“Hoy se recoge lo sembrado por miles de personas“

Ferrándiz, quien desde 2003 investiga las políticas de la memoria en relación a la Guerra Civil centrandose en el proceso de exhumación de las fosas comunes, destaca la labor realizada por miles de personas con esfuerzos clandestinos y silenciados.

13/11/08 · 0:00

Texto de Elizabeth Lorenzi

DIAGONAL: ¿Cuándo empezaron
las exhumaciones?

FRANCISCO FERRÁNDIZ: Desde
la misma Guerra Civil y sobre todo
después de la muerte de Franco hubo
muchos esfuerzos para localizar
los restos o rescatar su memoria, fundamentalmente
de familiares de los
represaliados. Pero en el año 2000
arranca el ciclo de las fosas mediáticas,
con la exhumación de la Fosa de
Priaranza del Bierzo o las siguientes
que abrió la Asociación de Recuperación
de la Memoria Histórica
(ARMH) y otras asociaciones. Éstas
son las primeras que saltan a la cara
de la sociedad española, al crear un
nuevo espacio de debate y aportar
información técnica y contexto histórico,
social y cultural a la represión.
A partir de ahí se reorganiza un movimiento
social que ya existía, pero
que cobra mayor pujanza. Estas exhumaciones
tienen tres características
principales que las separan de
las anteriores: se están haciendo de
forma sistemática con técnicos y especialistas,
tienen impacto mediático
y se han colocado en el eje de los debates
en torno a la Guerra Civil y a la
represión franquista.

D.: O sea, que antes ya existía un trabajo
de recuperación de la memoria...

F.F.: Sí, lo que se recoge ahora es lo
que han sembrado miles de personas
con sus esfuerzos clandestinos,
silenciados, locales… Además del esfuerzo
asociativo hay y hubo multitud
de aportaciones importantes: en
la historiografía, el activismo político,
las iniciativas de los familiares,
las artes, el exilio… Hoy en día hay
una industria cultural donde libros,
películas, teatro, danza, música se
refieren y reciclan la memoria de los
derrotados de la Guerra Civil. Es un
espacio de debate muy importante
en la sociedad española. Para los que
los hemos seguido su evolución en
los últimos años, los medios de
comunicación han tenido una importancia
capital.

D.: ¿Hasta dónde llega el impacto de
los medios de comunicación?

F.F.: La presencia de los medios es
crucial e inevitable. La ventaja es que
la memoria se ha convertido en un
tema de debate nacional que ha llegado
al Parlamento, forzando a los
políticos a crear legislación y obligando
a los jueces a tomar decisiones
importantes, pero impone dinámicas
de espectacularización y
banalización que perjudica un debate
sereno y profundo. Además, el
proceso de producción, circulación y
consumo de memoria tiene lugar en
una sociedad de la información bulímica,
donde los picos de atención y
los valles de desinterés pueden sucederse
con rapidez. Al principio las
imágenes de fosas tuvieron mucho
impacto, eran las primeras que saltaban
a la sociedad nacional con mucha
crudeza. Pero también hemos
visto que la sobreproducción de información
e imágenes ha generado
saturación de la empatía con las víctimas.
Ahora estábamos en una fase
de valle y de repente la iniciativa de
denunciar las desapariciones ante
Garzón y las consecuencias de su auto
han producido un repunte.

D.: ¿Hay herramientas para contrarrestar
esta bulimia mediática?

F.F.: La mayoría de las exhumaciones
las hicieron familiares sin apoyo
sistemático de las administraciones.
Los medios de comunicación lo que
hicieron fue proyectar el trabajo de
muchas personas a nivel nacional.
La Ley de la Memoria es en cierta
manera resultado de la presión de
los movimientos sociales hacia el
Estado. Los medios tienen su papel,
pero esto no es lo más importante
del proceso. Internet es fundamental
por la posibilidad de crear circuitos
de información alternativos a las corporaciones
mediáticas, donde se recicla
continuamente información
gestionada por personas y colectivos
que normalmente no pueden transmitir
directamente su punto de vista
en los medios.

D.: ¿Por qué estudia la memoria desde
las exhumaciones?

