Podría ser aprobada este viernes
La ley Wert, tocada pero no hundida

El Gobierno adujo el viernes pasado “observaciones sin resolver” para no sacar adelante la polémica ley educativa. Wert ha confirmado que mañana se deliberará sobre la ley en el Consejo de Ministros.

, Redacción
14/05/13 · 15:16

José Ignacio Wert, que sigue estableciendo récords como el ministro peor valorado de la historia (1,76 sobre 10 en la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas), no calculaba cuando presentó su propuesta de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), a principios de 2012, que iba a encontrar tantos escollos para sacarla adelante. El anteproyecto iba a ser sometido a deliberación en el Consejo de Ministros del viernes 10 de mayo, donde todo parecía indicar que se le daría la definitiva luz verde más de un año después de ponerla sobre la mesa. La reforma, según ha confirmado el ministro, está en el orden del día del Consejo de Ministros del viernes 17 de mayo y podría ser refrendada para ser enviada a continuación a las Cortes para ser debatida y aprobada.
A la oposición de las cinco autonomías que no gobierna el PP, y que suman el 45% de la población, hay que sumarle la moción que el Parlamento navarro aprobó reprobando el texto
“Para nosotros ha sido un triunfo sobre una cuestión importante, desde el Ministerio se ha negado que existiera la menor oposición a la ley el día anterior a una convocatoria de huelga secundada en todo el Estado español y por toda la comunidad educativa”, explica Cecilia Salazar, de Ciudadanos por la Educación Pública, un colectivo que sin formar parte directamente de la comunidad educativa defiende la enseñanza pública y participó en la convocatoria del día 9 de mayo. “El ministro estaba diciendo que era la ley más consensuada de la historia, lo que es algo grotesco”, señala Salazar.
Oficialmente el retraso fue debido a “observaciones” hechas por el Ministerio de Hacienda sobre la memoria económica de la ley, pero la vicepresidenta del Gobierno no especificó en qué consisten esos reparos.

“Si no hubiera habido huelga, no habría aplazamiento –explica Enrique Díez, coordinador federal del área de educación de Izquierda Unida–. Viendo el clamor no sólo en la comunidad educativa sino en la sociedad en general, parece claro que hay una relación directa”. Enrique Díez cree que la sociedad tiene que seguir luchando para tumbar definitivamente la reforma porque “no es que nos devuelva al Franquismo, es que vuelve al modelo medieval, donde pocos acceden a la formación de élite y el resto recibe una formación precaria”.

Para Rafael Valentín, secretario de CGT Enseñanza en Madrid, el aplazamiento ha puesto de manifiesto que “no se pueden permitir hacer en todo momento todo tan drástico, pero tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo, ellos han dejado claro que es un retraso, por lo que esto caerá, están empeñados en dejar su impronta con una ley educativa del PP, así que cualquier china que pongamos en su zapato es válida”.

A la gran movilización de la comunidad educativa, que ha realizado a lo largo del curso escolar varias huelgas sectoriales y una gran huelga conjunta el pasado 9 de mayo, se le han sumado rechazos institucionales. A la oposición de las cinco autonomías que no gobierna el PP, y que suman el 45% de la población, hay que sumarle la moción que el Parlamento navarro aprobó reprobando el texto. Además, el pasado 24 de abril el Consejo de Estado hizo público un dictamen desfavorable y crítico con algunos de los aspectos de la ley. El consejo, que está formado en su mayor parte por excargos del Partido Popular, no tiene capacidad vinculante, pero su peso institucional ha podido ser también importante para el aplazamiento. “Es la primera vez, como está pasando ahora con la ley del aborto, que desde dentro han dicho ‘parad el carro que no nos salen las cuentas’”, explica Enrique Díez.

