golpe de
Estado y de la revolución española. Las fricciones en torno a la apertura
de fosas comunes fruto de la represión contra los derrotados,
en torno al Archivo Histórico de Salamanca o a la aparición de textos
revisionistas avalados por la ‘derechona’, nos indican que la
memoria es también un espacio de confrontación política. Con el fin
de fomentar la reflexión colectiva, iniciamos este debate.

07/05/06 · 23:07
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/MUTIS (Del libro Pinturas de Guerra)

El movimiento social para la
recuperación de la memoria
histórica ha propiciado
que en los últimos tiempos
una buena parte de la atención de
los investigadores se haya centrado
en recoger los testimonios de familiares
y supervivientes de la represión
franquista. Esta práctica se ha
consolidado como elemento fundamental
para esclarecer muchos de
los hechos que tuvieron lugar a lo
largo de la Guerra Civil y el primer
Franquismo que no están documentados,
y como complemento de investigaciones
de otros profesionales
de la historia, que podríamos llamar
‘tradicionales’.

Panorama archivístico

De las fuentes que manejan los historiadores
para su trabajo, las más
habituales son los documentos en
los archivos. Este hecho, que no llama
la atención al referirnos a investigaciones
relativas a periodos históricos
más alejados, cobra mucha importancia
dentro del movimiento para
la recuperación de la memoria, ya
que está afectando directamente a
una nueva generación de historiadores
que, a una suficiente distancia
generacional y una vez transcurridos
los años necesarios para poder
acceder a la documentación pública,
se encuentran con un panorama archivístico
y documental que dista
mucho de lo que sería deseable.

El documento fue, hasta finales
del siglo XVIII, instrumento de gestión
y de conservación de la memoria,
depositario y garante de derechos
y también, exceptuando el caso
de la democracia ateniense, inaccesible
para la población. A partir del
paso del antiguo al nuevo régimen,
los documentos que se venían conservando
adquieren nuevos valores
al calor de los movimientos culturales
del siglo XIX. Para el Romanticismo
sirvieron como “liberadores”
y fueron necesarios para dar forma a
las identidades nacionales y en el caso
del Positivismo se convirtieron en
las piezas fundamentales del método
científico y en herramientas casi
exclusivas del Historicismo. Pero no
debemos engañarnos: estas nuevas
funciones de los documentos, la
creación de depósitos para albergar
la documentación histórica y la apertura
de éstos al público (restringidísima,
por cierto), fueron posibles
porque esta documentación dejó de
tener utilidad como garante de derechos:
a principios del siglo XIX, el
cambio de régimen en Europa permitía
poner en uso de los investigadores
una documentación políticamente
inútil, mientras que la documentación
emanada de las nuevas
instituciones empezó a conservarse
en los archivos administrativos (fuera
del alcance de los ciudadanos). Se
puede concluir que la historia de la
archivística es la historia de la posibilidad
de acceder a los fondos documentales.
Hoy la archivística se considera
una ciencia-técnica moderna,
que asume su historia manteniendo
algunos elementos tradicionales y
que se consolida como ciencia de la
información.

Transición y documentación

A raíz de la muerte de Franco se
produjeron cambios institucionales
que tuvieron reflejo en la forma de
la documentación administrativa.
Las fórmulas propias de la dictadura
fueron sustituidas por otras más
simples, menos retóricas, más próximas
al ciudadano, mostrando una
nueva imagen institucional y queriendo
demostrar que se había producido
un cambio profundo y sustancial.
A partir de ahí, los esfuerzos
en la redacción de las normas y
en sus contenidos se centraron en
profundizar en esta imagen de cambio.
En este sentido, la Constitución
Española de 1978 reconoce el derecho
a la documentación, también el
derecho a la información. Así mismo,
la ley 16/1985, del Patrimonio
Histórico Español, establece en su
artículo 62 que “la Administración
del Estado garantizará el acceso de
todos los ciudadanos españoles a
los archivos, bibliotecas y museos
de titularidad estatal, sin perjuicio
de las restricciones que, por razón
de la conservación de los bienes en
ellos custodiados o de la función de
la propia institución, puedan establecerse”;
por no hablar de otras
muchas normas de otras administraciones
públicas, que abundan en
este aspecto.

La palabra democracia ha perdido
su significado y se ha convertido
en una pieza más de la retórica del
limitado poder del Gobierno. Cualquier
actividad que tenga que ver
con el ejercicio del derecho de ciudadanía
recogido en las leyes es visto
con miedo o, cuando menos, con
extrañeza por parte de los poderes
públicos.

El derecho a la información y el
de acceso a la documentación están
estrechamente relacionados
con ese ejercicio del derecho de ciudadanía,
como también lo están
muchas de las actividades que se
han puesto en marcha desde que se
inició el movimiento para la recuperación
de la memoria histórica.
Desde ahí, lo que por encima de todo
se está haciendo es pedir que se
cumplan las leyes, ésas que parece
que no fueron hechas más que para
dejar constancia de que somos un
país democrático, pero que, si exigimos
que se cumplan, ponen en
peligro la estabilidad democrática
del Estado.

Así pues, transcurridos los plazos
correspondientes para que los documentos
pasen del archivo administrativo
al intermedio y de éste al
histórico, en el que ya es posible
consultar la documentación (pública)
de las administraciones (públicas),
nos encontramos con todo tipo
de inconvenientes: ausencia de
organización de los fondos dentro
de los archivos, lo que impide su
consulta; falta de espacio para albergar
la documentación, que hace
que tenga que ser almacenada en
depósitos y que no esté disponible
para el servicio al público; vacío legal,
pues se enuncian los derechos
pero no produce el desarrollo normativo
correspondiente; conflictos
entre las administraciones por las
transferencias de competencias...

Esta situación no es casual, y se
pone de manifiesto muy a menudo,
especialmente cuando los investigadores
o los ciudadanos acuden a consultar
una documentación del periodo
de la dictadura franquista y se les
niega el acceso o se les intenta disuadir
de consultarla esgrimiendo motivos
diversos, como que aún no ha
transcurrido el tiempo necesario o
que algunos de los interesados están
vivos. Y es ahí donde está la causa de
tanto revuelo por consultar los papeles:
los interesados o su descendencia,
además de estar vivos, siguen
siendo hoy políticos, propietarios de
empresas o presidentes de consejos
de administración, que tienen miedo
de que se sepa la verdad sobre lo que
ocurrió, como tienen miedo de que
este movimiento social se desarrolle,
cale en nuestras pobres conciencias,
comencemos al fin a comportarnos
como ciudadanos y empecemos a
exigir a esta democracia que lo sea,
para que, de una vez por todas, la documentación
de la dictadura franquista
que se conserva en los archivos
sea sólo una documentación políticamente
inútil.

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