F.F.: Para ser más preciso, el proceso
de las memorias se puede abordar
desde el punto de vista de historiadores,
de antropólogos, psicólogos, arqueólogos,
forenses o periodistas de
investigación. A partir de ahí, se puede
incidir en distintos puntos o momentos:
los museos, homenajes, en
el Parlamento, en los cines, siguiendo
las producciones artísticas. Yo
elegí las exhumaciones porque son
espacios de una experiencia muy intensa
para los familiares y donde no
hay establecidas pautas simbólicas
ni de interacción claras para gestionar
las emociones, los sentimientos,
las relaciones sociales, los aspectos
políticos. Cuando hay un fallecimiento
en la familia se pone en marcha
un protocolo, pero en torno a las exhumaciones
no está tan claro cómo
proceder. Se han ido generando poco
a poco y muchos de ellos son
espontáneos e improvisados, utilizando
fragmentos de los repertorios
sociales, políticos y simbólicos disponibles.
La memoria se transforma en
el contexto en el que emerge.

D.: ¿Esto es lo que puede aportar la
antropología social y cultural a este
proceso?

F.F.: La mayoría de los equipos que
han trabajado en exhumaciones son
de tipo interdisciplinar. Los antropólogos
sociales trabajamos sobre el
terreno, especializados en el testimonio
oral y la acción social y simbólica.
Analizamos los discursos que sobre
la memoria producen distintos
actores sociales. A mí me interesa,
por ejemplo, lo que dicen los activistas
sociales, cuyo discurso va evolucionando
a medida en que se amplía
el debate nacional y que se van conociendo
los procesos emergentes en
otros países. Me interesan también
los testimonios de los familiares, que
son de distinta naturaleza: hay gente
que ha hablado sin muchas cortapisas,
aunque sea en entornos familiares,
y hay gente que no había hablado
jamás de estos hechos. Nosotros
analizamos cómo estos discursos se
influyen y alimentan mutuamente.
La etnografía es una metodología
que opera en contextos muy locales,
como una exhumación, y cuyo reto
es vincular lo que ahí ocurre, con procesos globales. En este caso, analizamos
las exhumaciones en el marco
de todo el esfuerzo político, simbólico,
económico que se está invirtiendo
para renegociar la memoria.

D.: La memoria es un proceso emergente,
pero ¿y el olvido?

F.F.: Igual. También hay muchos olvidos
y modalidades de olvido. Es
una forma de relación con el pasado
que evoluciona, que tiene importantes
repercusiones sociales y políticas
y del que hay que analizar su gestión
en cada contexto. Para autores como
Juliá, lo que pasó en la Transición no
fue un olvido pasivo, sino activo. Esto
es un ejemplo de que no podemos
hablar de olvido o recuerdo en abstracto.
Las miradas hacia el pasado
siempre son selectivas y polémicas.

D.: Entiendo que el uso de los términos
es muy importante...

F.F.: Si queremos entrar en un debate
profundo tenemos que cuestionarnos
los términos en los que se produce
y la forma en la que cristalizan.
Nuestra labor es proporcionar conocimiento
denso y crítico. Es nuestra
forma de estar comprometidos. Es
fundamental que esto se haga desde
organismos de investigación como el
CSIC porque creo que las instituciones
públicas tienen la obligación de
responder con agilidad ante temas
que sean de interés social con un trabajo
a fondo, ampliando y enriqueciendo
el repertorio del debate.

D.: ¿Qué supone la institucionalización
del proceso de la memoria?

F.F.: Las instituciones pueden hacer
cosas que no pueden hacer las asociaciones
(derogar y promulgar leyes,
otorgar subvenciones, centralizar
información, crear un funcionariado).
Pero polarizan las acciones
que se llevan a cabo porque son las
que deciden qué es lo financiable y
esto imanta las acciones del movimiento
asociativo y otros muchos
actores sociales. El juez Garzón ha
tenido que reaccionar. El 22 de septiembre
le entregaron en la Audiencia
Nacional más de 140.000 nombres
proporcionados por asociaciones,
una cifra inmensa que desborda
las previsiones sobre la escala
de la represión. El problema es que
alguno de estos nombres pueden estar
repetidos. Y es sensato pensar
que haya otros muchos no representados
en estas listas. Garzón pidió
que en una semana las asociaciones
le entregaran un listado único, pero
de ello debería ocuparse el Estado.

