El 15 de julio de 1998 se
abrió la etapa liberticida
del cierre de medios de comunicación
en el Estado
español. Cierres que políticamente
le equiparaban –en la vieja Europa–
a la calidad democrática de Serbia o
Turquía. Paradójicamente, aquel
cierre se justificó en nombre del
“patriotismo constitucional”, cuando
la misma Constitución Española
prohíbe su cierre (aunque prevé su
secuestro, como en el caso de El
Jueves, de ediciones concretas) y
sólo lo prevé en caso de Estado de
excepción declarado (art 55.1). Eso
consagró –judicialmente y de facto–
un Estado de excepción contra los
medios disidentes y un atentado flagrante
no sólo a la libertad de expresión
e información, sino también
a la pluralidad y al derecho a recibir
una información libre y veraz. Con
el cierre de Egin –un periódico nacido
en la Transición a través de una
amplia participación popular– Garzón
y el PP arrasaban también con
la doctrina establecida por la sentencia
199/1987 del Tribunal Constitucional,
que excluía toda posibilidad
de cerrar medios de comunicación
y modificaba la Ley de Prensa
de 1984, que sí lo pretendía incluir.

La Operación Persiana, con la
irrupción de 200 policías bajo las
órdenes de Baltasar Garzón y el
cierre de Egin y la radio Egin Irratia,
abrió oficialmente la era de la
caza de brujas, la ley del silencio y
las voces candadas. A certificar la
genética política de la operación
contribuyó, desde Turquía, el ex
presidente Aznar cuando anunció
impertérrito: “¿Pensaban que no
nos íbamos a atrever a cerrar
Egin?”.

El enésimo periódico del
Estado español que había nacido
con el lema “la voz de los sin voz”
sucumbía herido de muerte después
de una campaña lanzada en
1993 por Juan María Atutxa. Paradojas,
la máquina enloquecida del
antiterrorismo devoraba a uno de
sus inventores, porque el ex consejero
de Interior vasco ha acabado
conociendo su propia medicina
tras su procesamiento judicial.
Si insólito es cerrar un medio –“delinquen las personas, no los medios”,
dijeron entonces hasta Pedro
J. y Ansón–, grave es la indefensión
jurídica dilatada en el tiempo. Sólo
tras ocho años –cuando la ley sólo
prevé el cierre cautelar de empresas
mercantiles por un período máximo
de cinco años– se inició el juicio contra
sus directivos, integrados en la
causa del macrosumario 18/98. La
sentencia conocida en diciembre
pasado ha puesto precio a ser director
y subdirectora de Egin en el
Estado español: 14 años para Javier
Salutregi y 14 años para Teresa
Toda. Es la síntesis del precio de la
libertad de expresión, que se cobra
caro y con años de cárcel.
 

‘Ardi Beltza’, siguiente muesca

La revista de periodismo de investigación Ardi Beltza (La Oveja Negra) siguió, en marzo de 2001, los mismos pasos que Egin. cierre cautelar y suspensión de actividad ordenada por el juez Baltasar Garzón en aplicación del artículo 129, encarcelamiento
de su director y muerte de otro medio de comunicación.

En este episodio, cabe destacar
que la Sala Cuarta de la Audiencia
Nacional desestimó las acusaciones
de Garzón –al que acusó
de inventarse delitos inexistentes
en el Código Penal como el de ‘señalamiento’–
y puso en libertad al
director en un auto donde se ubicaba
el carácter “independentista y
anticapitalista” de la publicación
en el ejercicio al derecho de la libertad
de expresión. Los jueces de
la Sala Cuarta tardaron poco en
comprobar el huracán inquisitorial,
porque fue desmantelada después
de una campaña mediática infame.
Paradigmático del caso Ardi Beltza
es el caso de su director, el periodista
vasco-gallego Pepe Rei. En
democracia ha sido detenido cuatro
veces, tres veces encarcelado,
pero nunca condenado. Rei sufrió
la peor campaña personalizada de
estigmatización y satanización contra
un periodista libre.

Cabe señalar que en ambos casos
la estrategia estatal fracasó. A la mañana
siguiente de cada cierre, otra
iniciativa tomaba el relevo y cubría
el hueco del medio clausurado.
Así, el 16 de julio nacía Euskadi
Información –“una pataleta”, según
Mayor Oreja, que le costó al ex
ministro protagonizar la segunda
portada: A Mayor Oreja, mayor bocazas–
y que enlazó con el nacimiento
de Gara, tras una campaña
de suscripción popular que logró
mil millones de pesetas. Similar experiencia
vivió Ardi Beltza. Sus trabajadores
decidieron que en el
Estado español la libertad de expresión
ya no estaba garantizada y decidieron
instalarse, como antaño bajo
la dictadura franquista, al ‘otro lado’
de los Pirineos, en el País Vasco
bajo administración francesa. Allí
nació Kale Gorria (la cruda realidad
de la calle), que también sufrió la
persecución de Baltasar Garzón.