ANÁLISIS / CLAVES JURÍDICAS PARA ENTENDER LA NUEVA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL (LPI)
Descargar archivos en Internet no es delito pero, ¿incumple la ley?
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LEYES Y POLICÍA CONTRA LA CULTURA LIBRE Y POPULAR. Diferentes colectivos luchan porque la cultura sea libre y
accesible; en internet y en cada barrio. En la foto okupación del abandonado Teatro Arnau en Barcelona el 8 de abril./Cultura Lliure

Por más que la industria lo

21/12/06 · 0:00
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LEYES Y POLICÍA CONTRA LA CULTURA LIBRE Y POPULAR. Diferentes colectivos luchan porque la cultura sea libre y
accesible; en internet y en cada barrio. En la foto okupación del abandonado Teatro Arnau en Barcelona el 8 de abril./Cultura Lliure

Por más que la industria lo
repita, descargar obras
intelectuales de una red
P2P no es delito si se carece
de ánimo de lucro. El ánimo
de lucro al que se refiere el artículo
270 del Código Penal no puede interpretarse
de forma amplia, de tal
manera que exista sólo con el hecho
de que obtengas cualquier provecho,
ganancia o utilidad, como
se pretende en la actualidad.

Es cierto que existen sentencias
del Tribunal Supremo que interpretan
el lucro como cualquier beneficio,
ventaja o utilidad que algo te reporte;
pero también lo es que esas
sentencias, a las que apelan tantas
veces los juristas de la industria discográfica
y cinematográfica, se han
dictado mayoritariamente en casos
de hurtos o robos. En esos casos es
obvio que no sirve de nada defenderte
alegando que no tenías ánimo
de lucro porque el Ferrari que has
robado era para tu propio uso y no
para venderlo. El coche te reporta
un evidente incremento patrimonial
y, por lo tanto, ese beneficio, ventaja
o utilidad que te aporta el coche
es lucro, en sí mismo. Ese razonamiento
no puede trasladarse
sin más del mundo físico a las copias.
No eres más rico por realizar
una copia, tu patrimonio es el
mismo aunque te pases la noche
descargando discos.

Esa teoría que interpreta el lucro
de forma expansiva desemboca en
conclusiones absurdas. De seguir
este razonamiento, el derecho de
copia privada sería impracticable,
puesto que toda copia sería delictiva
porque siempre te daría alguna
utilidad. Del mismo modo, y continuando
con esa lógica, debe concluirse
que el derecho de copia privada
es aquel que permite al ciudadano
realizar todas aquellas copias
que no le sirvan para nada, que es
algo así como tener el derecho a beber
aire, el derecho a curarte la enfermedad
que no padeces o el derecho
a abrigarte cuando hace calor.

Queda por analizar si la descarga
mediante redes P2P, pese a no
ser un delito, incumple la Ley de
Propiedad Intelectual. En ese caso,
habría que distinguir dos supuestos:
aquellas copias que se realizaron
con anterioridad a la entrada
en vigor de la nueva Ley de Propiedad
Intelectual (LPI) el pasado
agosto, y las que se hicieron
con posterioridad a esa fecha. En
mi opinión, las primeras son absolutamente
legales al estar incluidas
dentro del derecho a la
copia privada establecido en el
antiguo artículo 31.2 de la LPI.

Coincide con esta postura la reciente
sentencia del Juzgado de lo
Penal nº 3 de Santander que, aunque
no habla expresamente de descarga
mediante P2P, declaró como
hecho probado que el acusado descargaba
obras intelectuales de
Internet que después ofrecía o cambiaba
a otros usuarios de Internet y
en todo caso sin mediar precio. Ante
esos hechos probados, la jueza estima
que no existe delito y, además,
entiende que esa actividad se incluye
en el derecho a la copia privada.
Así, según esta sentencia esa conducta
tampoco contraría la LPI.

Sin embargo, las copias realizadas
con posterioridad a la entrada
en vigor de la nueva LPI, aun no
siendo delictivas por no concurrir el
ánimo de lucro, se encuentran en
una situación jurídica mucho más
delicada que hace unos meses. La
reforma de la LPI establece ahora
que se considera copia privada únicamente
aquellas que se hagan “a
partir de obras a las que haya accedido
legalmente”. Esta definición,
por su vaguedad, deja en una total
inseguridad jurídica a los usuarios
de estas redes. Habrá que esperar,
por tanto, a ver qué interpretación
hacen los jueces de la expresión “acceso
legal”. Además, la inclusión del
nuevo derecho de puesta a disposición,
parece haberse incluido expresamente
para considerar comunicación
pública no autorizada, y
por tanto ilegal, la subida de datos
automática que se realiza desde este
tipo de redes de forma simultánea
a la descarga.

Conviene recordar que la introducción
en su día de la copia privada
se hizo para legalizar una situación
que era absolutamente generalizada:
la copia no autorizada para
uso privado de obras intelectuales.
Eran esas copias que se pasaban en
casete de amigo en amigo. Según la
doctrina, se incluyó este derecho
por la imposibilidad de frenar lo que
era ya una práctica socialmente
admitida y por la importancia del
derecho al acceso a la cultura.
Cuando esas copias se masifican
con la llegada de Internet y el derecho
al acceso a la cultura pone en
peligro el modelo de negocio de la
industria, se inicia, o mejor dicho,
se amplifica y, por lo tanto, se hace
más visible, la ofensiva y las presiones
de la mastodóntica industria
musical y cinematográfica.

La definición de copia privada
que ahora tenemos intenta conciliar
dos intereses distintos exclusivamente
privados: por un lado
es lo suficientemente restrictiva
como para poner en peligro las
descargas vía P2P, pero sin serlo
tanto como para poner en grave
riesgo el canon remuneratorio
que se aplica a todo medio apto
para contener reproducciones de
obras intelectuales.

Los gobiernos de cualquier signo
y de todo el mundo están atendiendo
con rapidez las demandas
de la industria, y promulgando
leyes que se adaptan como un
guante a sus deseos. Los que dicen
querer proteger la difusión de la
cultura firman con la mano lo que
borran con el codo. La reforma de
la LPI española es buen ejemplo de
que las exigencias de las multinacionales
se convierten en leyes.

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