“Los universitarios no deben estudiar lo que quieren, sino lo que les emplee”
José Ignacio Wert
Ministro de Educación

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, se despachaba esa clarificadora declaración pocas semanas antes de la aparición del informe de la comisión de expertos (varios ligados al ámbito empresarial) en el que se articulan, no sin disensos internos, las pautas para diversificar, “desfuncionarizar” y “recentralizar” la temática universitaria.

Este informe, esperado desde hace meses, cae como un jarro de agua fría sobre la comunidad educativa en un momento de impasse de la LOMCE y da un espaldarazo a parte de las políticas de austeridad y de segregación de Wert. El fondo del informe mantiene las líneas maestras mercantilizadoras ya trazadas en las sucesivas reformas, desde el Plan Bolonia hasta la Estrategia Universidad 2015 (EU2015).

Precisamente, este “informe de sabios” llega en los tiempos y formas establecidas en la EU2015 para una profunda reforma de la universidad española. Una reforma que, como un guión establecido, viene a satisfacer las demandas de las élites empresariales y financieras. De hecho, aunque el informe es una maraña de propuestas y mantiene un discurso trufado de la neolengua propia del capitalismo académico (excelencia, competencias, competitividad), sí que establece los ejes básicos de los planes gubernamentales respecto a la Universidad (nada novedosos ni sorprendentes): financiación, gobernanza y reordenación de estudios y de la carrera académica.

Financiación diversificada

Respecto a la financiación de la educación superior, el texto propone una “diversificación de las fuentes de inversión” proponiendo un mayor gasto público en los grados menos rentables para la absorción de las empresas en el mercado de trabajo de la “flexiseguridad” y que sea mayor la inversión privada en los grados más rentables. Esta lógica rentabilizadora no es nueva. Encaja a la perfección en el esquema de la Estrategia Universidad 2015, que apuesta claramente por la subida de tasas, y se marca el objetivo de que el estudiante asuma el coste real de sus estudios, cuando ahora el aporte oscila en primera matrícula entre el 15% y el 25% del coste real. El documento también apuesta por la reducción de becas y la segregación en función de los estudios cursados.

Las nuevas vías de financiación que se proponen pasan por la liberalización de las tasas para una mejor competencia entre las universidades, el impulso de las becas-préstamo (y por tanto, de la deuda estudiantil que ha generado burbujas e impagos en otros países como EE UU o Chile) o la profundización en la tan manida “ley de mecenazgo”.

Esta nueva oleada mercantilizadora que el informe anticipa concuerda con el objetivo de las élites por mantener el control de la cadena de mando de todo el proceso y su posterior aplicación. Por ello, en lógica del tramposo discurso neoliberal de que “la Universidad se debe a la sociedad” (véase a las patronales y la clase dirigente) la imposición de un nuevo plan de gobernanza se hace inevitable.

Nueva gobernanza

En el mismo documento de la Comisión de Expertos se sugiere un modelo jerarquizado y digno de una verticalidad empresarial, donde el Personal de Administración y Servicios (PAS) y el estudiantado verán reducida su representación y el mando universitario se regirá por una fusión funcional del Consejo Social y de Gobierno, dando como resultado un Consejo de Universidad con un máximo de 25 miembros que elegirá, sin proceso electoral de por medio, a un rector de carácter plenipotenciario.

Las nuevas vías de financiación pasan por liberalizar las tasas y que las universidades compitan entre ellas Este nuevo modelo de gobernanza –auténtico caballo de batalla de quienes quieren convertir la universidad en un mero espacio mercantil– supone un ataque directo al Gobierno parcialmente democrático de la universidad. El objetivo es reforzar el peso de los sectores empresariales en la gestión y gobierno de las universidades en detrimento de los sectores que realmente forman parte de la comunidad universitaria y, por otro lado, el asalto a la autonomía de la institución.

Por último, la triada de reformas sobre la universidad se completa con la cuestión, usada hasta la extenuación, de la excelencia. Auténtico mantra para justificar la lógica de la competitividad aplicada a la universidad, la excelencia (de los campus, de los profesores, del personal investigador, de los estudiantes) se orienta también en el informe con un formato geoterritorial que vehicula la deslocalización y la posibilidad de fusión de facultades y carreras dependiendo de resultados económicos. El discurso de la excelencia y la persecución de ésta, años después de su irrupción en el lenguaje técnico de las políticas universitarias, no deja de ser una mentira mil veces repetida que pretende ocultar la degradación de la enseñanza superior, la precarización y expulsión de sus trabajadores y la asfixia a la que las conduce la lógica de la austeridad y del modelo español de desarrollo basado en Eurovegas y la “formación” de futuros camareros en Londres y Berlín.

Sin duda alguna, este informe puede agudizar las resistencias a la política universitaria del Ministerio de Educación por parte de una amplia capa de docentes, equipos decanales y PAS, pero es el estudiantado como sujeto central quien debería superar las reticencias a la movilización sostenida, radical y de confrontación de los sectores más corporativistas de la comunidad educativa como por ejemplo, los rectorados.