“Hemos notado cariño, solidaridad y preocupación de la comunidad universitaria por nuestros despidos. El único consuelo que nos queda es que esto sirva para hacer esta escuela más solidaria y combativa”. Así habla sobre el proceso de asambleas y protestas que se desarrolla en la Universidad Poli­técnica de Madrid (UPM) Alonso Rebolo, técnico auxiliar de Informática en el centro de cálculo de la Escuela Superior de Arquitectura hasta que recibió la carta de despido el pasado 13 de marzo. Comenzó a principios de febrero, cuando “nos encontramos con un consejo de gobierno en el que se plantea el despido de 301 trabajadores del PAS y la rebaja del complemento autonómico a los profesores”, explica Juan Castellanos, profesor titular y miembro de la junta de la facultad de Informática.

La primera votación de este presupuesto estaba prevista para el 23 de febrero. Una asamblea convocada esa misma semana a la que asistieron cerca de mil personas, desbordando las previsiones de los convocantes, decide ese día encerrarse en el rectorado. Los alumnos, trabajadores y profesores inician así una serie de concentraciones y cortes de tráfico para mostrar su rechazo. Las diferentes juntas de facultad acuerdan que no votarán a favor de estos presupuestos. El rector, Carlos Conde, se ve acorralado y decide posponer el consejo de gobierno al 9 de marzo y abrir un proceso de negociación con los sindicatos.

Sin embargo, tal y como explica Santiago Cuesta, también PAS y delegado de CC OO para universidades, la negociación no es tal. “Es un proceso virtual. Presentamos una propuesta de ahorro de 20 millones alternativa, sin despidos, y aunque aceptaron alguna de nuestras medidas, no rebajan despidos”. Cuesta creen que se ha querido escenificar una negociación cuando “no había una voluntad real de buscar una solución a los despidos”. La mesa de negociación se suspendió y la comunidad universitaria convocó una asamblea en el rectorado el día 7 de marzo. El rector, que ya había recurrido a la policía anteriormente, decidió impedirla. 25 furgonetas policiales rodearon el edificio e impidieron el paso cumpliendo sus órdenes.

El fraude en la votación

La movilización de la comunidad universitaria lleva a que en la práctica totalidad de las 20 escuelas que forman la Politécnica, sus juntas se pronuncien en contra de los despidos. Eso tendría que haber significado que los directores, con asiento en el consejo de gobierno, trasladasen ese rechazo a la votación de los presupuestos. Pero los votos son anónimos, y muchos de los directores aprovechan esto para cambiar el sentido de su voto. El presupuesto se aprueba con 23 votos en contra, 30 a favor y una abstención. “Conside­ramos que ha sido un fraude porque ha habido directores que han faltado al acuerdo de su junta de facultad –explica Castellanos–, algunos enseñaron su ‘no’ antes de depositarlo a los presentes, pero fueron muy pocos”. Durante las últimas semanas los directores se han reunido hasta tres veces con el equipo rectoral, “por lo que ha habido un evidente cierre de filas, dentro de un marco de tensión general en la universidad que no se había vivido desde los ‘60, con despliegues policiales, no se sabe muy bien para qué, entrando en asambleas de trabajadores autorizadas, impidiéndolas... en fin, una cosa demencial y desproporcionada”, lamenta Cuesta.

Los números de los despidos

Los 301 despidos suponen un ahorro de 9,1 millones de euros anuales, según los números del equipo rectoral. “Hace dos años, en su campaña electoral, nos decían que teníamos un superávit de más de 10 millones, pero hace unos meses que nos dicen que no, que estamos prácticamente en bancarrota, ¿cómo es posible?”, se pregunta Castellanos.

Rebolo apunta una clave: “Con la subida de tasas, la Comunidad hizo las cuentas pensando que, de mantenerse la matriculación, la UPM ingresaría 20 millones más, y se los retuvo. Pero la universidad apenas ha ingresado un millón más y la comunidad no piensa desbloquearlo”. Además, Rebolo cree que el paso de ocho millones del capítulo de nóminas a la Oficina de Trans­ferencia de Tecnología, donde se realizan investigaciones para y con empresas privadas, también tiene que ver.

La voluntad del rector es recortar 24,7 millones, de los que 14,8 millones se hará en gastos de personal docente e investigador. La rebaja del complemento autonómico al 50% supone sólo cuatro millones, por lo que Cuesta teme que haya más despidos: “No descartamos que llegue el mes de junio y, una vez firmadas las actas, despidan profesores”.