GERONA. Movilizaciones contra la línea de Muy Alta Tensión (MAT) / TOE

La Ley de la Radio y la Televisión
de Titularidad Estatal aprobada en
2006 regula por primera vez desde
la aprobación de la Constitución
en 1978 el Derecho de Acceso.
RTVE va a empezar este año a
ofrecer espacios para garantizar
este derecho. En la ley de radio y
televisión estatal, el artículo 28 establece
que el derecho de acceso a
través de la Corporación RTVE se
aplicará “de manera global, mediante
la participación de los grupos
sociales y políticos significativos,
como fuentes y portadores de
información y opinión, en el conjunto
de la programación de
RTVE. De manera directa, mediante
espacios específicos en la
radio y la televisión con formatos
diversos, tiempos y horarios fijados
por el Consejo de Administración
de la Corporación, oído el
Consejo Asesor y conforme a lo establecido
en la legislación general
audiovisual”. Por último, las garantías
alcanzan a los medios técnicos
y humanos y obligan a las sociedades
de la Corporación prestadoras
del servicio público de radio
y televisión a garantizar “la disponibilidad
de los medios técnicos y
humanos necesarios para la realización
de los espacios en el ejercicio
del derecho de acceso”. Así
pues, serán gratuitas tanto la utilización
de las instalaciones y los
equipos necesarios para la producción
de los programas como la disponibilidad
de los profesionales
asignados por RNE y TVE.

Treinta años de retraso

El artículo 20.3 de la Constitución
de 1978 establece que “la ley garantizará
el acceso de los grupos
sociales y políticos significativos a
los medios de comunicación social
dependientes del Estado”.
Entre 1980 y 2006, el Estatuto de
la Radio y la Televisión obligaba al
Consejo de Administración de RTVE
a regular el reparto de los espacios
en RNE y TVE como aplicación del
derecho de acceso pero las sucesivas
mayorías del PSOE y del PP con CiU
y el PNV lo bloquearon.
El derecho de acceso ofrece a las
ONG y a los sindicatos espacios
gratuitos en RTVE, con la facilidad
que RNE y TVE tienen de poner a
su disposición los medios técnicos
y profesionales necesarios para la
elaboración de los programas.
Es un derecho que supone una
oportunidad inédita para multiplicar
el alcance y la difusión de la
solidaridad a través de un mayor y
mejor conocimiento de las iniciativas,
las actividades y las políticas
de las ONG y de los sindicatos.