“La falta de garantías provoca la autocensura”

La sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual ya emite requerimentos. Entrevistamos a Carlos Sanchez Almeida, abogado en el caso Cinetube.

, Redacción
18/07/12 · 0:00
Carlos Sánchez Almeida, en su despacho de Barcelona / Ramón Fornell

DIAGONAL: ¿Cómo es
posible que una web que no es parte de un expediente/procedimiento
abierto pueda recibir una orden para retirar un contenido y no pueda
presentar alegaciones?

CARLOS SÁNCHEZ ALMEIDA:
El procedimiento establecido se diseñó con la idea declarada de
perseguir los sitios web de enlaces, cuya actividad había sido
declarada no delictiva reiteradamente por los jueces. Pero el reglamento
aprobado mediante Real Decreto 1889/2011 por el actual gobierno dio un
nuevo giro de tuerca, al objeto de dirigir formalmente el proceso contra
los sitios que almacenan los contenidos –habitualmente en el
extranjero– y considerar a las páginas de enlaces como simples
intermedia- rios obligados a obedecer la retirada de enlaces a los
contenidos.

D:¿Cuál es el motivo para haber diseñado el proceso así? ¿A quién beneficia y por qué se hace?

C.S.A.: El principal
motivo es conseguir la autocensura, y que ante la falta de garantías
del proceso, los webmasters opten voluntariamente por suspender su
actividad. El proceso se diseña para minimizar las posibilidades de
defensa, hasta el punto que el juez de lo contencioso-administrativo no
podrá analizar si una actividad es o no infractora de derechos de
propiedad intelectual, dado que su función es exclusivamente autorizar
la ejecución forzosa de la resolución de la Sección Segunda.

D.: ¿Qué significa para
un webmaster de un portal donde los usuarios intercambian enlaces tener
que revisar enlace por enlace de forma permanente para que no se “cuele”
un enlace a un contenido ya protegido por la comisión?

C.S.A.: En la práctica,
la extinción de su actividad. Es imposible fiscalizar permanentemente
la actividad de los usuarios de la red social, y la imposición de tal
obligación contraviene la normativa europea. La directiva de comercio
electrónico es- tablece que no se puede imponer a los prestadores de
servicios de internet una obligación general de supervisión de datos
que almacenen.

Ningún sitio de internet puede revisar
permanentemente la actividad de sus usuarios sin incurrir en la autocensura

D.: Al saltarse el principio de defensa legal y tutela judicial efectiva, ¿Es recurrible el procedimiento?

C.S.: Lo es, pero al final
del procedimiento concreto. También se ha impugnado el reglamento ante
el Tribunal Supremo, por parte de la Red de Empresas de Internet. En
cualquier caso, el principal problema será la autocensura: todo está
diseñado para que no se llegue al juzgado, para que los webmasters
cesen en su actividad por miedo.

D.: ¿Por qué es una amenaza para la libertad de expresión esta forma de proceder de la comisión?

C.S.: Porque ningún sitio
de internet puede revisar permanentemente la actividad de los usuarios
sin incurrir en la autocensura. Cual- quier sitio que aloje datos a
petición de sus usuarios, o que apunte con enlaces a otro sitio de
internet, puede ser objeto de demanda. Se utiliza la propiedad
intelectual como mordaza, para callar la boca a sitios incómodos para
el poder político y económico.

#WERTDEENLACES, PARALIZADA

En cuanto la Ley Sinde entró en vigor,
Eme Navarro presentó 210 denuncias a la Sección Segunda de la
Comisión de Propiedad Intelectual. El autor se prestó a una iniciativa
de Hacktivistas que tenía como
objetivo “hackear” a la Comisión: primero promovió que sus canciones
fueran enlazadas, luego denunció estas webs (muchas de colectivos
sociales y políticos) para poner a prueba el mecanismo censor. Según
cuenta, el motivo del rechazo de su demanda fue que no acreditó “con
pruebas admisibles” la vulneración de su obra. Sin embargo, Navarro
adjuntó en su denuncia los enlaces a sus canciones en estas 210 webs.

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