VENEZUELA : COINCIDEN EN CARACAS LA CUMBRE DE LOS DUEÑOS DE LA PRENSA Y UNA CONTRACUMBRE PARA DENUNCIAR SU MAN
Contra la amenaza del “terrorismo mediático”

El Encuentro Latinoamericano contra el Terrorismo
Mediático señala a Reporteros Sin Fronteras como
“grupo de choque en la falsificación de la realidad”.

16/04/08 · 23:50
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CARACAS. Manifestaciones en apoyo al
presidente Hugo Rafael Chávez Frías / ABN

A finales de marzo tuvieron lugar en
Caracas dos eventos paralelos, divergentes
en sus enfoques, para hablar
sobre los medios de comunicación y
su influencia en la sociedad.
El primero fue la reunión semestral
de la Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP), que aglutina a los
dueños de comunicación impresos
en Latinoamérica. Apresuradamente,
la agencia de noticias estatal venezolana,
ABN, organizó un “encuentro
latinoamericano contra el terrorismo
mediático”, que comenzó
un día antes que el evento de la SIP.
El encuentro reunió a diversas organizaciones
(entre las que destacó
la Federación Latinoamericana de
Periodistas, FELAP), investigadores
y periodistas de 14 países del continente
y tuvo una amplia repercusión
internacional entre los medios corporativos
como CNN.

Varios ponentes explicaron a
DIAGONAL el porqué del término
usado: “terrorismo mediático”. Inspirados
en trabajos de Chomsky, fue
presentado por Eva Golinger como
“una actuación diseñada y cometida
con la intención de alterar conductas
y generar paranoia, agresión y
violencia en una sociedad; tergiversar
hechos positivos para crear un
ambiente hostil y negativo hacia un
Gobierno y construir realidades perversas
y aberrantes para demonizar
una persona, una entidad política o
Gobierno”. El comunicado final de
la cumbre afirma que “el terrorismo
mediático es condición necesaria del
terrorismo militar y económico”. El
periodista Freddy Fernández declaró
que “lamentablemente las víctimas
no son semiológicas, sino seres
humanos que pierden la vida cuando
no se hace un ejercicio ético de la
profesión”. Yuri Pimentel, director
del estatal Canal 8 venezolano, manifestó
que “los dueños de los medios
no son independientes de las
empresas que los controlan, ellos representan
los intereses de estas empresas.
Son mafias transnacionales
que no aceptan la existencia de procesos
que pongan en duda su modelo”.
Como parte de estas redes, el comunicado
señala a Reporteros sin
Fronteras (RSF), al que califican de
“grupo de choque (...) en la falsificación
de la realidad y la difamación
globalizada”.

El canadiense Jean Guy Allar denunció
la ocultación de los convenios
entre RSF y el International Republican
Institute (think tank republicano)
y cuestionó el origen de los cinco
millones de euros del presupuesto
anual que RSF dice recolectar por
venta de postales y álbumes de fotos.
En la declaración final se llama a
la creación de una internacional de
periodistas capaz de construir redes
para enfrentar la amenaza del terrorismo
mediático. También se propone
incorporar a la agenda de las cumbres
de presidentes latinoamericanos
el debate sobre el terrorismo mediático,
en concreto sobre el papel de
las multinacionales de la información,
la soberanía y las relaciones entre
Estado y medios.

Críticas a medios comunitarios

Tampoco faltaron las críticas hacia
los medios alternativos. Se criticó la
precariedad en que suelen trabajar
estos medios comunitarios, los modelos
gráficos utilizados y las deficiencias
en la calidad técnica y periodística.
Se planteó, asimismo, la
necesidad de descubrir fórmulas
propias en la generación de contenidos,
de formas de difusión, así como
la estética para presentar las noticias.
Vladimir Acosta manifestó sobre
Telesur “que tendría que superar
el modelo de CNN” y el periodista
Earle Herrera propuso que
“nuestros medios tienen que tener
un periodismo audaz, inteligente,
poético, creativo, imaginativo, imprevisible,
(...), que se convierta en
torbellino capaz de poner contra la
pared a los grandes medios”. La periodista
ecuatoriana Maria A. Calle
llamó a que “se establezcan mecanismos
efectivos de colaboración” para
derrotar al terrorismo mediático.
La SIP terminó su cumbre con
más de 13 resoluciones contra el
Gobierno venezolano acusándolo
de restringir la libertad de expresión.
Tan solo emitió una resolución
sobre Colombia sin mencionar
el oligopolio informativo (sólo
hay un periódico de tirada nacional,
del grupo Planeta) ni los asesinatos
y amenazas a periodistas en
este país (ver DIAGONAL nº 74).

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