ANÁLISIS // LAS VÍCTIMAS BUSCAN REPARO EN ARGENTINA POR SU LEGISLACIÓN
Buscando justicia fuera

El autor explica los motivos que han llevado a las asociaciones de víctimas a
recurrir a los tribunales argentinos tras el carpetazo a su causa en el Estado.

, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III.
18/12/12 · 2:55
JUICIO A REPRESORES. Raúl Antonio Guglielminetti y Eugenio Pereyra Apestegui en un juicio por crímenes de lesa humanidad en Argentina. / Nicolás Pousthomis / Sub.coop

La decisión de víctimas y asociaciones de víctimas de la represión franquista de acudir a los tribunales argentinos para reclamar allí una justicia que les resulta negada en España resulta una decisión acertada tanto jurídica como políticamente. Se trata, quizá, de la última esperanza para que las personas represaliadas por el Franquismo vean reconocidos sus derechos a la verdad, justicia y reparación. Derechos que les corresponden en cuanto víctimas de graves violaciones de derechos humanos y cuya satisfacción compete, de acuerdo con el Derecho Internacional, al Estado; en este caso, al Estado español, que, desde la reinstauración de la democracia en 1978, ha optado por el olvido de las víctimas y la impunidad de los victimarios.

La elección de la sede judicial argentina no fue gratuita. Argentina ha logrado consolidar una agenda de justicia transicional que le permite enfrentarse directamente a los crímenes de sus juntas militares. Además de políticas de memoria que contribuyen a dignificar el recuerdo de las víctimas y sus valores, hoy se celebran en sus tribunales procesos contra militares, torturadores y autores de graves violaciones a los derechos humanos acaecidas en su pasado dictatorial (mientras que aquí –como hemos visto recientemente– se indulta a miembros de la policía condenados por torturas).
Es más, la lucha contra la impunidad de los crímenes contra la humanidad en Argentina ha logrado adquirir rango constitucional. Su Constitución incorpora el principio de jurisdicción universal, que garantiza la primacía de los derechos humanos y que permite juzgar tales crímenes en su sede judicial, aun cuando no se hubieran cometido en su territorio y ni víctimas ni victimarios tuvieran dicha nacionalidad. La gravedad de tales crímenes hace que toda la humanidad sea víctima de los mismos. En consecuencia, cualquier tribunal puede y debe juzgarlos, siempre que los tribunales del país donde se cometieron los hechos no realice una investigación real y efectiva. Así ha pasado en España, donde la investigación brilla por su ausencia. En estas condiciones, aplicar la jurisdicción universal de la forma que lo ha hecho Argentina supone tomarse los derechos humanos en serio.
Nótese la diferencia con el caso español. Mientras en Argentina la persecución de tales crímenes está garantizada a nivel constitucional,
en España el último gobierno del PSOE –con el acuerdo del PP, cómo no– impulsó una reforma legal para que este principio, que estaba incorporado en nuestro Derecho, se limitara a aquellos casos en que las víctimas o los culpables fueran españoles o, si no, existiera una conexión de relevancia entre España y el caso. La consecuencia fue que asuntos que se estaban siguiendo en nuestros tribunales por graves violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno israelí en Gaza o por el gobierno chino en el Tibet fueron archivados. El mensaje que se dio en términos de derechos humanos era claro: fue un triunfo de la impunidad frente a los derechos de las víctimas.
 
Con este panorama, no es de extrañar el recurso a la jurisdicción argentina. Mientras allá se daban los primeros pasos del proceso,
los tribunales españoles se encargaban de ir enterrando las esperanzas de una investigación judicial de los crímenes del Franquismo. Finalmente, la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2012 –dictada en el marco del llamado “caso Garzón”– se encargó de dar carpetazo a este asunto. En palabras del propio Tribunal, el derecho a conocer la verdad no forma parte del proceso penal. Quizá no haya otra frase más frontalmente opuesta que ésta al camino que desde hace años viene recorriendo el derecho internacional sobre las obligaciones de los Estados de satisfacer el derecho a la verdad, a conocer lo sucedido, a investigar los hechos y, en su caso, a sancionar a los culpables. Por si fuera poco, también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contribuye al
olvido de las víctimas.
 
Ante el desprecio que el poder judicial español muestra por las víctimas, el derecho internacional y los valores de justicia que la Constitución de 1978 dice proteger, Argentina es hoy la última esperanza. Una esperanza en la que creemos –y por la que debemos apostar– todas las personas que trabajan por un mundo y una sociedad basada en la universalidad y la primacía de los derechos humanos.
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