Los miembros de Nuevas Gene­raciones (NNGG) del PP de Castellón se sienten “muy orgullosos de la inmensa mayoría” de profesores de la educación pública, “no así de la minoría que confunde la cátedra con el escaño”. Lo especifican en el punto dos del manifiesto explicativo de su campaña #Quenotelíen, que en una especie de macarthismo suave pretende hacerse eco y denunciar “ante las autoridades competentes” el “adoctrinamiento” en las aulas valencianas que “nace de la izquierda y va contra los recortes y contra el PP”, tal como puntualizaba hace unos días la integrante del Comité Ejecutivo de NNGG de Castellón, Lucía Clemente, a una tuitera indignada.

Entre las ideas presuntamente doctrinarias que tanto preocupan a los cachorros populares, se encuentran, por ejemplo, las críticas a la política de grandes fastos que ha caracterizado en los últimos años al Gobierno valenciano y que gran parte de la población, dentro y fuera de la zona, considera uno de los motivos de las actuales oleadas de recortes en servicios sociales básicos. Al respecto, el presidente de las NNGG castellonenses, Gonzalo Bautista, se lamentaba en declaraciones al periódico Levante-EMV de que haya profesores que “critiquen y se mofen” del aeropuerto sin aviones de Castellón.

Por ello, los jóvenes del PP han habilitado una dirección de correo electrónico para que los estudiantes valencianos les trasladen “de forma anónima” sus quejas al respecto. En ese sentido, Bautista asegura que “no quieren saber de ningún profesor, sólo lo que pasa en clase en general”, y que la información que reciban la procesarán en forma de “denuncia general y pública sin detalles”, ya que su única intención es “ver el alcance del problema” y “no tomar medidas contra nadie”. No obstante, este extremo contrasta con las declaraciones que hizo a varios medios, donde Bautista afirmaba que esas denuncias se trasladarían a “los organismos competentes”, es decir, a la Conse­lleria de Educación. Preguntado al respecto, Bautista indica que lo trasladado a la Administración será “sin nombres y meramente informativo”.

Los docentes denunciarán

No está de acuerdo Vicent Maurí, portavoz del Sindicat de Treballa­dors i Treballadores de l’Ensenya­ment del País Valencià (STEPV), organización que va a presentar un escrito ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valencia para que investigue la campaña de NNGG y la paralice en caso de que encuentre algún delito. Maurí especifica que el abogado del sindicato ha sustentado su denuncia en la presunta comisión de los delitos de “incitación al odio y violencia contra el profesorado, inducción a la comisión de actuaciones irregulares como desvelar situaciones amparadas por la Ley de protección de datos, y coacción a la libertad ideológica y de cátedra de los docentes”.

Y de manera más amplia, lo que no dudan tanto Maurí como Julián Jiménez, maestro de Geografía e Historia y portavoz de la Coordinadora de Profesorat Interí, es que la campaña de NNGG de Castellón se enmarca en una estrategia mayor orquestada por el PP autonómico y nacional cuya intención es “machacar a los profesores y desprestigiar los centros públicos para influir en las personas a la hora de elegir colegios, que lleven a sus hijos a centros concertados y privados y cargarse así la educación pública”, en palabras de Jiménez. El portavoz del STEPV va más allá al afirmar que los dirigentes del PP ponen a los jóvenes “en el disparadero” a la hora de ubicar “a la opinión pública contra el profesorado” con una forma de proceder “copiada del Tea Party estadounidense” para favorecer la iniciativa privada neoliberal.

“Desde hace mucho nos acusan del fracaso escolar y ahora del adoctrinamiento”, explica Maurí, quien atribuye estos esfuerzos del PP valenciano a que “pretenden controlar el sistema educativo público”. “[El anterior conseller de Educación] Font de Mora ya afirmaba que era una ‘anomalía’ que en Valencia hubiese una mayoría conservadora que votaba al PP mientras que en la educación pública la mayoría fuera de izquierda progresista”, apunta el sindicalista, quien recuerda que con el anterior titular de Educación “se desviaba dinero a asociaciones conservadoras de Padres y Madres (AMPA) y sindicatos corporativos, se nombraban inspectores afines y se coaccionaba a los funcionarios con procedimientos judiciales”, como la denuncia contra el director del instituto de Monforte del Cid, a quien pretendían castigar por poner una foto al revés de Font de Mora, pero al que la justicia acabó dando la razón.

