Un texto jurídico argumentaba que los delitos cometidos entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 pertenecían a la categoría de lesa humanidad por enmarcarse dentro de un plan sistemático de eliminación de adversarios políticos. Dos años y medio después, la causa continúa abierta, la apoyan más de 5.000 personas, se han querellado 170 –además de algunos ayuntamientos,

el último de ellos, el de Vitoria– y cientos de ellas han denunciado hechos delictivos.
 

“Lo más importante es que el proceso no se ha cerrado y la gente lo sigue apoyando, ya sea con su firma, como querellantes o con la denuncia de situaciones concretas que nos ayudan a conocer detalles de los delitos”, explica Ana Messuti, abogada argentina que integra el equipo de juristas al frente de la querella.     Messuti subraya el hecho esperanzador que resulta del transcurso de la querella en un país como Argentina, “donde se están haciendo juicios impresionantes” contra los responsables de la dictadura de Videla y que sirven de ejemplo para España. “Hay que pensar con optimismo; la lentitud en una causa de esta envergadura es una garantía”, añade. La querella contempla cuatro categorías de víctimas: desapariciones forzadas, fusilados, víctimas de torturas y niños robados.“En todos los casos, el delito perdura; por ello hablamos de crímenes de lesa humanidad”, esclarece Messuti.  

Fausto Canales es uno de los querellantes que busca conocer el paradero de su padre, Valerico Canales, desaparecido en Pajares de Adaja (Ávila) el 20 de agosto de 1936. Esa noche, a las dos de la madrugada, fue sacado de su casa por un grupo de falangistas. La familia sospecha que sus restos podrían haber sido trasladados al Valle de los Caídos. Junto con Canales, otras 13 familias de desaparecidos del mismo pueblo durante el verano de 1936 han firmado un poder conjunto y se han personado como querellantes.

“Agotadas las vías en la justicia española, tenemos esperanzas en esta querella”, confiesa Canales.

 

La desaparición de Valerico estaba incluida en el auto del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre los crímenes de la dictadura, una instrucción por la que tuvo que afrontar un juicio acusado de prevaricar por haberse declarado competente en la investigación de estos delitos. Meses antes de sentarse en el banquillo, Garzón había devuelto los casos investigados a los juzgados territoriales correspondientes. La desaparición del padre de Canales fue a parar al juzgado de San Lorenzo del Escorial, pero el titular de dicho juzgado lo devolvió a la Audiencia Nacional alegando que se trataba de delitos de lesa humanidad, aún vigentes, por lo que no podían asumir esa competencia. Es decir, ese juzgado territorial dio la razón al argumento de Garzón de catalogar los delitos del Franquismo como crímenes contra la humanidad.
 

El pasado marzo, el Tribunal Supremo resolvió la cuestión de competencia señalando que los descendientes de víctimas podían acudir a los juzgados territoriales donde se hallaran las fosas comunes, pero para su mera apertura, no para investigar. “Una vez que el Supremo se pronunció sobre la cuestión de competencia volvimos al juzgado de El Escorial, pero ha archivado el caso”, lamenta Canales, que, por otro lado, no se rinde y ha recurrido esa decisión.

 

José María Galante ‘Chato’, exdirigente de la Liga Comunista Revolucionaria y miembro de La Comuna, colectivo de exreos políticos,

es un testigo vivo de la represión en el tardofranquismo. Los últimos coletazos de la dictadura arremetieron con fuerza contra aquellos jóvenes militantes de izquierda que lucharon en las calles para que el Franquismo no continuara con otra chaqueta tras la inminente muerte de Franco. “Hay muchos denunciados en la querella que continúan vivos”, apunta ‘Chato’ con firmeza. En poder de la jueza Servini ya figuran numerosos nombres de policías de la Brigada Político-Social y de guardias civiles denunciados por torturas y malos tratos hacia los detenidos.

Asimismo, la querella incluye los nombres de ministros franquistas que firmaron penas de muerte, como la de Salvador Puig Antich, el militante anarquista asesinado por garrote vil en la cárcel Modelo de Barcelona el 2 de marzo de 1974. Un juez del Tribunal de Orden Público también podría ser imputado acusado de desestimar denuncias de torturas a presos políticos y de trato

vejatorio hacia ellos. El apartado de denunciados lo completan directores y funcionarios de prisiones implicados en los robos de niños y empresas “que se beneficiaron del trabajo esclavo de los presos”, añade Galante.

“Todas las querellas incluyen documentación que prueba los delitos denunciados, como informes policiales de detención, declaraciones en la Dirección General de Seguridad o en cuarteles de la Guardia Civil, certificados de Instituciones Penitenciarias sobre la permanencia en las cárceles, sanciones en las prisiones, etc.” En algunos casos, existen informes del hospital penitenciario. “Billy el niño –apodo de Juan Antonio González Pacheco– tiene dos sentencias por malos tratos; ¡en plena dictadura!”, enfatiza Galante.

 

Tanto Fausto Canales como ‘Chato’ forman parte de la Red Aqua, el resorte ciudadano que canaliza los apoyos que sigue recibiendo la querella. Se trata de una agrupación formada por particulares y asociaciones representativas de los diferentes colectivos represaliados –niños robados, antiguos presos políticos y sociales, hijos y nietos de desaparecidos y fusilados, víctimas de expolios, incautaciones ilegales y trabajos forzados–. La Red, que nació como agrupación este año, se reúne en asambleas donde ordenan el trabajo que genera un proceso judicial de las dimensiones de la querella contra el Franquismo.

Con el asesoramiento de los abogados argentinos que guían el proceso desde España, Ana Messuti y Carlos Slepoy, la Red Aqua se encuentra preparando las videoconferencias con las que, próximamente, una veintena de querellantes dará su testimonio desde los consulados argentinos de Madrid y Barcelona ante la jueza María Servini.

Se trata del siguiente paso dentro de un procedimiento que continuará con la llamada a los posibles imputados para que presten declaración. “El objetivo es imputar y condenar a los autores de los crímenes, por ello, el siguiente paso será tomar declaraciones

a los posibles imputados. A tal efecto, se pueden solicitar órdenes internacionales de detención contra los mismos y, si procede, su extradición para juzgarlos en Argentina; si España negara la extradición, se convertiría en refugio de acusados por crímenes contra la humanidad”, señala la abogada. La idea de que los denunciados comparezcan ante la justicia argentina queda bastante alejada de la realidad que los querellantes tienen presente, pero su mera imputación supondrá un punto de inflexión importante en el proceso. “Contamos con que no comparezcan, así que se emitirán órdenes de busca y captura; con toda probabilidad, España no los entregará, como ha sucedido con imputados de dictaduras latinoamericanas, pero no podrán salir del país bajo amenaza de ser detenidos”, augura José María Galante.

 

“Así se crearía una situación bastante insostenible para la judicatura española. De hecho, en el caso argentino esto fue el detonante para la derogación de la Ley de punto final y la apertura de los juicios a la represión de la dictadura”, añade. El recorrido que este proceso pueda seguir aún está por ver, pero Galante lo tiene claro: “Nosotros no nos daremos por satisfechos hasta que se juzgue al Franquismo y sus autores”.