PANORAMA // TRAS EL ANUNCIO DE GARZÓN
La lucha contra la impunidad, más cerca del juzgado

A instancias de varios grupos para la memoria, el
juzgado número cinco de la Audiencia Nacional ha
solicitado la apertura de algunos archivos “intocables”.

18/09/08 · 0:00
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MARTÍN LEÓN BARRETO

Ante el anuncio de la Audiencia Nacional,
las organizaciones por la
memoria histórica piden que el proceso
puesto en marcha por el juez
Baltasar Garzón no se quede en un
mero recuento de víctimas y reclaman
que se establezcan responsabilidades.
Emilio Silva, presidente de
la Asociación para la Recuperación
de la Memoria Histórica (ARMH),
ha declarado a DIAGONAL que la
iniciativa del juzgado de la Audiencia
“es una oportunidad de construir
justicia”. Para asociaciones y
foros, la clave es que los crímenes
franquistas sean considerados de lesa
humanidad, ya que, según la legislación
penal internacional, esta
clase de crímenes no prescriben.

José María Pedreño, presidente de
la Federación Estatal de Foros por la
Memoria, explica a este periódico
que “si Garzón va por el camino de
investigar los crímenes de principio
a fin, identificar a los culpables, y si
esos culpables están vivos y, tengan
los años que tengan, los procesa, estará
haciendo lo que debe de hacer.
Su obligación es reconstruir exactamente
lo que pasó. Si no hace eso,
será un paso más en esta batalla de
la memoria histórica, pero no será el
final de la batalla”. El politólogo y sociólogo
Vicenç Navarro ha manifestado
a DIAGONAL que hasta que no
se “condene sin ningún tipo de reservas”
el golpe militar del ‘36 y la
dictadura, la democracia española
adolecerá de “escasa calidad, como
estamos viendo en el sistema democrático
actual que contiene elementos
heredados del régimen anterior
que obstaculizan el pleno desarrollo
de la democracia en nuestro país”.

Navarro entiende que Garzón ha podido
atender a la “gran presión internacional
para que se corrija la excepcionalidad
española en cuanto al
silencio de lo ocurrido en este país y
la enorme injusticia que se hizo con
aquellos que padecieron enormemente
en la defensa del sistema democrático
republicano”.

La mayoría de foros advierten que
hay que tomar con cautela el anuncio
del juzgado y se quejan del “circo
mediático” creado. De momento, el
juez se ha dado un mes de plazo para
establecer si existen indicios de
criminalidad para la apertura de causas
penales.

Terrorismo de Estado

Pedreño considera que no se conocen
las intenciones de Garzón: “No
sabemos si quiere hacer un simple
listado de desaparecidos, si quiere
buscarlos o si lo que pretende es
abrir una causa por delitos contra la
humanidad”. Insiste en que no hay
que “adelantar acontecimientos”.
Estima que el volumen del caso requeriría
que se creara un juzgado y
una fiscalía específicas: “Hablamos
de un caso de terrorismo de Estado
que alcanzó a cientos de miles de
personas”. Pedreño teme que “en un
par de meses se dé carpetazo al
asunto”, aunque valora que la iniciativa
ya haya conseguido denunciar
que no se ha dado respuesta alguna
a las violaciones de derechos humanos
del Franquismo.

En declaraciones a este periódica,
Amparo Salvador, del Fòrum
Per la Memòria del País Valencià,
recalcó que la denuncia fue impulsada
por diversas asociaciones y
particulares que han aportado su
documentación al juzgado. Se trata
de grupos como la Associació per la
recuperació de la Memòria Històrica
de Catalunya, el propio Fòrum del
País Valencià, la Asociación para la
recuperación de la Memoria
Histórica de Aragón o la Confederación
General de Trabajadores
(CGT). Las asociaciones han señalado
aquellos archivos a los que no
han tenido acceso. Uno de ellos es
la abadía de la Santa Cruz del Valle
de los Caídos, donde se espera que
aparezcan datos de los aproximadamente
30.000 desaparecidos durante
la construcción del mausoleo.

