Carpetazo a la justicia

En la denuncia que hemos
interpuesto ante el Juzgado
número 5 de Baltasar
Garzón, esto es lo que ha
pasado: ‘para empezar vamos a ver
que los responsables están muertos’.
‘Vale, lo están. Gracias por participar.
Adiós’. Nos han devuelto a las
Audiencias Provinciales, de donde
partió todo y donde tienen la orden
de la Fiscalía de archivar los casos
porque los ven como prescritos.
Muchas asociaciones han encontrado
en estos juzgados territoriales el
desprecio y la humillación. La esperanza

27/11/08 · 0:00
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En la denuncia que hemos
interpuesto ante el Juzgado
número 5 de Baltasar
Garzón, esto es lo que ha
pasado: ‘para empezar vamos a ver
que los responsables están muertos’.
‘Vale, lo están. Gracias por participar.
Adiós’. Nos han devuelto a las
Audiencias Provinciales, de donde
partió todo y donde tienen la orden
de la Fiscalía de archivar los casos
porque los ven como prescritos.
Muchas asociaciones han encontrado
en estos juzgados territoriales el
desprecio y la humillación. La esperanza
de los que llevan 72 años sufriendo
las formas de los militares
alzados y sus correligionarios se ha
fulminado de la manera más cruel,
más cínica y más chapucera posible,
en contra de las obligaciones que el
Estado y su sistema judicial tienen
como parte de los pactos entre naciones
mínimamente civilizadas.

Hace tiempo que sabíamos que
este camino no era el correcto, pero
no podíamos ni sospechar que se
iban a quitar de encima esta verdad
incómoda con esta falta de vergüenza.
Básicamente, hay dos vías para
afrontar el problema de la impunidad:
la vía política y la judicial. La
política se extinguió con la llamada
Ley de la Memoria Histórica. Esta
ley, que no es nada parecido a lo que
se exige internacionalmente a países
que han sufrido catástrofes similares,
se limitaba a una reparación
moral y una escasa reparación económica.
Ahora acaba de salir la normativa
que regula las ayudas económicas:
tienes que demostrar que tu
familiar murió defendiendo los derechos
y libertades fundamentales
contemplados en la sección primera
del Capítulo II del Título Primero
que adorna nuestra bonita e ineficaz
Constitución. Por supuesto, vuelven
a ser los familiares los que tienen
que hacer la investigación, reunir las
pruebas y otro penoso etcétera. ¿Y
qué pruebas se supone que deben
aportar aquellos familiares que lo
único que saben es que se los llevaron
los fascistas y no les volvieron a
ver? ¿Y aquellos de cuyos familiares
la administración no encuentra los
sumarios de los consejos de guerra?

El Gobierno de PSOE tendrá que
asumir la responsabilidad política
de haber designado a un fiscal que
se ha abstenido de instar a los fiscales
de los juzgados territoriales a que
se personen como acusación pública
en las denuncias relacionadas
con los asesinatos del Franquismo.
En la práctica ha hecho todo lo contrario,
instándoles a que se archiven.

Al cerrarnos el Gobierno la vía política
y el poder judicial la suya, solo
nos queda la opción de volver a la
humillación de ver archivar las denuncias
en los juzgados territoriales
e ir recurriendo uno a uno cada archivo
de cada denuncia hasta llegar
dentro de diez años al Tribunal Supremo,
o elegir la vía de interponer
una denuncia colectiva ante el Tribunal
Internacional de Derechos
Humanos de Estrasburgo o ante el
Comité de DD HH de la ONU.

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