“Tenemos un problema muy grande de control de la ciudadanía sobre el poder, las ideas y la información”, reflexiona Ramón Zallo, profesor de Comunicación de la Universidad del País Vasco. Con una televisión pública cada vez más controlada por el Gobierno –que mediante Real De­creto se ha facilitado el nombramiento del consejo directivo de RTVE–, las autonómicas en forzada caída libre y empujadas a la privatización, y un 55% de la audiencia y el 90% de la publicidad repartida entre dos grupos privados –Grupo Antena 3 y Mediaset–, aumentar la pluralidad televisiva con medios audiovisuales comunitarios parece más necesario que nunca, pero no es tarea fácil.

Hace ya casi dos años que se publicó la Ley General de la Comu­nicación Audiovisual (LGCA) y el borrador de plan técnico que posibilita los concursos –cuyas condiciones corresponden a las comunidades autónomas– y, por ende, la concesión de licencias, no contempla a las radios y televisiones comunitarias. “El artículo 32 de la LGCA –correspondiente a medios comunitarios– es nefasto, pero podría ser menos nefasto si realmente se hubieran asignado alguna clase de frecuencias, cosa que no han hecho, con lo cual no pueden presentarse a eventuales concursos y quedan en tierra de nadie”, apunta Zallo.

Enrique Bustamante, catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Com­plutense de Madrid, señala, además, cómo los sucesivos gobiernos han ido adjudicando –en buena parte de los casos a dedo– todos los canales, y cómo, gracias a la LGCA, la concesiones han visto elevada su duración de 10 a 15 años, siendo renovables de forma prácticamente automática. “El problema es que a partir de ahí no queda espacio para ningún canal”, indica, y añade, “nadie podrá competir con los grupos instalados durante los próximos 40 años”.

La LGCA, conocida como Ley Uteca debido a la presión que en su génesis ejerció la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas, donde se encuentran las principales cadenas privadas, reconoció en 2010 a los medios comunitarios, aunque se tratara de un reconocimiento marginal en el marco de una ley que liberaliza el sector con un modelo de comercialización y concentración empresarial. En su artículo 32, establece la obligación de reservar espacio radioeléctrico –un recurso natural, patrimonio de la Humanidad, de carácter limitado y de cuya gestión se encarga el Estado– para los medios sin ánimo de lucro, aunque sin especificar en qué condiciones de cobertura. Por otro lado, se prohíbe cualquier clase de publicidad o patrocinio y se limita el presupuesto.

Condenadas a la precariedad

¿Cómo se obtiene una licencia para una televisión comunitaria? “Es imposible: la ley reconoce un derecho, pero luego no se desarrolla, con lo cual es imposible presentarse a ningún concurso porque no hay concursos”, contesta Laura Berges, profesora de la facultad de Comunicación de la Universitat Autònoma de Bar­celona y miembro de la televisión comunitaria Okupem Les Ones, que emite sin licencia en Barcelona desde 2005. Este escenario, explica, nada tiene de nuevo: las leyes desarrolladas por los sucesivos gobiernos desde 1979, año en que surgen los medios comunitarios en el Estado español, o han obviado o no han desarrollado los planes técnicos necesarios para concursos en los que obtener licencia, por lo que sólo las televisiones que ya operaban antes de 1995 (caso de TeleK en Madrid o Cardedeu en Catalunya) disponen de licencia reconocidas por la Ley de la televisión local por ondas terrestres primero, por la Ley de la sociedad de la información después, y no sin una lucha legal detrás.

Paco Pérez, director de TeleK, explica por su parte que “el plan técnico nacional –aún en borrador– no contempla reserva de espacio radioeléctrico para los medios comunitarios, por lo que hemos presentado las correspondientes alegaciones”. Berges añade que los borradores que han circulado ponen límites a la potencia, por lo que no permiten cubrir una ciudad o pasar de determinado número de habitantes: “Imponen un modelo de tele comunitaria pequeña, para dejarla como marginal”.

Esta precariedad también incluye lo económico, pues el artículo 32 establece un límite en los presupuestos: un máximo de cien mil euros anuales en el caso de las televisiones y de 50.000 euros para las radios. Una vez adquiridos los equipos básicos –comprar o alquilar un antena para emitir, cámaras, etc.–, estos medios se verían, de obtener licencia y concesión de espacio, obligados al trabajo no asalariado. “Hay necesidad de instalaciones, de personal, de gastos de emisión... con lo que se llega muy fácilmente a los 100.000 euros” señala Berges, para quien “estas limitaciones vienen claramente de las privadas, para impedir que las comunitarias se conviertan en algo que les pueda hacer competencia”.

Tomar la tele convencional

“Estamos abocados a un condiciones muy difíciles si lo que queremos es competir”, coincide con Berges Pablo Iglesias, presentador de La Tuerka, programa de debate en TeleK. Según el Barómetro del CIS, un 69,1% de la población escucha las noticias en radio o televisión todos los días, y un 60,7% nunca usa internet para informarse de política o sociedad. Por ello, parecen no ser suficientes proyectos de televisión en internet como Toma La Tele. “En la lucha política hay que estar en todas partes”, señala Iglesias, “los medios de comunicación son armas y necesitamos hacer que funcionen mejor, que cada vez sean más efectivos y que abran más espacios políticos”. El mismo equipo de La Tuerka lanza este mes en His­pan TV, canal privado, Fort Apache, un programa de análisis de política internacional, que inaugurará la temporada con sendos programas sobre América Latina y sobre ETA, siguiendo la filosofía de La Tuer­ka, pero con más medios. “Estamos muy ilusionados porque en este caso podemos trabajar de manera profesional y eso va a reforzar al equipo y ambos programas serán de mejor calidad este año”, asegura Iglesias.