El anteproyecto no gusta a las gestoras pese al endurecimiento del control sobre las páginas de enlaces
La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual se pospone entre quejas del lobby de derechos de autoría

Ibercrea, agrupación de entidades gestoras de derechos, pide al Gobierno que cuente con su opinión para el anteproyecto de ley y éste lo retrasa "por motivos de agenda"

18/03/13 · 15:18

inforelacionada

Según anunció el Gobierno, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual llegará previsiblemente esta misma semana al Consejo de Ministros, después de posponer su discusión en el Consejo del pasado viernes oficialmente "por motivos de agenda". Según se desprende de un borrador filtrado por Ibercrea, la asociación que agrupa a las entidades gestoras de derechos de autoría, el proyecto prevé distintas medidas económicas y judiciales para penalizar a los propietarios de páginas de enlaces. No obstante, el borrador no ha gustado a esta entidad, que ha pedido su paralización en una carta al ministro de Cultura, José Ignacio Wert.

En la carta, cuyo contenido íntegro no se ha hecho público, las entidades de Ibercrea -Agedi, AIE, Cedro y SGAE- lamentan "que el proceso se haya llevado a cabo de espaldas al mundo de la cultura y con ausencia absoluta de diálogo". La nota de prensa emitida por Ibercrea especifica que la intención del Gobierno de que sea la Comisión Nacional de la Competencia la que fije las tarifas por derechos y controle su cobro por parte de las entidades gestoras "podría incrementar los conflictos".

Por su parte, la Asociación de Editores de Diarios Españoles también se ha quejado por no haber sido consultada en la elaboración del anteproyecto y porque no defiende sus derechos ante los contenidos digitales, frente a agregadores de noticias o buscadores como Google News.

Críticas desde la cultura libre

El filtrado y la inminente llegada del anteproyecto al Consejo de Minisitros también ha provocado las críticas de usuarios, juristas y defensores de la cultura libre. En palabras de Carlos Sánchez Almeida, reconocido abogado de colectivos ciberactivistas y por la libertad de compartir contenidos en la red, el anteproyecto supone un "ataque a los proveedores de hosting, servicios de publicidad y pasarelas de pago, condenados al exilio virtual".

Entre otras medidas, el borrador de anteproyecto otorga nuevos poderes a la sección segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual, que depende de la Secretaría de Estado de Cultura. Según el documento filtrado, un juez podrá, a petición de este organismo, obligar a las compañías de telecomunicaciones, pasarelas de pago y empresas de publicidad a identificar a los posibles infractores de la LPI que usen sus servicios.

Así, la ley establece multas de entre 150.000 y 300.000 euros para las empresas de publicidad que no retiren los anuncios de las conocidas como páginas de enlaces. El objetivo, según denuncian los grupos contrarios al anteproyecto —conocido como Ley Lassalle, en alusión al secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle— es "asfixiar económicamente" a este tipo de páginas porque fuerza la retirada de sus anunciantes. Asímismo, las webs que dirijan a contenidos que vulneren la LPI estarán sujetas a multas de entre 30.000 y 300.000 euros si en un plazo de una semana no retiran dichos enlaces.

El Gobierno de EE UU amenazó en febrero con volver a incluir al Estado español en la conocida como Lista 301, una lista negra de países con una débil protección a los intereses de la industria cultural. La actualización del documento se hará pública en abril. Hasta ahora, los endurecimientos de las leyes antidescargas han ido precedidas de la entrada o afianzamiento en esta lista.

La conocida como Ley Sinde, anterior apuesta del Gobierno de Zapatero para reducir el intercambio de archivos protegidos por derechos de autor en internet, ha resuelto en su primer año de funcionamiento un total de 30 casos. De las 363 solicitudes de retirada de contenidos de páginas web tramitadas, 248 han sido archivadas por irrelevantes o por deficiencias en su presentación, según datos publicados a finales de febrero, cuando aún había 81 casos pendientes de resolución.

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comentarios

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    carmen santos arrarte
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    20/03/2013 - 9:34am
    Las leyes no están para “contentar” a algunos sino para regular las relaciones entre todos.. Sería deseable que la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual de la que hacen eco algunos medios españoles, en estos días, estableciera  de forma clara que el autor de un artículo periodístico es el creador firmante del mismo,cuestión aún pendiente de resolución por el Tribunal Supremo en nuestro país. Los editores vienen desde el año 2001 intentando conseguir el marchamo legal de la autoría,  ninguneando la labor del periodista como autor. Primero fue el Tribunal de Defensa de la Competencia quien desestimó la solicitud de autorización singular ( Gedeprensa), posteriormente fue la Trasposición de la Ley de Propiedad Intelectual del 2006  cuya literalidad no dejaba lugar a dudas,  no obstante, las maniobras realizadas por algunos editores ( hoy sancionadas por la CNC) consiguieron una interpretación forzada que les sitúo en una posición preferente en la vía civil. Sin embargo, esa misma actuación, ha sido motivo de una  sanción  de 275.000€ por resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, resolución ratificada  hace escasos meses, impuesta   a los editores por conductas prohibidas acaecidas desde  el año 2006 en adelante con motivo de la entrada en vigor de la TR Ley de Propiedad Intelectual. Desde nuestro punto de vista esta cuestión sería uno de los puntos a tener en cuenta en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual para no incurrir en los mismos errores que en el pasado. carmen santos arrarte. documentacion de medios s.a.
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    Patrick Davenne
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    18/03/2013 - 5:21pm
    Es una cortina de humo, nada más ni nada menos, y el lobby no solamente lo sabe, lo apoya. Esta ley no tiene ni sentido ni aplicabilidad.