GUERRA Y DINERO // LAS INCAUTACIONES ALCANZAN MILLONES DE EUROS
Incautados por Franco piden la devolución de su dinero

Más de mil familias forman
parte de la Asociación de
Perjudicados por la Incautación
del Gobierno Franquista
(APIGF). Reclaman
los bienes embargados
por el régimen.

18/07/07 · 17:39
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De cada comprobante se podría
escribir una novela. El 17 de septiembre
de 1938, el Gobierno provisional
de Franco editaba una orden
en el Boletín Oficial del Estado
donde se prohibía “tener papel
moneda puesto en curso por
el enemigo”. El dinero republicano
debía ingresarse en el Banco
de España, donde a cambio se obtendría
un comprobante, con sello
y número, que serviría más tarde
para obtener la misma cantidad
en moneda franquista. Hasta
la fecha, más de ocho millones y
medio de pesetas de la época jamás
llegaron a ser devueltas.

Traducido a euros, una peseta
de 1939 equivaldría a más de 1,5
euros. El total serían más de 14
millones de euros. Y las familias
de los incautados piden la restitución
de su patrimonio. Detrás de
cada comprobante se encuentra
con frecuencia una historia de
quiebra familiar, dinero requisado
o pequeñas fortunas desaparecidas.
Fueron miles las personas
que no pudieron canjear el recibo.
La causa: los requisitos para devolver
el dinero. Con un lenguaje
funcionarial, el decreto franquista
advertía que el canje sería en función
“del espíritu diligente” del solicitante.
Además, su trayectoria
política debería estar avalada, lo
que suponía un eficaz sistema disuasorio
para los reclamantes del
bando derrotado.

En la actualidad, algo más de
mil familias de la APIGF conservan
aún el papel amarillento de
los recibos. Durante décadas,
conservarlo podía suponer más
un motivo de riesgo político que
de seguro económico. No obstante,
su valor no ha prescrito. El documento
es válido, y cerca de un
millar de personas que componen
la asociación reclaman al
Gobierno que se devuelva el dinero
requisado.

El expolio y las sentencias

En comparación con otros casos,
incluso se puede decir que algunos
miembros de la APIGF han tenido
suerte. Poseen un documento
que da cuenta de su propiedad.
No es lo usual. Durante los primeros
años de guerra, miles de bienes
y propiedades de represaliados
pasaron a manos del bando franquista
directamente por orden judicial.
Alberto Lorente, quien ha
estudiado el caso de la represión
en el Valle del Tiétar, señala un
ejemplo en Casillas, un pequeño
pueblo de Ávila de apenas 800 habitantes,
donde se elaboraron 210
expedientes en los que había que
señalar el pasado político y bienes
del individuo. “Ese documento tenía
que ser avalado por dos personas
del orden. Tenían que decir si
tenía propiedades, dónde estaban,
especificarlas, y el párrafo daba
un informe sobre su actitud religiosa”,
señala Lorente. “Y esto
ocurre en todos los pueblos”.
Según los colectivos de la memoria,
uno de los motivos por los que
no se anulan las sentencias se relaciona
directamente con este expolio.

Emilio Silva, presidente de
la ARMH, señala que la Administración
teme el “revoltijo patrimonial”
que supondría anular los juicios.
No obstante, este temor contrasta
con la recuperación por
parte de los grandes partidos y
sindicatos de su patrimonio incautado.
E incluso desde la ARMH se
apunta que el interés de los partidos
por su patrimonio pueda estar
contribuyendo también a ralentizar
el trámite de la Ley de la
Memoria. Mientras, entre la
APIGF miran con recelo una ley
que consideran ya “bastante descafeinada”
y en la que no se dice
nada de su situación. De momento,
deberán seguir esperando.

La guerra vivida en los pueblos

Alberto Lorente lleva años
estudiando la historia oral
sobre la Guerra Civil y la
represión en varios pueblos
de Ávila. Recientemente
escribió sobre Casillas,
enclavado a mil metros de
altura y aislado históricamente,
«que quizás se
enterase de la guerra tres o
cuatro días más tarde»,
comenta. Para Lorente, «en
Casillas se empieza a aplicar
lo que se va a empezar
a hacer en otros pueblos»,
con la llegada de escuadrones
de la muerte ajenos a
los vecinos. En Casillas fueron
nueve los fusilados. Una
cifra baja en comparación
con otras localidades cercanas
como Piedralaves,
donde por motivos religiosos
se quemó a 20 personas.
En este tiempo, Lorente
ha descubierto «cómo
empiezas a entender el por
qué de la brutalidad, ves
una estrategia de aniquilación
planificada». «En cuanto
a la perpetuación de ese
orden: claro que sigue. Lo
hicieron para eso».

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