D.: Unos hablan de genocidio y otros
de que la memoria no incluye a todos
los muertos. ¿Qué nos puedes aportar
ante esta polarización?

F.F.: Hubo represión y violencia en
ambos lados, aunque muchos historiadores
señalan las asimetrías entre
una y otra, y que en el bando franquista
fue una política absolutamente
sistemática. Luego, durante el
Franquismo, desde los primeros momentos,
hubo gran cantidad de exhumaciones,
muchos actos de homenaje
y toda suerte de beneficios otorgados
a sus familias cuyas dimensiones
conviene recordar. Las víctimas
de la represión franquista no han tenido
ese trato. La mayoría de los enterrados
actualmente en fosas comunes
son gentes de izquierdas y simpatizantes,
asesinados por agentes
franquistas. Lo que se trata es de incorporar
a la memoria colectiva una
parte del sufrimiento que había quedado
bloqueada durante 40 años y
que, según muchos, ha sido pésimamente
gestionada durante la
Transición. Es crucial matizar cada
vez más el debate para sacarlo de los
lugares comunes. Emilio Silva, presidente
de ARMH, habla de la importancia
de ‘desaprender’ el Franquismo
porque su cultura e ideología
hegemónica incitó a varias generaciones
a pensar y ver el mundo de
una manera, y hoy quedan rastros.
Tenemos que buscar nuevas fórmulas.
Uno de los retos de los movimientos
sociales es resistir la tentación de
funcionar con esquemas ‘precocinados’
y construir retóricas y prácticas
que contribuyan a que este proceso
no se convierta en una ceremonia de
la confusión que provoque desilusión
y hastío, sino el fotalecimiento de la
calidad democrática.


¿Se puede llamar genocidio?

F.F.: Genocidio es una
categoría polémica
que ha evolucionado
dentro de la legislación
internacional y
depende no sólo de
consideraciones jurídicas,
sino políticas. Un
genocidio es la eliminación
sistemática de
unos determinados
grupos sociales. Es un
concepto delicado.
Para que tenga una
implicación real debe
tener repercusiones
legales y que se pueda
aplicar la legislación
internacional, la imprescriptibilidad
de los crímenes
contra la humanidad.
De ahí la
importancia de hablar
con rigor de los términos
y analizar su utilización
en los debates
actuales. Algo semejante
ocurre con desaparecidos’,
no se asociaban
Franquismo. Pradera,
en una
reciente, argumentaba
incomprensiblemente
que le parecía adecuado
seguir llamándolos
‘paseados’.
que Garzón ha
el 16 de octubre
en marcha mecanismos
jurídicos pero
esperar al recurso
Fiscalía.


Homenajes

“Un formato muy interesante de
reciclaje de la Memoria son los
homenajes y otros eventos que
se hacen en muchos lugares.
Mucha gente que no había tenido
espacios legitimados para
hablar de su sufrimiento puede
hacerlo ahora con libertad,
encontrando una audiencia que,
frente a la indiferencia de décadas,
les muestra atención y
empatía. Son actos de gran
carga simbólica y política, reparadores
en el nivel más íntimo
de la experiencia ¿Qué impacto
tiene esto? Se está produciendo
una ‘rutinización’ de la reevaluación
de los trapos sucios de la
represión, la sociedad lo está
digiriendo poco a poco en su
normalidad democrática.


MÁS DE 140.000
DESAPARECIDOS

El 22 de septiembre de 2008,
Paqui Maqueda, secretaria de
la Plataforma por las Víctimas
de Desapariciones Forzadas
del Franquismo, entregó al juez
de la Audiencia Nacional Baltasar
Garzón un listado de más
de 140.000 de desaparecidos.
Una desaparición tiene que ver
con la ausencia de un cadáver
y con la imposibilidad de conocer
su destino. Pero los más
de 140.000 nombres que se
entregaron en la Audiencia
Nacional, ¿son todos desaparecidos?
Los historiadores no
se ponen de acuerdo sobre
qué se denomina “desaparecido”.
Algunos dicen que, técnicamente,
los desaparecidos
son aquellos de los primeros
meses de la guerra, durante el
“terror caliente”, cuando se
produjeron muchas matanzas
que no quedaron registradas.
Pero a medida que se fue instaurando
la burocracia franquista,
muchas ejecuciones sí
dejaron rastro en los procesos.


