Críticas en la oposición, aprobación en el Gobierno

Mientras que las denuncias de privatización se hacen
más notorias en la educación primaria y universitaria,
los últimos gobiernos populares y socialistas tampoco
se han olvidado de la Formación Profesional.

16/10/08 · 18:00
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Si hablamos de Formación
Profesional (FP) no debemos
olvidar que está regulada
por una ley orgánica, que
afecta a todo el Estado, promulgada
por el Partido Popular en el año
2002, cuando hacía uso de su mayoría
absoluta. Tampoco hay que olvidar
que los portavoces de la época
en educación del PSOE criticaron
duramente la ley durante su tramitación
parlamentaria, llegando a calificarla
como una “ley franquista”.
También hay que recordar que una
vez que el PSOE, con José Luis Rodríguez
Zapatero a la cabeza, volvió
al Gobierno en 2004, no modificó esta
ley, la desarrolló en la legislatura
anterior y la sigue desarrollando en
ésta. La explicación de este cambio
es bien sencilla: los llamados “agentes
sociales” (la patronal, CC OO y
UGT) estaban y están de acuerdo
con ella, pues ven que sirve para
afianzar sus negocios en la formación
de los trabajadores, tanto en activo
como parados.

Diferentes colectivos, entre ellos
el STES-Intersindical, denunciamos
en su momento, y seguimos
denunciando ahora, que la ley que
regula la FP es un claro ejemplo
de privatización de la enseñanza
no obligatoria. Tal y como parece
que marcan las directrices de diferentes
organismos internacionales,
esta legislación sirve para
convertir la privatización en un paso
más hacia el desmantelamiento
del actual sistema educativo público.
Esta ley permite que entidades
privadas, centros privados, empresas,
patronales y algunos sindicatos,
se incorporen plenamente a
esta etapa del sistema educativo
con la posibilidad cierta de ser
subvencionados directamente por
la Administración y con la capacidad
de expedir títulos de validez
académica y laboral, consiguiendo
que la formación sea una parte
más del negocio de las empresas.
Todo esto con un mínimo control
y supervisión de las administraciones
educativas.

El desarrollo de la ley, con los diversos
centros que contempla para
impartir estas enseñanzas, está
permitiendo que en las comunidades
autónomas aumenten los
ciclos concertados o subvencionados
y que al mismo tiempo se
cierren ciclos en institutos públicos.
Todo ello camuflado con la
creación o reconversión de otros
centros para dar lugar a los nuevos
centros de Formación Profesional
que contempla la ley, los centros
integrados y los centros de referencia
nacional.

Los centros integrados

Ya están en funcionamiento algunos
centros de los llamados integrados
de FP, cuyas características
se definieron por un decreto
del año 2006. Su objetivo, integrar
los tres subsistemas de la FP actual,
la inicial-reglada, la continua
y la ocupacional. Dicho así
parece un objetivo ambicioso y
loable, pero la realidad nos hace
señalar por dónde chirrían estos
centros, que es por el lado de la
privatización de sus enseñanzas y
la continuación de la separación
de los tres subsistemas.

Los centros públicos pueden privatizar
parte de sus enseñanzas,
las no regladas, al conseguir subvenciones
de entidades privadas o
públicas si saben ‘moverse’, o impartir
la formación que les interesa
a determinadas empresas, a las
que irá el alumnado a hacer las
prácticas, no remuneradas, por supuesto.
Estos centros podrán ceder
sus instalaciones a intereses privados,
empresas o entidades que
quieran organizar actividades de
formación en dichos centros, y externalizar
los servicios necesarios
para el funcionamiento del centro...
De nuevo, esto significa más
privatización en el sistema educativo.
Y los centros privados, a su
vez, podrán acceder tanto al régimen
de conciertos (en los que la
Administración paga el coste total
de las enseñanzas) para la FP reglada,
como obtener a las mismas
subvenciones de otras entidades
privadas que los públicos.