La providencia de Garzón se centra
en las diligencias previas para la
obtención de información. Amparo
Salvador pone en duda la efectividad
de algunas de estas peticiones:
“Puede darse el caso de que gente
que quiera colaborar no tenga muchos
datos, porque estos hayan sido
destruidos, y de entidades que tienen
datos, pero que no quieran aportarlos”.
En este segundo grupo se encuentra
la Conferencia Episcopal
que se ha declarado “incompetente”
y ha instado al juzgado a que se entienda,
una por una, con las 23.000
parroquias del Estado. Según el investigador
Francisco Espinosa, fue
la Ley de Patrimonio Documental de
1985, sacada adelante por el PSOE,
la que permitió “que fuera el archivero
quien decidiera en última instancia
si la documentación podía
consultarse o no”.

Una selva en los archivos

El presidente de la Federación de
Foros por la Memoria apunta que
Garzón debe solicitar datos a los
Ministerios de Defensa, Interior y
Justicia: “a pesar de que se destruyó
mucho durante la época de Suárez,
por orden de Martín Villa”. Pedreño
entiende que el juez también debería
dirigirse a la Fundación Francisco
Franco y pedir sus archivos a empresas
“como Dragados y otras que hoy
están en el Ibex 35”, que se beneficiaron
de la mano de obra esclava de
los llamados batallones de trabajadores
penados: “aunque eso le supondría
enfrentarse con los poderes
fácticos de este país”.

De momento, el juzgado cuenta
con los documentos aportados por
los denunciantes, obtenidos principalmente
a partir de testimonios
orales. Se calcula que desde Andalucía
se van aportar datos de más
de 22.000 víctimas, en Valencia se
han documentado 27.000 casos y
en Extremadura 9.000. En otros
puntos del Estado, sin embargo, las
investigaciones acaban de comenzar
o no hay datos. Se pretende que
el proceso consiga que los archivos
se unifiquen. Emilio Silva vaticina
que las investigaciones pueden sacar
a la luz un “número sorprendente” de casos. La impresión general
es que la cifra propuesta por
los hispanistas extranjeros de
300.000 víctimas republicanas, será
revisada al alza si la investigación
sigue su curso.

Noticia de los crímenes

Pedreño explica que tienen pensado
aportar al juez los expedientes judiciales
abiertos allí donde han exhumado
fosas: “Para que vea lo que han
contestado los distintos jueces, que
se han eximido y se han lavado las
manos. Por si hay que expedientar a
alguno de ellos”. Los movimientos
subrayan que los gobiernos democráticos
se han desentendido de las
localizaciones y exhumaciones y que
éstas se han llevado a cabo gracias al
voluntariado. Asimismo, consideran
que será difícil documentar los secuestros,
violaciones, torturas, expropiaciones
forzosas y las desapariciones
llevadas a cabo en la retaguardia
franquista y durante la posguerra.
Salvador recuerda que es necesario
considerar víctimas a “la gente
que contrajo enfermedades por el
hambre, porque se llevaron a un familiar,
porque le robaron su casa y
no se la devolvieron... Son víctimas
todas las personas que murieron como
consecuencia de las miserables
condiciones de vida que el Franquismo
les impuso y que luego fueron
tirados a fosas comunes como
perros. ¿No es víctima una persona
que muere de hambre cuando tiene
11 o 12 años, 80 o 40? ¿O quienes
murieron por no recibir asistencia
sanitaria de enfermedades que eran
perfectamente curables?”.
Los movimientos esperan que sea
un paso más para que se anulen las
sentencias dictadas por los tribunales
franquistas y se conozcan los
nombres y el alcance de la represión,
con el fin de emitir un mensaje para
el futuro. En opinión de Salvador, el
precio del exterminio no puede ser
que los responsables fueran promocionados
o premiados: “Si la ley persigue
a los que matan, a los que violan,
a los que torturan, a los que trafican
con niños, a los que secuestran,
que persigan a estos, porque cometieron
esos delitos”.

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