CUARTO PODER / CONDENADOS EN LOS MEDIOS
Culpables por decisión mediática

Los medios de comunicación vigilan de cerca al poder
judicial, hasta el punto de cuestionar e intentar
determinar sus veredictos, en perjuicio de la presunción
de inocencia de los acusados. El caso de De
Juana Chaos, la incriminación de Ibarretxe por haberse
reunido con Batasuna o el cuestionamiento
del sumario del 11-M son los ejemplos más recientes.
El Consejo General del Poder Judicial firmó una
declaración en la que denunciaba la presión ejercida
sobre los jueces por parte de algunas instituciones
vascas. ¿No hubiera sido también deseable haber denunciado
la presión que practican algunos medios?

15/02/07 · 0:00
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IÑAKI DE JUANA CHAOS.
Cartel por Inaki en Bilbo (Bilbao)./Joseba Barrenetxea

En el verano de 1997, la
prensa destapó una supuesta
red internacional
de pederastia en el barrio
barcelonés del Raval. La primera denuncia
que desencadenó todo el
proceso judicial procedía de una vecina,
que se basó en rumores y habladurías;
después la investigación
policial incriminaría como sospechosos
y acusados a un amplio
número de familias y algunos colectivos.
Entre estos últimos se encontraba
la asociación Taula del Raval,
que se oponía a la demolición y a la
expropiación de viviendas en el
barrio. El primer juicio sobre este
caso, en 1999, absolvió a la mayor
parte de los acusados por falta de
pruebas, y la supuesta red internacional
de pederastia quedó reducida
a dos acusados con cargos graves.
Sin embargo, el seguimiento mediático
del proceso judicial del Raval
tuvo efectos gravísimos: antes de
que se celebrara el primer juicio, los
medios de comunicación habían ya
criminalizado y estigmatizado a la
mayor parte de los sospechosos, difundiendo
a la opinión pública datos
relevantes de su vida privada y
laboral; la asociación Taula del
Raval cayó en descrédito y perdió
las demandas presentadas contra la
política de demoliciones del barrio
del Raval iniciada por el Ayuntamiento
barcelonés. Los principales
acusados sufrieron un acoso mediático
tan brutal que, cuando se celebró
el segundo juicio en el año 2001
tuvieron a toda la opinión pública
en contra. El veredicto fue de culpabilidad
en ambos casos. ¿Se puede
decir que los medios no influyeron
en la decisión de condenarles?

Juicios paralelos

El caso del Raval -de cuyo segundo
juicio hizo un estupendo documental
Joaquím Jordá (De Nens)- fue uno
de los primeros síntomas de lo que
se ha convertido ya en una tendencia
generalizada en los últimos meses:
los juicios paralelos que están emprendiendo
los medios de comunicación,
en particular en prensa y radio,
contra acusados en procesos judiciales
abiertos o en curso. El derecho a
la información y a la opinión que tienen
los periodistas colisiona con dos
derechos básicos de cualquier acusado:
el derecho a la presunción de inocencia
y el derecho a la privacidad.
El primero se refiere a que hasta
que no haya una sentencia firme
dictada por un tribunal, el acusado
tiene derecho a que se le reconozca
la posibilidad de su inocencia y, por
tanto, de ser absuelto; el derecho a
la privacidad apela a que cualquier
individuo tiene derecho a no revelar
información personal si no es
con su consentimiento.

Sin embargo, ciertos juicios mediáticos
están vulnerando constantemente
estos dos derechos, hasta el
punto de que algunos periodistas,
de hecho, promueven un veredicto
antes no sólo de conocer la sentencia,
sino incluso mucho antes de iniciarse
el juicio. A finales de diciembre
de 2006, ante las acusaciones
desmedidas e infundadas contra los
detenidos acusados por la muerte
de cinco prostitutas en Ipswich, una
pequeña localidad inglesa, Lord
Goldsmith, un magistrado británico,
recordó a los periodistas la responsabilidad
de su trabajo, y uno de los
fiscales encargados del caso,
Michael Crimp, afirmó que “todo
acusado tiene derecho a un juicio
justo”. Una regla básica del derecho
que muchos medios británicos, sin
embargo, estaban vulnerando.

En España, en los últimos juicios
que han recibido la atención mediática,
parece que tampoco los medios
están obligados a cumplir ni a respetar
la regla de que “todo acusado
tiene derecho a un juicio justo”. La
investigación sobre el 11-M, por
ejemplo, comenzó a ser cuestionada
incluso pocas semanas después del
atentado. El Mundo, la COPE y
Libertad Digital no sólo han establecido
un juicio paralelo al proceso judicial,
sino que algunos periodistas
han insultado y han llegado a tildar
de “incompetente” al instructor del
caso, Juan Del Olmo. Víctor Sampedro,
profesor de Comunicación
de la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid y autor de un libro sobre
el 13-M, es concluyente: “Todo el llamado
periodismo de investigación
de El Mundo no ha podido aportar
ni una prueba al sumario del 11-M”,
ni a la acusación fiscal. Sólo ha servido
para que tres miembros de ETA-
sin vinculación con el atentado, como
reza el sumario- sean llamados
a declarar no como imputados, sino
como testigos de la defensa de
Jamal Zougam”. Cuando el 23 de
enero se conoció que estos tres
miembros de ETA serían llamados a
declarar algunos diarios vieron en
ello una confirmación de las teorías
conspiratorias que vinculaban el
11-M con ETA. Han olvidado que las
acusaciones hay que demostrarlas
con pruebas, y no con conjeturas.

El 15 de febrero comienza el juicio
sobre el 11-M. Es una buena
ocasión para abrir el debate sobre el daño
que pueden ocasionar los juicios
mediáticos sobre la legitimidad de
los dictámenes judiciales y sobre los
propios acusados, aunque para muchos
sólo quede apelar a la propia
responsabilidad profesional.

Sobre el caso de Ipswich, Mark
Lawson escribía en The Guardian
que tan grave como una sentencia
judicial es una acusación mediática
sin pruebas, pues “es como suponer
que los acusados no tienen
derechos en absoluto: una actitud
propia del proceso de Guantánamo
que tendrá, si no tiene ya, consecuencias
terribles”.


‘Guantánamos’ de quiosco

El caso más extremo de la
pérdida de la presunción de
inocencia ha sido, sin embargo,
el de Iñaki De Juana
Chaos. Más allá de todas las
opiniones morales que uno
pueda tener, muchos medios
omitieron que no se le está
juzgando por el asesinato de
25 personas (condena que ya
ha cumplido al beneficiarse
de la reducción de penas del
Código Penal de 1975), sino
por la publicación de dos artículos
por los que se le acusa
de un delito de amenazas de
muerte, y que por tal cargo
lleva dos años en prisión preventiva,
a la espera de que
dicte sentencia el Tribunal
Supremo. Cuando a finales
de enero, los miembros de la
Audiencia Nacional se reunieron
para discutir su caso,
varios medios iniciaron una
campaña contra la posibilidad
de que De Juana Chaos
mantuviera su huelga de
hambre bajo un arresto domiciliario.
Una vez más el acoso
mediático podría haber erosionado
las condiciones para
que De Juana Chaos recibiera
un “juicio justo”.

Otro caso claro es la causa
penal iniciada el 31 de enero
contra el lehendakari Juan
José Ibarretxe por reunirse
con Batasuna y que ha chocado
con la oposición de
numerosas instituciones vascas,
aunque, al tiempo, ciertos
medios han iniciado una
campaña de acoso contra el
lehendakari, imputándole
acusaciones gravísimas sin
ningún fundamento, como la
colaboración con ETA.

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