La Universidad de La Laguna (ULL)
vivió el 9 de mayo uno de sus mayores
paros. Profesorado, Personal de
Administración y Servicios (PAS),
alumnado y el propio Rectorado se
unieron para presionar al Gobierno
regional de Coalición Canaria (CC).
La huelga logró paralizar la actividad
de las facultades. Según los organizadores
fue secundada por más
del 90% de la comunidad universitaria
y apoyada por más de 500 personas,
en una concentración frente a la
Consejería de Educación en Santa
Cruz de Tenerife.

Según Vicente Hernández, portavoz
del comité de huelga, “la ULL ha
sufrido acoso político y económico
por parte del Gobierno autonómico”.
El principal problema se sitúa
en la falta de acuerdo sobre el contrato-
programa, el sistema por el que
las universidades canarias reciben
financiación del Gobierno regional
como garantía de autonomía. “En
2004 se paralizó porque según
Ruano, ex consejero de Educación,
había un conflicto universitario; este
conflicto era la no aceptación por
parte del profesorado del sistema de
complementos retributivos”, relata
Hernández. Para la Consejería, el
principal problema es el déficit de
4,8 millones de euros que arrastra el
centro académico.

Las consecuencias son el estado
de abandono de algunos de sus edificios
y facultades como Educación,
Biología, Bellas Artes (ubicada desde
hace 28 años en un edificio provisional,
lo que provocó una huelga de
un mes en 2002), o el propio Paraninfo.
A ello se añade la no adaptación
del sistema de retribución del
profesorado desde la LRU a la LOU,
la imposibilidad de contratar docentes
sustitutos, la no publicación de la
relación de puestos de trabajo que
afecta al PAS o la falta de presupuestos
para realizar actividades de investigación.
Esta situación ha provocado
un enfrentamiento, al menos
dialéctico, entre los dos rectores canarios.

La Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, dirigida
por Manuel Lobo (próximo candidato
de CC por Las Palmas), sí ha firmado
los contrato-programa con el
Gobierno y ha logrado la adaptación
del sistema de retribución del profesorado
a la nueva ley universitaria.
Tras la jornada de huelga se ha
formado una asamblea de estudiantes
que, junto a los problemas específicos
de la ULL, tratará de difundir
los cambios que le esperan con el
Plan de Bolonia. Al cierre de esta edición,
la Consejería parecía ceder ante
algunas de las reivindicaciones,
por ejemplo, el desembolso de 25 millones
de euros para el nuevo edificio
de Bellas Artes, que dejaría de
ser la ‘chabola académica’.