La ONU no perdona la ley del ‘77

El pasado 6 de
noviembre, el comité
de Derechos Humanos
de la ONU, reunido
en Ginebra para
su nonagésima cuarta
sesión, recomendó
al Gobierno de Rodríguez
Zapatero que
derogara la Ley de
Amnistía de 1977 y
que tomara medidas
legislativas para
garantizar la no aplicación
de limitaciones
técnicas en los
procesos por crímenes
contra la humanidad.
El comité expuso
su deseo de que
la ley se aboliera
para garantizar así la
correcta interpretación
del Derecho
Penal Internacional,
que el Gobierno
español ha ratificado
con la firma de distintos
tratados. Las
asociaciones y foros
para la recuperación
de la memoria histórica
reclaman desde
hace años la supresión
de esta ley que,
consideran, ha servido
para blindar la
impunidad de criminales
de guerra que
cometieron delitos de
lesa humanidad por
los que nunca han
sido juzgados. Estos
grupos consideran
que la ley, presentada
en su día como
un ejemplo de reconciliación
entre los
“dos bandos” supuso
en realidad un cierre
en falso del franquismo.
La Ley de Amnistía,
aprobada el 27
de julio de 1977 ha
sido esgrimida repetidamente
por el fiscal
de la Audiencia
Nacional, Javier Zaragoza,
en el enfrentamiento
que mantiene
con el juez


Suspendida la apertura de fosas

La sala de lo Penal
de la Audiencia
Nacional ha detenido
cautelarmente las
aperturas de fosas
llevadas a cabo bajo
la supervisión del juzgado
número 5 de
dicho tribunal. Los
magistrados aceptaron
el recurso de
apelación del fiscal
jefe de la Audiencia,
Javier Zaragoza. El
motivo del conflicto
que ha suspendido el
proceso de exhumación
de cuerpos es la
decisión del juez Garzón
de declararse
competente para juzgar
los crímenes contra
la humanidad
cometidos con motivo
del golpe del ‘36.
Emilio Silva, presidente
de la Asociación
por la Recuperación
de la Memoria
Histórica (ARMH),
anunció el pasado 8
de noviembre que su
grupo piensa mantener
su calendario de
trabajo y que recurrirá
la decisión de
dicha Sala. Silva considera
que “se han
incumplido normas
básicas de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal
que dicen que las
partes tienen que
estar informadas de
los pasos y, en este
caso, se nos ha causado
indefensión por
parte de la Fiscalía al
no comunicarnos su
petición”. La Federación
Estatal de Foros
por la Memoria ha
exigido a la Audiencia
que se pronuncie
sin demora sobre la
competencia de Garzón
para seguir adelante
con el proceso
abierto en septiembre
de este año.


Córdoba: 11.581 asesinados

ARMH
El historiador Francisco
Moreno Gómez
publicó el 5 de
noviembre 1936 El
genocidio franquista
en Córdoba (Crítica).
Tras 30 años de trabajo,
concluye que
Franco planeó una
matanza a sangre
fría, al estilo de la
“solución final” nazi
contra la comunidad
judía. En este libro
estima que fueron
11.581 (y probablemente
bastantes
más) las personas
desaparecidas en
Córdoba durante la
represión franquista.
Sobre todo en 1936,
bajo el llamado
“Terror de don
Bruno”, es decir, del
teniente coronel
Bruno Ibáñez, enviado
“con carta blanca”
por el general Queipo
de Llano. Moreno
Gómez explica que se
encarceló a miles de
personas en la antigua
prisión de Córdoba,
en el Alcázar de
los Reyes Cristianos,
pero que muchos no
llegaron a su destino.
Unos 4.000 descansan
cerca de los
cementerios. El resto,
unos 750, murieron
debido a la insalubridad
de las cárceles.
A ellos hay que
sumar 220 maquis
muertos en la sierra y
otros 160 aniquilados
por servir de enlaces
con los republicanos.
También hubo 1.600
represaliados en la
posguerra, 220 exterminados
en los campos
del III Reich y
otras 4.500 personas
que aún reposan en
fosas comunes de la
provincia.

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