OLVIDOS. La LOE no contempla medidas para potenciar la escuela pública y para disminuir los ratios (alumnado por clase).// Olmo Calvo

El Proyecto de Ley Orgánica de
Educación (LOE), aprobado en el
Consejo de Ministros el 22 de julio,
se tramitará en el Parlamento a partir
de este mes de septiembre. El debate
parlamentario de la LOE ya ha
comenzado y el Gobierno quiere
aprobarla antes de que finalice el
año con el máximo consenso posible.
Sin embargo, el enfrentamiento
entre PSOE y PP por la supuesta
calidad de la educación y la responsabilidad
de la sociedad ante los estudiantes
enmascara conflictos pedagógicos
y problemas estructurales:
financiación, laicidad, competencias
autonómicas, profesorado y
proceso de convergencia europea.

1. FINANCIACIÓN

En lugar de una Ley de Financiación,
la LOE viene acompañada de
una memoria económica que no
acaba de dotar a esta reforma educativa
de los medios económicos
necesarios: en la última redacción,
se incluyen 70 millones de euros
menos de los 6.100 ofertados a finales
de mayo por el Ministerio de
Educación y sólo se eleva el porcentaje
del PIB destinado a educación
en un 0’2%.

La gratuidad de la educación de
tres a seis años (un aspecto que el
PP incluyó en la Ley de Calidad sin
financiación) se lleva la mayor parte
del presupuesto que paga el
Gobierno central. Mientras, casi la
mitad de lo que costarán los programas
de refuerzo y las medidas de
apoyo al profesorado deberán pagarlo
las comunidades autónomas.

Una de las exigencias de sindicatos
y asociaciones es una Ley de
Financiación que obligue a las administraciones
públicas a superar
el atraso del Estado español en inversión
educativa, pues al final de
la legislatura se debe alcanzar un
7% del PIB en gasto educativo.

2. LAICISMO

Entre las escasas modificaciones
de la ley, en último momento figura
la inclusión del deber de
estudiar y de la importancia del
esfuerzo individual dentro del
modelo educativo, tal y como había
solicitado el Consejo Escolar
del Estado (CEE), máximo órgano
consultivo en materia de enseñanza
no universitaria. Sin embargo,
no se han tenido en cuenta
otras resoluciones del CEE, como
la retirada de la asignatura de religión
del horario lectivo y la derogación
de los Acuerdos con el Vaticano
suscritos en 1976 y 1979. La
nueva ley sigue vinculando el estatus
de la enseñanza de las religiones
a los acuerdos establecidos
con la Santa Sede y el resto de
confesiones representativas en el
Estado español, lo que supone el
mantenimiento de la religión como
asignatura de oferta obligatoria
para los centros y voluntaria
para el alumnado.

El secretario general de Educación,
Alejandro Tiana, señaló durante
el verano que no había previstos
encuentros con el Episcopado
español y que fue la Iglesia
quien anuló la última reunión del
22 de julio sobre el proyecto de ley.
A pesar de la falta de acuerdo entre
el Gobierno y la Conferencia Episcopal
Española, es esta última la
que seguirá seleccionando al profesorado
de religión aunque sea el
Estado quien los pague.

La regulación poco concreta de
la enseñanza confesional también
condiciona para el debate a Izquierda
Verde y ERC para apoyar
la ley en el Parlamento.

3. COMPETENCIAS

El Gobierno entiende la LOE como
“una ley de mínimos”, una norma
que da libertad a las comunidades
autónomas en aspectos clave como
las repeticiones de curso, las recuperaciones
de junio o septiembre,
la división del alumnado (desdoble
de aulas para inglés, matemáticas o
lengua) y el establecimiento de
asignaturas optativas adicionales.

Los aspectos básicos del currículo
(objetivos, competencias básicas,
contenidos, métodos pedagógicos
y criterios de evaluación), indica
la LOE, “no requerirán más del
55% de los horarios escolares para
las comunidades autónomas que
tengan lengua co-oficial, ni del 65%
para aquellas que no la tengan”.

Mariano Rajoy - que fue ministro
de Educación durante un año en la
pasada legislatura- ha anunciado
que el PP presentará una enmienda
a la totalidad de la ley por “romper
la unidad de España”. Junto al PP,
las patronales de la enseñanza, especialmente
la Confederación Española
de Centros de Enseñanza
(CECE) -a la que pertenecen muchos
colegios vinculados al Opus
Dei- y la Confederación Católica de
Padres de Alumnos (Concapa), así
como la federación mayoritaria de
los centros privados concertados,
FERE-CECA, harán un frente común
los próximos meses.

4. PROFESORADO

La ministra de Educación, María
Jesús San Segundo, afirma que “todas
las reformas educativas que se
acometan deben hacerse pensando
e implicando a los maestros y profesores”
. En este aspecto, CC OO,
UGT y CSIF apoyan las medidas del
Gobierno, pero agrupaciones como
los Sindicatos de Trabajadores
de la Enseñanza (STEs) y las asociaciones
de profesores más progresistas
critican que el Ministerio
no haya admitido el acceso diferenciado
para el profesorado interino,
la reducción del horario lectivo a las
personas mayores de 55 años, la
elección democrática de los cargos
directivos, ni medidas concretas para
prevenir el fracaso escolar en primaria,
entre otras.

El anteproyecto no rompe con la
LOCE y agrava las divisiones salariales
del profesorado con la implantación
del salario por méritos
evaluados por agencias, y con el
mantenimiento de los privilegios de
las patronales de la enseñanza privada
concertada.