ENTREVISTA: OFELIA TEJERINA, ABOGADA DE LA ASOCIACIÓN INTERNAUTAS
“Con la futura ley, cualquier ayuntamiento podría cerrar una página web”

El plazo para presentar alegaciones al anteproyecto
de Ley para el Impulso de la
Sociedad de la Información (LISI) terminaba
a mediados de enero con polémica sobre
su artículo 11, que capacitaría al “órgano
administrativo competente” para clausurar
páginas web, competencia que hasta ahora
sólo correspondía a los jueces.

18/01/07 · 0:00
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Eric Drooker

La LISI vendría a sustituir a la actual
Ley de Servicios de la Sociedad
de la Información y el Comercio
Electrónico (LSSICE). El
anteproyecto de ley para su reforma
fue sometido en septiembre a
consulta pública y varios colectivos
de usuarios, juristas y sociedades
gestoras de derechos de autor
han presentado alegaciones. Hablamos
con la abogada de la Asociación
de Internautas sobre la futura
ley, cuyo proceso de elaboración
está pasando, una vez más,
prácticamente desapercibido.

DIAGONAL: Que el Gobierno
pueda capacitarse con la futura ley
para cerrar páginas web sin mandamiento
judicial es uno de los
puntos más polémicos del anteproyecto.
¿Qué habéis alegado
desde Internautas?

OFELIA TEJERINA: Que se vulneraría
así una de las libertades
fundamentales de cualquier persona,
la libertad de expresión.
Con esta ley en la mano cualquier
ayuntamiento podría interpretar
que se le permite cerrar una página
web a su libre albedrío. Lo publicado
en páginas de internet
puede ser una publicación en el
sentido constitucional de tal modo
que sólo los jueces podrían ordenar
el secuestro de publicaciones.

En la llamada Sociedad de la
Información tenemos el comercio
y servicios en general, y las comunicaciones
electrónicas, que hay
que regular. Pero hay que ver hasta
qué punto se pueden suprimir
libertades y derechos fundamentales.
En este sentido, el siguiente
paso que creemos que se va a dar
en este camino de despropósitos
es facilitar la interceptación de comunicaciones,
con el parapeto de
garantizar la investigación y persecución
de supuestos delitos. Su objetivo
final, sin embargo, pensamos
que es el de eliminar las
páginas que les estorban en la actualidad,
las de intercambio de archivos
P2P [famosas por su uso para
descargar música, imágenes,
películas, etc.], un ámbito protegido
por el secreto a las comunicaciones
porque, en realidad, es un
sistema para el intercambio de información.
Ceder a estas demandas
sería ceder ante las presiones
de determinados intereses más
propios de tiempos dictatoriales,
con la represión de la libertad de
expresión, que de los actuales.

D.: Las sociedades gestoras de derechos
de autor, como la SGAE,
también han presentado sus alegaciones
al anteproyecto de ley,
¿qué plantean?

O.T.: Entre otras cosas, exigen erigirse
también en “órganos competentes”
para controlar y censurar
páginas web, con capacidad y criterio
propios, además de las administraciones
y los jueces. Pretenden
fiscalizar libremente las páginas
web en aras a la protección de los
derechos de propiedad intelectual,
especialmente si facilitan los intercambios
P2P. Ellos son, de hecho,
órganos competentes en la protección
de derechos en materia de propiedad
intelectual, pero con límites,
pues no olvidemos que no dejan de
ser una asociación privada.
Debemos hacer saltar la alarma sobre
este punto porque podrían multiplicarse
situaciones degradantes
como las que ya plantea nuestro
Código Penal, como por ejemplo,
que se proteja más el derecho de
autor que los derechos de los menores.
En la actualidad, la sanción
penal prevista para el supuesto de
una distribución de DVD originales
de pornografía entre menores de
edad es inferior en un año de prisión
a la prevista para el supuesto
de distribuir DVD piratas a un precio,
pongamos, de cinco céntimos.

D.: ¿Crees que el anteproyecto
será aprobado con sus aspectos
más conflictivos?

O.T.: Si apelo a mi sentido común,
te diría que no. Ni siquiera tiene
cabida en un sistema constitucional.
Pero ya estamos cansados de
ver casos, con ojos como búhos,
fuera de lugar, del sentido común
y de la ley. El problema es que entramos
en año electoral y ningún
partido quiere entrar a barrer porque
se levantaría demasiado polvo.
Ni Gobierno ni oposición están
haciendo nada ante una situación
tan grave como ésta. Sin embargo,
queremos confiar en que todavía
se puede llegar a un acuerdo.

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