Así, el portavoz de STEPV concluye que esta intención de desacreditar al profesorado se debe a que los líderes populares “ven que hay una contestación social a sus políticas y ven que los profesores son críticos, y por ello quieren atemorizarlos”, ya que, a su juicio, si realmente existiera ese adoctrinamiento, “los padres pueden defender legalmente sus intereses ante la inspección de Educación o incluso los tribunales, pero la delación anónima tiene otra finalidad y puede provocar situaciones de violencia en los centros o consecuencias como que un profesor suspenda a un alumno por el motivo que sea y que éste le acuse y denuncie por adoctrinamiento”. Tanto Jiménez como Maurí han resaltado un caso acaecido en el IES Clara Campoamor de Elche, donde antes de la reciente huelga de interinos que tuvo lugar en el País Valencià y que se prolongó durante seis jornadas, un grupo de padres denunció a un profesor por el mero hecho de explicar a los alumnos “los motivos de las movilizaciones y por hablar en valenciano”.

Por su parte, Jiménez asegura que campañas como la de NNGG son “intentos de acabar con la educación pública matando su nervio, que somos los profesores”, y al respecto recalca que esta persecución a los docentes “no se hace” en centros privados y concertados. “De esos lugares no dicen nada aunque en ellos no exista libertad de cátedra y los profesores sólo puedan hablar de lo que dicte el director del centro”, considera el maestro interino, quien también critica que el PP “tampoco se pronuncia sobre los centros privados que no dan parte del temario obligatorio de filosofía, como puede ser Marx o la Ilustración. Esta situación ni siquiera se controla porque no les interesa”.

Porque casos de adoctrinamiento de los que no ponen al PP en guardia también se dan en la educación pública valenciana. Por ejemplo, uno de los argumentos de los jóvenes populares es que se “imponga” el valenciano a los escolares. Éste es un tema complejo puesto que el mapa lingüístico del País Valencià no es homogéneo como el catalán y es difícil hablar de hegemonía de un idioma sobre el otro, además de existir la pugna entre los valenciano parlantes que reconocen el valenciano como una derivación del catalán y el anticatalanismo que otorga al valenciano entidad propia. No obstante, que el profesor de la carrera de Magisterio de la Universidad Jaume I de Castellón, Francisco Javier Gonzá­lez Darder, trate de “demostrar la inutilidad del valenciano” se aleja de esa neutralidad pedagógica que reivindica el PP en la educación pública.

Otros casos de presunto adoctrinamiento se han dado en la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, centro que, junto a la Universidad Católica de Valencia y la Valencian International Univer­sity, fue creado en 1996 por el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, a raíz de una lucha entre éste y el antiguo rector de la Universidad de Alicante, Andrés Pedreño. La UMH fue concebida para servir de contrapeso en la educación superior a esa mayoría “anómala” de izquierdas de la que hablaba Font de Mora, lo cual explica que hace unos años el centro otorgara el Honoris Causa a Gerardo Díaz Ferrán, reconocimiento que le fue retirado hace poco más de un mes por sus condenas.

Actualmente, en la UMH ejerce de profesor asociado del área de Derecho Constitucional Enrique Fliquete, abogado de cabecera del PP aupado por Camps al Consell Juridic Consultiu de la Generalitat y que, entre otros, lleva el caso de los tránsfugas del Ayuntamiento de Benidorm. Imparte la asignatura de Derecho en la facultad de Perio­dismo, y durante sus clases tilda de “pancarteros” a los estudiantes críticos, según afirma uno de sus alumnos, comportamiento docente que dice mucho de la preocupación del partido por no lesionar la libertad ideológica de los jóvenes en formación.