En lo que se refiere a la gestión
democrática y a la participación
de la comunidad educativa, se
constata en los centros integrados
de FP, la pérdida de poder decisorio
para la comunidad educativa
ya que los representantes de la
Administración y de los llamados
‘agentes sociales’ pasan a ocupar
un lugar privilegiado en el consejo
social, que sustituye a los consejos
escolares. En los centros públicos
el poder del director, que es de
libre designación por parte de la
Administración, llega a la contratación
de personal, y a la organización
de actividades de carácter
lucrativo con el fin de obtener financiación
para el centro.

En los centros de referencia nacional,
que acaban de salir a la luz
por un decreto de febrero de este
año, la Administración central pretende
llevar a cabo la innovación y
la experimentación en materia de
FP y en relación a los distintos sectores
productivos, realizando actuaciones
dirigidas a estudiantes, profesores,
empresarios y trabajadores.

La titularidad de los centros podrá
ser de la Administración General
del Estado o de la Administración
autonómica, lo que supone
un retroceso y/o una intromisión en
la gestión autonómica actual del
sistema educativo que contempla
la Constitución. A esto se añade
que el Estado podrá llevar a cabo
acciones en dichos centros sin el
acuerdo de la Comunidad donde se
ubiquen los mismos.

En el consejo social de los centros
estarán presentes las organizaciones
sindicales “más representativas”,
lo que significa que, con la legislación
actual, centrales de ámbito
autonómico podrán estar en los
consejos sociales de centros de FP
de otras comunidades y, sin embargo,
centrales representativas de esa
comunidad no podrán estarlo por
no ser “más representativas” en el
ámbito estatal.

En estos centros, que ya han
empezado a ponerse en funcionamiento,
podrán realizar actuaciones
formativas los agentes
sociales. Actividades privadas organizadas
por entidades privadas,
aunque los centros y todas sus
instalaciones sean públicas, dando
un paso más en la privatización
de lo público, con la cesión para el
uso de las mismas.


PARA CONSEGUIR UN TÍTULO DE FP NO HABRÁ QUE PASAR POR CLASE



A.S.
La aprobación de la nueva
legislación en febrero ha
supuesto un paso más en la
privatización de la Formación
Profesional como nos lo
demuestra el que existan
comunidades, como la de
Madrid, donde más del 50%
de los ciclos formativos de FP
son ya impartidos en centros
de carácter privado. En realidad,
empresas privadas cuyo
objetivo principal es ganar
dinero, y todo esto se hace
con la complicidad de las
administraciones educativas y
de sus responsables políticos,
tanto del Partido Popular
como del Partido Socialista
Obrero Español.

Pero esto puede ir a peor.
Existe un proyecto de los
ministerios de Educación y de
Trabajo por el que proponen
que con tres años de experiencia
en un trabajo concreto y
con un examen, se obtenga un
título de Formación Profesional,
y aunque es de justicia
reconocer administrativamente
el trabajo realizado por personas
que no tienen titulación,
no debe hacerse dando un
título de FP, pues el reconocimiento
de la acreditación de
unos conocimientos laborales
(obtenidos con tres años de
experiencia) no debe ni puede
equipararse a un título de FP
de grado medio o superior
(cuyos estudios implican dos
cursos académicos de estudios
y prácticas laborales),
pues esto supondría una clara
devaluación de la Formación
Profesional.

El actual diseño de la FP, lejos
de cumplir el objetivo de integrar
y ordenar los tres subsistemas
existentes, responde a
la demanda empresarial y de
UGT y CC OO de que las enseñanzas
aporten al mercado
laboral trabajadores más
eficientes y rentables de forma
inmediata, pero que necesiten
de un proceso de aprendizaje.
Lo que en la jerga internacional
se denomina “aprendizaje
por toda una vida”. En realidad,
una provechosa fuente
de negocios para las empresas
o sindicatos que hacen de
la formación una fuente de
negocios.

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