La reconversión industrial de las universidades
y de la fuerza de trabajo
cualificada pasa por una modificación
sustancial de sus mecanismos
de financiación y gobierno, que supondrán
la transición de la universidad
de masas a la universidad-empresa.
“Universidades que sean más
empresas y empresas que sean más
universidades”, declaró Zapatero ante
el Foro de la Nueva Economía en
enero de 2007.

La Comisión Europea señalaba
ya en 2005: “La UE ha financiado
la conversión de sectores como la
industria del acero o la agricultura.
Ahora encara el imperativo de
modernizar la “industria del conocimiento
y en particular sus universidades”
(COM 2005 152 final).
El modelo de universidad-empresa
implica un cambio radical: estudiantes
‘clientes’ que deben pagar
por un ‘servicio’, con el consiguiente
aumento de tasas para
acercarse a los ‘costes reales’.

En este sentido, Anthony Giddens,
teórico de la ‘tercera vía’ del
laborismo británico, recomendaba
en su artículo “Mejorar las universidades
europeas” (El País, 10/4/2006)
que para dotar con fondos adicionales
a las universidades “la industria
puede contribuir (…) pero
sólo hay una fuente real de
grandes ingresos adicionales:
los estudiantes”.

El modelo de financiación
actual depende de cuatro
fuentes de ingresos: la
principal es la financiación
pública de la investigación y la
enseñanza, en general; en segundo
lugar, los donativos de particulares
(mayores en EE UU que en Europa);
tercero, ingresos derivados de la venta
de servicios a empresas y de explotación
de los resultados de la investigación;
por último, las contribuciones
de los estudiantes.

Recortes de gasto público

Las constricciones al crecimiento
del gasto público, derivadas del
Pacto de Estabilidad
y Crecimiento de la
UE, establecen límites
concretos a los aumentos
de la financiación pública
de las universidades. Según
los últimos datos del Eurydice,
el nivel actual de gasto
público en la Educación Superior
en la UE de los 27 es de
1,14% PIB, con grandes oscilaciones
entre el 1% del Estado
español, el 2,5 % de Dinamarca
o el 0,78 % de Italia.
El objetivo de la Comisión Europea
es llegar al 2% del PIB, pero
ese aumento deberá hacerse a
través de la inversión privada:
“Dada la actual situación, de estudios
muy largos, altas tasas de
abandono y de desempleo de los
graduados, invertir más en el sistema
actual puede ser percibido
como improductivo o incluso contraproducente
(…). Para atraer
más fondos, las universidades tienen
primero que convencer a los
socios –gobiernos, compañías, familias–
con que los recursos existentes
son usados y que nuevos
fondos producirían ‘valor añadido’
para ellos. Una alta financiación
no puede ser justificada sin
cambios profundos”.

Se trata de un modelo de financiación
pública “selectiva y competitiva,
en función de los outputs”, a
través de un sistema basado en la
competición por los recursos. Esta
forma prevé, como ya se está desarrollando
en buena parte del territorio
europeo, la realización de
acuerdos plurianuales de financiación
entre el Estado, las regiones
y cada universidad ligados a
la consecución de determinados
objetivos. Vendrán potenciadas la
“venta de servicios (investigación,
aprendizaje permanente y flexible)
y la explotación de los resultados
de la investigación”.

Para lograr estos objetivos, se
incentivará una relación estructurada,
cooperativa con la industria,
a través del “desarrollo comercialmente
relevante del training/retraining,
los servicios de consultoría, ventajas fiscales y asociación
con empresas”.

La universidad-empresa también
captará sus recursos atrayendo a estudiantes
de todo el mundo con la
promoción de la fuga de cerebros
(brain drain) de las élites de los países
del Sur, que, por el momento,
tienen como destino preferente las
universidades estadounidenses.
El elogio del modelo norteamericano
contempla un punto controvertido:
la propuesta de aumentar
las tasas que pagan los estudiantes,
cuya viabilidad aconsejan
valorar los informes de la Comisión
Europea a cada Estado.

Captación de fondos privados

En esta ‘segunda ola’ de reformas
de Bolonia, se introducen ya los
mecanismos de gestión empresarial
de las universidades para la
captación de fondos privados.
Esto implica la transformación
de los órganos de gobierno de las
universidades según el modelo
de los consejos de administración
de las empresas. Se incrementará
el presidencialismo de los rectores
con la consiguiente pérdida
de poder de los claustros, dará
comienzo la autonomización de
la gestión universitaria y la apertura
al tejido empresarial local
(consejos sociales). Ya se puede
palpar el corporativismo estamental
en el aumento de ránkings
y en el establecimiento de
agencias de calidad que distribuyan
recursos en función de estos
listados. Éste es el sentido de la
‘gobernanza corporativa’ de las
universidades propuesta por la
Comisión Europea.

Estas indicaciones han sido asumidas
por la Comisión de Financiación
del Consejo de Coordinación
Universitaria –máximo órgano
consultivo en materia de Educación
Superior– en su modelo de financiación
para las universidades españolas.
Ante esta propuesta y la previsible
reducción del catálogo de titulaciones
para el próximo febrero se
preparan espacios de discusión y de
lucha, de estudiantes y docentes, al
calor de los ‘focos’ de movilización
contra el Proceso de Bolonia que se
han sucedido en los últimos meses,
especialmente en Francia.