En el dictamen del Consejo de Estado se ponía en duda el reparto de competencias curriculares entre Gobierno y comunidades a la hora de confeccionar los contenidos escolares o que se deba ofrecer en la escuela catalana clases con el castellano como lengua vehicular a quienes lo pidan, si es necesario pagando un colegio privado. También alertaba sobre la falta de consistencia de la memoria económica de la ley. De hecho, los propios ejecutivos autónomos de las comunidades gobernadas por el PP se han quejado de lo mismo, ahogadas como están por los objetivos de reducción del déficit. Incluso el consejero de Educación de Galicia, Jesús Vázquez, ha celebrado el “rigor” del Gobierno al aplazar la reforma. Aun así, el dictamen no cuestionó puntos cruciales como el adelanto de la elección de vías distintas en la ESO, el nuevo diseño de la FP o la recuperación de las reválidas, aunque solicita que esos exámenes externos queden en manos de “funcionarios públicos y en ningún caso de profesores contratados o empresas privadas”, como contempla la ley.

El pasado enero se produjo el primer desencuentro institucional a cuenta de la financiación prevista en el anteproyecto de ley. El ministro se reunió con los consejeros autonómicos de educación y les presentó la memoria económica de la ley, donde los costes para financiarla se multiplicaron por cinco con respecto al primer borrador elaborado por el ministerio. El coste el primer año sería de 23 millones de euros, 130 millones el segundo año y 255 millones en el tercero. En total 408 millones de euros más de inversión en tres años, algo que contradice las propias previsiones que el Gobierno envió a Bruselas, donde preveía reducir hasta 2015 el peso de la inversión pública en educación del 4,9% al 3,9% del PIB, lo que equivaldría a unos 10.000 millones de euros.

La posición del ministro Wert ya no es cómoda. “Es un tertuliano que no legisla ni plantea nada con sentido común, lo que plantea son ocurrencias, un paso adelante, otro para atrás, y continuamente bailando. Legisla en contra de la evidencia científica que hay en el campo pedagógico”, le acusa Díez.

No obstante, pese a la delicada situación política del ministro, ni se ha retirado la ley ni han cesado los recortes en las autonomías. Pero sí “se ha abierto una especie de pequeña franja en la cual nuestras protestas han tenido algún efecto, para todos los que estamos involucrados ha supuesto una gran dosis de energía, por lo que me imagino que vamos a continuar las movilizaciones ya no sólo pidiendo la retirada de la ley, sino la dimisión del ministro y el cese de los recortes”, argumenta Salazar.

“Lo deseable sería continuar con movilizaciones in crescendo, lo que estamos viendo en el resto de sectores y luchas , ¿de qué manera se crece en las movilizaciones? Hay que problematizar el conflicto, tiene que ser un problema para la Consejería de Educación, tiene que darse una vuelta de tuerca más y se la tienen que creer los propios docentes y los sindicatos mayoritarios que tendrían que llamar a esto, CC OO y UGT insisten en la idea de que no es el momento, pero es que eso lo llevamos oyendo desde los años ‘70, y la calle en los dos últimos años le está diciendo otra cosa”, sentencia Valentín.

Cambian la bolsa de interinos el día de la huelga

Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, y Lucía Figar, su consejera de Educación, no quisieron dejar saborear al movimiento en defensa de la educación pública ni siquiera su gran día de huelga unitaria. Aprovechando la jornada decidieron cambiar el sistema de acceso a la bolsa de trabajo de los docentes interinos. Hasta ahora dichas listas se confeccionaban dando un mayor peso a la experiencia docente (46,8%) en detrimento de la nota (36,1%) y otros méritos (16,1%). Ahora será la oposición lo que más cuente (80% de puntuación máxima), además de la experiencia docente (15%) y otros méritos (5%). En los últimos tres años, 6.000 profesores interinos han perdido su trabajo en la región y se espera que al menos otros 3.000 lo hagan con el nuevo baremo. Los interinos están convocados a cinco jornadas de huelga, los días 14, 16, 21, 22 y 23 de mayo.

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