CONFESIONES. La vicepresidenta del Gobierno, Fernández de la Vega, y Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal / Juan Carlos Rojas

Un cura metido a tertuliano
de los programas de
telebasura, llamado Padre
Apeles, dijo hace
unos años en una entrevista que “la
Iglesia es como Hacienda: somos
todos”, frase que encierra una falsedad
y una verdad. La Iglesia no
somos todos porque no todos los
españoles somos católicos; pero es
tan cierto como injusto que todos
somos Iglesia porque la financiamos,
queramos o no, cada uno de
los contribuyentes.

En la Ponencia Constitucional
que, de manera antidemocrática,
preparó el texto constitucional para
someterlo a referéndum, la Iglesia
estaba muy bien representada y pudo
respirar tranquila, como los
otros poderes fácticos del régimen
anterior, “ante el panorama de complicidades
que se abría entre los viejos
dirigentes franquistas y los nuevos
dirigentes de la oposición democrática”
(PSOE y PCE). El 27 de
diciembre de 1978 se promulgaba
la Constitución, en cuyo artículo
16,3, a la frase “Ninguna confesión
tendrá carácter estatal” añadía lo siguiente:
“Los poderes públicos tendrán
en cuenta las creencias religiosas
de la sociedad española y mantendrán
las consiguientes relaciones
de cooperación con la Iglesia
católica y las demás confesiones”.

La ambigüedad deliberada de este
texto despejaba el camino para que
el Estado español siguiese otorgando
a la Iglesia católica un trato de
favor. En efecto, sólo siete días después,
el 3 de enero de 1979, se procedía
a la firma de cinco Acuerdos
con la Santa Sede sobre asuntos jurídicos,
económicos, de enseñanza
y culturales, asistencia religiosa a
las Fuerzas Armadas y servicio militar
de clérigos y religiosos. Con
ello “la Iglesia recuperaba un cuasimonopolio
religioso en el pluralismo
nominal de la democracia española”.
Y el PSOE y el PCE se prestaron
a ello pactando con el frente
monárquico-católico-franquista,
para el que Felipe González vino a
ser ‘como agua de mayo’.

La interpretación abusiva del texto
constitucional y de los Acuerdos
de 1979 ha dado lugar a unas ‘prácticas
viciosas’ por parte de las autoridades
civiles, prácticas que han
acabado por imponer un confesionalismo
fáctico en el seno de las instituciones
que se supone nos representan
a todos los ciudadanos. Como
denuncia Puente Ojea, “el primer
responsable de esta situación
es, por razón de sus competencias
constitucionales, el presidente del
Gobierno, en quien recae a su vez la
responsabilidad de los actos públicos
del jefe del Estado”, es decir, el
rey. Y, en esta línea, el primer eslabón
de la cadena de atentados contra
el aconfesionalismo declarado
del Estado español es la presencia
del monarca en calidad de jefe del
Estado en la ofrenda anual o consagración
de España al Apóstol Santiago,
quien comienza con las palabras
“Señor Santiago...”, que Franco
pusiera de moda. De ahí para abajo:
ministros, presidentes autonómicos,
alcaldes y cualquier concejal se sienten
legitimados a acudir como cargos
públicos a las ceremonias de la
Iglesia, ante el entusiasmo de la
Conferencia Episcopal, que ve en estas
conductas simbólicas la confirmación
de su poder fáctico.

Pero no sólo de símbolos vive el
clero, sino también de fondos públicos;
fondos que no se canalizan a las
corrientes más progresistas dentro
de la Iglesia, como los cristianos de
base, sino a las más integristas
(Opus Dei, Lumen Dei, Legionarios
de Cristo, etc.) donde se cobija la extrema
derecha española y sus fanáticos
‘provida’. Gracias al Estado español
a día de hoy todos estos grupos
constituyen un poderosísimo
lobby propietario de importantes
medios de comunicación. Sin duda,
el saldo de la democracia para la
Conferencia Episcopal no puede ser
más favorable: mantiene los viejos
privilegios económicos y, dado que
ya no tiene corresponsabilidad en el
Estado, puede criticar al Gobierno
de turno cuando le conviene (la vociferante
COPE es botón de muestra).

La Iglesia española no duda en
morder la mano de quien le da de
comer porque sabe que sus privilegios
están atados y bien atados.
Tras los gobiernos del Partido
Popular, en los que la Iglesia se sintió
tan omnipotente como en los
viejos tiempos de la dictadura franquista
(el proyecto de restituir la religión
católica como asignatura
obligatoria apuntaba en esa dirección),
las promesas electorales que
Zapatero se vio obligado a realizar
para arañar votos por su izquierda
(ampliación de la Ley de Interrupción
Voluntaria del Embarazo, regulación
del matrimonio entre homosexuales,
investigación con embriones,
paralización de la reforma
educativa de Aznar...) parecieron
inquietar a los obispos, que movilizaron
a sus huestes ultraconservadoras
contra ellas. Sin embargo, este
ruido de sables fue –y es– pura
traca electoralista. En julio de 2004,
con Zapatero ya al frente del Gobierno,
el obispo auxiliar emérito
de Valencia se felicitaba por la buena
entente entre “La Rosa y la
Cruz”, por ese “catolicismo laico” o
“laicismo católico”, que, según él,
practica la mayoría de españoles.

Zapatero no ha defraudado a la
Iglesia católica, que sabe que con el
PSOE toda cesión de privilegios
aquí se compensa con la obtención
de otros equivalentes allá: la reciente
aprobación de la subida del
0’52% al 0’7% de bocado en el IRPF
lo demuestra. De las famosas promesas
electorales, Zapatero ha incumplido
la que atañe más directamente
a las mujeres, la ampliación
de los supuestos legales para la interrupción
voluntaria del embarazo,
y los fanáticos ‘provida’ han renovado
sus agresiones. Mientras el
circo mediático escenifica imaginarios
desencuentros” entre el PSOE
y la Conferencia Episcopal, el partido
socialista vuelve a utilizar la (no)
reforma de la ley del aborto para
conseguir votos “de centro”.

La jerarquía eclesiástica acusa al
actual Gobierno de “laicismo radical”,
pero sabe igual que la patronalque
con el PSOE las cosas no van a
cambiar sustancialmente, pues sus
dirigentes siguen fieles al compromiso
con los pactos Iglesia-Estado
ratificados de espaldas a la ciudadanía
hace justo 30 años.