La propuesta del Gobierno para reestructurar Radio Televisión Española (RTVE) se define, pese a la retórica de servicio público, por fuertes condicionantes de mercado: un plan de financiación ligado al recorte de más de 3.000 puestos de trabajo y un equipo directivo fuertemente influido por los intereses privados han desvirtuado el objetivo inicial de conseguir una televisión pública de fuerte respaldo estatal y mayor independencia
de los gobiernos. El Ejecutivo se aleja así del dictamen emitido por el equipo de expertos que él mismo promovió para asesorar la tarea de los medios de comunicación de titularidad pública.
- COMITÉ DE SABIOS. Entrega del informe
sobre la propuesta de reforma de
los medios de comunicación públicos.
El Gobierno se comprometió en septiembre
de 2004 a transformar en
proyecto de ley el dictamen que el
grupo de expertos encabezados por
el filósofo Emilio Lledó elaboró para
la reforma de los medios de comunicación
de titularidad estatal. La vicepresidenta
primera, Fernández de la
Vega, subrayó que el informe sería
“un paso fundamental” hacia un nuevo
modelo audiovisual.
Meses después, y tras el paso por
el Congreso, los grupos parlamentarios
han desmontado las principales
recomendaciones recogidas
en el dictamen del comité de sabios;
entre ellas, la composición del
Consejo de Administración de
RTVE, el sistema de elección del
director general, el diseño territorial,
la producción audiovisual y los
límites publicitarios.
El Plan de Saneamiento y Futuro
de la televisión pública, con su correspondiente
recorte de plantilla y
de recursos técnicos, ha liquidado
la posibilidad de una RTVE fuerte,
independiente, con un modelo de
financiación mixto (50% recursos
públicos, 50% publicidad), con calidad
en los contenidos y un modelo
gradual de reducción publicitaria.
El dictamen del consejo de sabios
recomendaba al Gobierno que asumiese
la deuda de RTVE, 7.551 millones
de euros, fruto del incumplimiento
de los sucesivos Gobiernos
de la ley que obliga a subvencionar
a RTVE. No contabilizar esta deuda
bajo criterios públicos permitió en
el pasado que el Gobierno de Aznar
cumpliera los criterios de convergencia
de Maastricht.
Ahora la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI)
reitera la necesidad de acometer
el plan de saneamiento como
una condición impuesta por el
Gobierno para otorgar una subvención
de 575 millones de euros
que palie la deuda acumulada.
El enemigo en casa
El presidente de la Federación de
Asociaciones de Prensa de España
(FAPE) y de la Asociación de la
Prensa de Madrid (APM), Fernando
González Urbaneja, ha afirmado recientemente
en su intervención en
una comisión del Senado que “quizá
no haya ningún sitio en España con
más corrupción que RTVE”. Algo de
razón tiene, dado que el sistema de
adjudicación a dedo de programas a
productoras privadas, consecuencia
de la política de externalización de
RTVE, fomenta esta circunstancia.
La contradicción está en que es el
modelo de gestión que defiende
Urbaneja el que genera esas deudas.
Fernández Urbaneja es el hombre
que ha representado los intereses del
mercado privado en el consejo de sabios,
siendo el único que votó en contra
del dictamen por una RTVE de
modelo fuerte. En su currículo figura
el haber compaginado sus responsabilidades
como primer jefe de Economía
de El País con ser el jefe de
comunicación de “los Albertos”, o
haber sido junto con Enrique Badía
(director general de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones
con Carlos Bustelo y antes directivo
de Antena 3 TV y de Amena) los encargados
de la liquidación del periódico
Diario 16, el cual cerró en noviembre
de 2001, tras 25 años en los
quioscos, dejando a 118 personas
en la calle. Recientemente Urbaneja
ha expresado su oposición al
Estatuto Profesional del Periodista,
definiéndolo como “rigurosamente
franquista”, y contra la ley que
regula la actividad del Consejo
Audiovisual de Cataluña, definiéndola
como inconstitucional.
La libertad de mercado en el sector
de la comunicación es la filosofía
dominante. Si el sector audiovisual
está creciendo -PRISA declaró
que el 50% de sus ingresos provendrán
del sector audiovisual- y el sector
público se recorta, lo privado se
beneficia.
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