No ha escuchado el Gobierno
a quienes defendemos
la prioridad de
la escuela pública: pese
a las promesas electorales del
PSOE, en el proyecto de ley siguen
figurando concesiones a la
derecha educativa que no evitarán
el otoño caliente que el PP y
los obispos -cada vez más insaciables-
preparan. Es un viejo truco:
se presentan como víctimas y
mártires pero en realidad este
proyecto de ley les garantiza que
los centros privados concertados
recibirán los mismos recursos que
No ha escuchado el Gobierno
a quienes defendemos
la prioridad de
la escuela pública: pese
a las promesas electorales del
PSOE, en el proyecto de ley siguen
figurando concesiones a la
derecha educativa que no evitarán
el otoño caliente que el PP y
los obispos -cada vez más insaciables-
preparan. Es un viejo truco:
se presentan como víctimas y
mártires pero en realidad este
proyecto de ley les garantiza que
los centros privados concertados
recibirán los mismos recursos que
los públicos, mientras la patronal
de estos centros podrá seguir actuando
como cualquier patrón
que defiende su negocio; facultar
a las comunidades autónomas para
que subvencionen con conciertos
educativos la etapa de tres a
seis años es una curiosa manera
para el PSOE de asegurar el ‘servicio
público de educación’. Más
bien se trata de privatizar un tramo
educativo no obligatorio, en
vez de crear las plazas públicas necesarias
que garanticen unas condiciones
de escolarización dignas.
Pero queremos referirnos ahora
a algo menos conocido: las alusiones
a la construcción europea
que aparecen en el Proyecto de la
LOE se enmarcan dentro de las
políticas educativas neoliberales
que la Comisión Europea está recomendando
a los gobiernos del
continente. Uno de los tres objetivos
que se incluyen en el texto del
proyecto de la LOE es el de poner
la educación al servicio de “la economía
basada en el conocimiento,
más competitiva y dinámica, capaz
de lograr un crecimiento económico
sostenido(...)”. Al lado de
objetivos loables, al menos sobre
el papel, se desliza en el proyecto
de ley una concepción neoliberal
de la educación, que considera este
derecho humano como un mero
instrumento para que las empresas
europeas logren una posición
económica relevante frente a
sus competidoras de ultramar.
Muchas son las voces que en todo
el mundo se oponen a las políticas
de privatización de la educación
y de mercantilización de la
enseñanza. Evitar que ésta se convierta
por ley en una mercancía
debe ser una prioridad para quienes
defendemos unos servicios
públicos de calidad y universales.
De no lograrlo, las consecuencias,
como estamos viendo estos días,
pueden ser catastróficas.
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