El pasado 10 de enero el Ministerio
del Interior ponía en marcha el Plan
Estratégico de Respuesta Policial para
prevenir y combatir el consumo
de drogas en el entorno de las escuelas,
que estará vigente los próximos
dos años. En su primera fase, los alrededores
de los centros educativos
están siendo vigilados, en horario
continuado, por 3.124 agentes (1.306
de la Policía Nacional y 1.818 de la
Guardia Civil) más los agentes de policías
autonómicas y locales.

Agentes vestidos de paisano y patrullas
policiales han establecido mecanismos
de colaboración con los
responsables de los centros. Su control
se desarrolla en recreos, actividades
extraescolares y al finalizar la
jornada escolar. Con esta iniciativa,
las Fuerzas de Seguridad del Estado
pueden perseguir al alumnado en las
inmediaciones de la escuela: si éste
es mayor de 18 años será juzgado
conforme al Código Penal, si no, se
le aplicará la Ley del Menor.
Este plan, que se evaluará cada
tres meses, se complementa con otro
de vigilancia de las zonas de ocio y
de diversión, en vigor desde el pasado
2 de enero, y se está aplicando de
acuerdo con un ‘Mapa de puntos de
riesgo específicos’ que ha creado el
Ministerio del Interior y que delimita
las zonas por antecedentes de ‘menudeo’
y por el entorno en el que se
encuentran los centros escolares.
Para el ministro del Interior, José
Antonio Alonso, el plan “posibilita
que la enseñanza y la formación se
realicen en un entorno seguro y saludable”.

La Unión Democrática de
Estudiantes y la Confederación Nacional
de Asociaciones de Estudiantes
consideran que la presencia policial
no va a solucionar el problema,
mientras el Sindicato de Estudiantes
ha reclamado medidas sociales
de tipo preventivo y considera que
el plan ha sido aprobado “sin contar”
con las organizaciones de la enseñanza.

La CEAPA, la CONCAPA

y las Federaciones de Enseñanza de
UGT y CC OO han aplaudido el plan
y su delimitación al entorno educativo
(en la Comunidad de Madrid
están permitidas las cámaras de seguridad
y la presencia de vigilantes
jurados dentro de la escuela).

Iniciativas de Bush y Blair

La iniciativa parece inspirada en los
planes que se han aplicado, desde
2004, en EE UU y en Reino Unido,
donde las escuelas pueden realizar
análisis de saliva al alumnado sospechoso
de consumir drogas. Los jóvenes
pueden sufrir represalias del
centro escolar: ser excluidos de actividades
escolares, forzados a seguir
un tratamiento de rehabilitación, expulsados
o denunciados ante la policía.
A la medida se opusieron asociaciones
y docentes que articularon
más de una docena de demandas.