VALENCIA // EL AYUNTAMIENTO (PP) EXPULSA A LOS INVESTIGADORES DE LOS ARCHIVOS
Carta blanca para la destrucción de las fosas

En un libro sobre la violencia el autor se pregunta
qué pasa con las víctimas del holocausto
cuyos cuerpos fueron incinerados. Es como si
sus asesinos hubieran conseguido que nunca
existieran. Recientemente, en Valencia, el
Tribunal Superior de Justicia de la comunidad
retiró la protección sobre las fosas del cementerio
de la ciudad, permitiendo su destrucción.

27/12/07 · 0:00
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FOSA COMÚN. Una valla rodea el
terreno en el que se encuentra la fosa
donde pretenden construir / Eva Máñez

La sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Valencia (TSJV), que
se hizo pública el 23 del pasado
mes de noviembre, revoca la resolución
dictada en primera instancia
(del 12 de diciembre de 2006) que
protegía las fosas comunes del cementerio
de Valencia paralizando
las obras que pretendían edificar
unos nichos sobre ellas. Bajo la superficie
de dicho cementerio yacen,
sin siquiera poner sus nombres o
ser reconocidas como tales, las víctimas
de la represión franquista en
esta ciudad levantina, una de las últimas
capitales republicanas en
caer y que acogió a miles de refugiados.
La cifra oficial de muertos
es de 6.000, pero el Fórum per la
Memòria del País Valencià (FMPV)
calcula que fueron más de 26.000.

La decisión del TSJV, caracterizado,
según la abogada del Fòrum,
Merce Teodoro, por fallar contra
todas las iniciativas de los movimientos
sociales valencianos, parece
netamente política y deja la Fosa
Común de la Sección 7ª Derecha -única que queda sin destruir- desprotegida
y a merced del Ayuntamiento
de Valencia. Dicho Ayuntamiento
está en manos de la alcaldesa
Rita Barberá, del PP. La misma
que no tuvo reparo alguno en
remover, apenas el año pasado, la
tierra de la enorme fosa común, cuya
existencia fue revelada a la presidenta
del Fòro per la Memòria,
Amparo Salvador, por un anónimo
familiar de uno de los allí enterrados,
llegando a cargar la tierra y los
restos mortales en camiones para
ser trasladados a otra ciudad. El
concejal de Esquerra Unida informó
al alcalde socialista de dicha
ciudad y éste se negó a que descargaran
allí. Los camiones tuvieron
que volver al cementerio de Valencia.

Las fotografías de los huesos
fue reproducida profusamente, pero
ni siquiera esto sirvió para que
Barberá se disculpara.
El archivo del cementerio, en
espera de una catalogación como
documento histórico -pedida por
el mismo Fòrum-, no está considerado
como archivo sino como
mera oficina de información municipal.
Los investigadores visitaban
semanalmente los archivos y
transcribían minuciosamente los
datos de lo que no dudaban en considerar
“la fosa común más grande
de Europa” y que no se puede negar
ya que se cometió un genocidio
en Valencia. Se tiene constancia de
más de 26.000 enterrados en fosas
comunes frente a 90.000 personas
que había censadas en aquel tiempo.
“Sólo queda pedir una declaración
internacional de genocidio para
el Franquismo”, afirman.

En un primer momento, en los
momentos más duros de la represión,
no dudan en poner en los registros
de enterramientos del cementerio,
directamente, fusilado o
ejecutado. El paso del tiempo, pero
no el fin de la represión, va sustituyendo
esta fórmula por otras más
eufemísticas como “fractura cráneo-
encefálica”. Los investigadores
del Fòrum relatan que una de
las cosas más terribles es reconocer
la misma letra de la misma persona
rellenando las macabras fichas
año tras año.

Como los libros de registro de las
personas arrojadas a las fosas, aunque
son la prueba fehaciente del
genocidio que el Franquismo perpetró
en Valencia, no están considerados
tampoco como archivos,
los investigadores tenían que hacer
sus investigaciones acompañados
de un notario que levantara acta de
lo que iban descubriendo. Por temor
a que dichos libros y registros
“desaparecieran” el Fòrum requirió
la presencia de un notario para
que levantara acta de la existencia
de dichos libros incluso con fotos
de los mismos y que fue depositada
en el juzgado correspondiente.

La sentencia ya ha tenido sus
efectos: el director del cementerio,
Santiago Alcázar, expulsó a los investigadores
del Fòrum alegando
que, “como había salido la sentencia,
tenía ordenes de sus superiores”.
A raíz de esto, han publicado
un comunicado denunciando las
trabas y la negación del derecho al
acceso a la información.
El Fòrum va a recurrir en amparo
ante el Tribunal Constitucional
por entender que el TSJV ha vulnerado
varios derechos fundamentales.
Y como esto no paraliza la sentencia
que da carta blanca para edificar
sobre la fosa, destruyéndola
así, van a pedir la intervención del
Consejo de Europa y del Gobierno
del Estado para protegerla. También
van a convocar a las asociaciones
y entidades de Valencia a un
acto unitario de desagravio a las
víctimas del Franquismo.

En su página web (www.forumperlamemoria.
org
) se puede consultar
el listado de la gente enterrada
en las fosas del cementerio de
Valencia.

Memoria franquista del PP
_ El Ayuntamiento de Valencia
perteneciente al Partido
Popular intenta, por un
lado, construir 1.030
nichos sobre la Fosa
Común de la Sección 7ª
donde fueron enterrados
los represaliados por el
Franquismo y, a la vez,
regala al Arzobispado de la
misma ciudad los terrenos
en el lugar más caro de la
ciudad para construir el
«macrosantuario» en
memoria de las «víctimas
inocentes de la santa cruzada».
Hace poco el arzobispo
de Valencia, García
Gascó, aclaró en una carta
pastoral -contra la recuperación
de la memoria histórica-
quiénes eran esas
víctimas anunciando, de
paso, su canonización.
Eran cientos de mártires,
«inmensos perdonadores»,
que murieron a manos del
«odio a la fe cristiana».

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