PROPIEDAD INTELECTUAL | LAS RECLAMACIONES EN LOS TRIBUNALES SERÁN DESESTIMADAS
El canon digital lo pagaremos entre todos

Dos años después de que la UE considerara abusivo e indiscriminado el canon, el ministro Wert decide que se pague a través de los Presupuestos Generales del Estado.

07/12/12 · 11:37
Edición impresa

El pago del canon digital pasa de ser una medida indiscriminada e injusta, según proclamó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a pagarse con dinero público, a cargo de los presupuestos generales del Estado. Además, los cobros del canon realizados antes de 2012 no tendrán derecho a devolución, aunque la reclamación por cobro indebido esté en los tribunales.

“El mensaje que se lanza es que las entidades de gestión de derechos de autor no deben preocuparse por ese dinero que cobraron de forma injusta. No importa que no deberían haberlo hecho, el Gobierno da por bueno el cobro”, explica Kenneth Peiruza, de Pirates de Catalunya, responsable de la filtración del borrador del Real Decreto para la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y la regulación del procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada, el nuevo “canon”. El partido Pirates de Catalunya los ha filtrado a la opinión pública, porque consideran que “falta un debate ciudadano” sobre estas medidas legislativas, según el candidato para las elecciones catalanas del 25N Josep Jover.

La modificación de la LPI se lleva a cabo por medio de un procedimiento de extraordinaria y urgente necesidad, que no parece tal al haber pasado dos años desde que el TJUE declarara abusivo el canon digital y casi un año desde que fuera derogado por el Gobierno actual. La urgencia no se entiende “a menos que se pretenda pasar por alto todo control por parte de la opinión pública y de los usuarios” y además se quiera crear “una nueva amnistía por parte del Gobierno, esta vez para entidades de gestión que han realizado unos cobros injustos”, afirma Peiruza. Jover cree que de esta forma “se intenta proteger los intereses de las multinacionales –básicamente estadounidenses–. Como se ve que la Ley Sinde está fallando, quieren poner una nueva capa modificando la LPI”.

Para Simona Levi, del colectivo X.net, esto empeora mucho la situación, ya que “se insiste en la tendencia legislativa que se está frenando constantemente (SOPA, ACTA, Ley Sinde) de transformar a los operadores de telecomunicaciones en policía del copyright, en lugar de que sean jueces y cauces legales normales los que digan qué es delito o no”. La activista también critica que “se aleja todavía más de la defensa del compartir. Llega al absurdo que si una persona compra un CD no lo pueda disfrutar colectivamente con su pareja en casa o con su amigos”.

El cálculo del nuevo pago que sustituye al canon, llamado “compensación equitativa por copia privada”, se realizará bajo la instrucción de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro (artículo 4.2), cuando los editores de libros son beneficiarios del 45% de la compensación por libros y publicaciones asimiladas (artículo 5c). “La Directiva Europea excluye a las editoriales de recibir el canon digital y España es el único país de la UE en el que los editores pueden cobrar por la propiedad intelectual y donde vienen a cobrarlo”, afirma el candidato Jover. Además, cree que este poder se concede a las editoriales como “pago del PP por las declaraciones del presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara Bosh, contra la independencia de Catalunya”.

Otro de los puntos de la reforma es la obligación de las páginas de enlaces de indicar el derecho a enlazar las obras. “Se trata de que cada página de enlaces cuelgue de forma proactiva todos los permisos para hacerlo”, explica Kenneth. Si no lo hacen, la sanción podrá llegar a los 150.000 euros, según el texto legal. Sin embargo, “hay páginas que no podrán cumplir con esta obligación porque la naturaleza de la página lo impide, como por ejemplo un directorio de cultura libre que podría ser sancionado por ofrecer un servicio que, aparte de no ser ilegal, es muy importante para la sociedad”, cuenta.

La ley tiene una gran parte que regula las entidades de gestión, pero según la activista Simona Levi “la reforma de las entidades de gestión es cosmética, no afronta los temas clave como las tarifas abusivas marcadas por las propias entidades, ni establece un control real sobre sus decisiones”.

Pirates de Catalunya denuncia también que se haya dejado de lado otros modelos de gestión diferentes en los que no se necesitan intermediarios. Sin embargo, para Levi es una buena noticia que se deje fuera de la regulación a las licencias abiertas, pues “en otros países destrozan la voluntad transformadora del creative commons obligando a que todo contenido pueda tener un uso comercial”.

Mayor control gubernamental

La empresa Google publica en su informe de transparencia que en los últimos seis meses ha recibido 1.791 solicitudes de organismos gubernamentales para la retirada de contenidos, 2.550.419 solicitudes por propietarios de derechos de autor y representantes para la retirada de URL, 20.938 solicitudes de datos de usuarios por parte de organismos gubernamentales y tribunales. Las cifras están muy por encima de la media de otros años y cada vez son mayores.

En España, las solicitudes de retirada de contenido recibidas por Google aumentaron un 60% respecto a otros años, y además está entre los 10 países que más solicitudes de datos de usuarios realizaron.

El aumento del control gubernamental no sólo es notable en cifras, sino también en medidas legislativas. El pasado jueves entró en vigor una instrucción de la entidad pública Red.es que permite expropiar y cerrar dominios por “motivos de interés general”. Esta norma limita el Plan Nacional de Nombres de Dominio de 2005, que simplificaba los criterios para conseguir el dominio “.es”. Los que sean declarados de interés general serán cancelados y reasignados al sujeto que lo represente, sin más indemnización para el ocupante del dominio expropiado que el pago de la última modalidad de asignación o renovación del dominio.

El integrante del Partido Pirata considera que “la norma ofrece suficientes motivos –y suficientemente ambiguos– como para expropiar casi cualquier dominio .es” y su candidato a las elecciones del 25N añade que “lo que no se puede cerrar por respeto a la libertad de expresión sí que podrá ser expropiado por motivos de interés general que esconden causas económicas o políticas”.

Imprimir Imprimir
Versión PDF PDF
Enviar
Corregir
+A Agrandar texto
+A Disminuir texto
Licencia

comentarios

0