No todo el mundo cree que las disciplinas
artísticas y humanísticas
sean igual de importantes que las
técnicas, y desde los ámbitos de poder
esto parece una concepción
más que consolidada, sobre todo
cuando el discurso de la productividad
y la eficiencia a machamartillo
va calando a golpe de prima de riesgo.

El departamento de Enseñanza
de Catalunya, con la segadora a pleno
rendimiento desde hace un año
y pico, ha arremetido también contra
las escuelas municipales de música
y danza. Las subvenciones que
hasta el año pasado la Generalitat
concedía con este concepto a los
municipios se han ido recortando,
y la respuesta, después de un año
de indeterminación, ha sido la
creación, por parte del profesorado,
de la plataforma Salvemos la
Enseñanza Pública de la Música y
la Danza.

Los motivos para la protesta se
han ido acumulando. En julio de
2011 se anunció un primer recorte
por el que la administración autonómica
pasaba de sufragar 600 euros
por alumno a 460. En el caso de
la danza se pasaba de 400 a 230 euros
por alumno.El convenio que firmaron
en 2008 la Generalitat y las
dos federaciones catalanas de municipios
quedaba así en agua de borrajas.

Por prudencia, el profesorado
de estas escuelas no reaccionó
entonces, temiendo la incomprensión
de una ciudadanía que asistía
desconcertada a recortes en la sanidad
y en la educación reglada y que
quizá juzgaría exagerada su protesta
particular, “con la que estaba cayendo”.

Casi un año más tarde, en
mayo de 2012, el Departamento de
Enseñanza, que hasta la fecha no
había recibido respuesta por parte
de este colectivo, anunció que reducirá
a la mitad la subvención por
alumno. A ello se añadía que no había
pagado las subvenciones del
curso anterior, por lo que las escuelas
que han cobrado lo han hecho
con importantes retrasos.

En este punto, en junio de 2012 y
tras este segundo recorte, las profesoras
y profesores de música y danza
de estas escuelas consideran que
ha llegado el momento de actuar.

Los recortes hasta el momento han
supuesto una reducción de los salarios
y una mayor carga lectiva para
el profesorado, además de un aumento
de los precios para las familias,
que tienen que asumir una
diferencia en los costes que los municipios
tampoco pueden asumir.

Pero lo que les empuja a salir a la
calle y empezar con las movilizaciones
es sobre todo el miedo
a que, tras estas dos importantes
reducciones presupuestarias, la
Generalitat se acabe desentendiendo
totalmente de estas escuelas
de propiedad municipal y tengan
que ser los ayuntamientos los
que carguen con todo el peso
de la financiación, cuando están
más endeudados, si cabe, que la
administración autonómica. Por si
fuera poco, la plataforma denuncia
que en pleno agosto el Departamento
puso a disposición pública
un proyecto de Decreto que flexibilizará
los requisitos para ser profesor
de música y danza y condicionará
los programas formativos.

De junio a esta fecha, con vacaciones
y decretazo de por medio,
las acciones han sido dos: una concentración
en la Plaza Sant Jaume
y una entrega de 6.000 firmas a la
consejera de Enseñanza, con las
que pidieron una reunión con la
responsable del Departamento.

El reto de la plataforma, ahora,
es conseguir implicar a las familias
de los alumnos y, quizá, llegar a
acuerdos con otras plataformas como
SOS Escoles Bressol, en defensa
de las guarderías, con las que las
escuelas de música y danza tienen
varios puntos en común (la gestión
municipal, por ejemplo). Otro paso,
quizá más complicado, sería conseguir
apoyos, o, al menos, buen
entendimiento con las dos federaciones
de municipios catalanas, en
la órbita de los dos partidos mayoritarios
en Catalunya (CiU y PSC),
con las que han pedido reuniones.
Para todo ello es necesario que la
ciudadanía entienda que a pesar de
impartir educación no obligatoria y
no reglada, las escuelas de música
y danza son parte esencial del tejido
educativo catalán.

Madrid triplica el precio

Por Redacción

El Ayuntamiento va a
retirar las subvenciones
a Música Creativa
y Soto Mesa, las empresas
que gestionan
las 13 escuelas públicas
(12 de música y
una de danza) existentes
en la capital,
por considerar que
prestan un servicio
“no esencial”. Los
usuarios abonaban
sólo un 33% del coste
real del servicio, 50
euros. Con el plan de
recortes extraordinario
aprobado por el
Consistorio, estas
ayudas desaparecen.
El Ayuntamiento
anunció, además, que
los asistentes estarán
obligados a pagar el
100% de las clases,
unos 150 euros.