Más de tres décadas después de su ascensión al trono, la familia real continúa figurando como el primer tabú informativo del Reino. La querella contra un articulista y dos dibujantes vascos presentada a principios de enero fue el último caso de una variada lista de personas sancionadas por ‘injurias al rey’. Una protección informativa a la que se añade un pacto de silencio sobre las críticas a la corona escrupulosamente respetado por los grandes medios. DIAGONAL repasa este blindaje mediático que supone, todavía hoy, la principal columna sobre la que descansan los mitos de una Transición en apariencia intocable.
Cuando el 14 de abril se celebra el 76
aniversario de la II República española,
decir que las críticas al monarca
siguen siendo un riesgo para
quien las formula son algo más que
palabras de un mitin republicano.
Para el escritor satírico Nicola Lococo,
la conocida impunidad del rey en
los medios pasó del tópico a traducirse
en una querella por parte de la
fiscalía el pasado mes de enero.
El motivo: un artículo humorístico
(‘Las tribulaciones del Oso Yogui’)
publicado en los diarios vascos Gara
y Deia, y en el que el conocido animal
de dibujos comentaba las acusaciones
formuladas a Juan Carlos por
la caza de un oso borracho. Un texto
en apariencia inocente, pero donde
la fiscalía encuentra una larga serie
de faltas. “Injurias al rey”, “atentado
a la corona” e “insultos a la familia
real” son algunas imputaciones que,
junto a mostrar que en algunos círculos
la broma no hizo apenas gracia,
hacen dudar de la libertad de
prensa en la democracia española.
“Una historia absurda”
Con el mismo problema se han encontrado
Josetxu Rodríguez y Javier
Ripa (Rodríguez & Ripa), caricaturistas
del suplemento humorístico de
Deia, Caduca Hoy. El 28 de octubre,
tres días antes del mencionado artículo,
publicaron en la portada del
suplemento un montaje sobre la
polémica cacería del monarca. En
respuesta, la querella de la fiscalía
parece identificar el artículo y la foto
como parte de una misma campaña,
por lo que solicita a Garay Deia a revelar
el nombre de sus colaboradores.
“Es un poco absurdo”, afirma a
DIAGONAL Josetxu Rodríguez,
“porque Rodríguez & Ripa no es un
seudónimo, sino nuestros apellidos”.
También Nicola Lococo define el
caso como “una historia absurda
donde las haya”. De entrada, afirma,
“me enteré por la prensa. No me enviaron
notificación oficial alguna.
Ninguna carta”. Además, señala,
existe una dimensión política en el
proceso, como demuestra que otros
medios, como el semanario El jueves
y varios programas de TV pudieron
mofarse de la caza sin represalias legales.
Para Nicola, el celo de la fiscalía
oscila según el clima político. “Al
principio salió el artículo y no pasó
nada. La notificación llegó el 4 de
enero, meses después de que se publicara
y poco después de la bomba
en Barajas. Pero desde entonces no
nos han vuelto a decir nada. Yo, por
si acaso, no abro mucho el pico”.
Para Rodríguez y Ripa, la querella
no es una novedad. En 2003, el entonces
fiscal Eduardo Fungairiño se
querellaba contra ellos por un delito
de injurias, esta vez contra el príncipe
de Asturias, por otra sátira con
motivo de la boda del heredero.
El Código Penal abre el camino a
estos procesos. Según su artículo
491, se impondrá “pena de multa de
seis a 24 meses al que utilizare la
imagen del Rey” o de sus familiares
“de cualquier forma que pueda dañar
el prestigio de la Corona”. En el
caso de los dibujantes de Deia la mala
publicidad que daba a los herederos
una censura de prensa con motivo
de su boda hizo que a los pocos
días se retirase la querella. Pero otros
súbditos no han tenido la misma
suerte. El libro Un rey golpe a golpe,
biografía no autorizada de Juan
Carlos de Borbón, detallaba algunos
de los sancionados por hacer mofa
del jefe del Estado. Entre ellos destaca
el caso del joven José Espallargas,
“juzgado en enero de 1990 por haber
hecho un dibujo obsceno sobre un
sello del rey en una carta que enviaba
a su novia desde la mili”. O el cocinero
Marciano Delgado, “que en
1988 pasó seis meses en la cárcel por
insultar al rey durante un desfile”. O
el marinero ceutí Abdeluahab
Buchai, “condenado en julio de 1989
a seis meses por injurias leves al rey”.
Ninguno de ellos usó un medio de
comunicación masivo. Aunque cabe
dudar de que alguno de ellos llegara
a darles voz. Todavía hoy, por encima
de las guerras de medios, los boicots
o los insultos de las tertulias radiofónicas,
los grandes grupos siguen
fieles a un ‘pacto de caballeros’
que libra al monarca de su fuego cruzado.
El pacto no sólo no incomoda,
sino que con frecuencia se defiende.
En 2000, con motivo del 25 aniversario
de la llegada del monarca, un artículo
de El País explicaba por qué ni
siquiera los guiñoles del Plus tocaban
a la familia real. “En España
existe una conspiración de silencio
en la que participan todos los medios.
(...) Y tiene su razón de ser”,
escribía John Carlin, quien defendía
cómo “el rey Juan Carlos no sólo
ha sido símbolo, sino protector
de una democracia que nació hace
apenas 25 años. La autocensura de
los medios españoles ha sido, en
este caso, una demostración de
responsabilidad cívica”.
De hecho, unido a las represalias
legales y a la autocensura, la presentación
de Juan Carlos I como figura
providencial forma el tercer pilar que
ha servido para mantener a flote la
Corona. No ha sido, en todo caso, un
ejercicio fácil. De nuevo en Un rey
golpe a golpe se señala una frase ilustrativa
de alguien tan poco sospechoso
de republicanismo como Luis María
Anson: “Las razones en favor de
la República las comprende cualquiera.
Las razones en favor de la
Monarquía hereditaria requieren estudio
riguroso, así como considerable
disciplina mental”.
Para esta “disciplina mental”, los
medios han servido como principal
apoyo. El reto: convertir en salvaguarda
de la democracia a un joven
sin demasiadas virtudes intelectuales,
con visibles problemas de dicción
y con su legitimidad política heredada
de Franco. Los esfuerzos
han dado resultados. Pero los riesgos
siguen presentes. Como ha afirmado
Alfredo Grimaldos, autor de
La sombra de Franco en la Transición,
“si los medios se pasasen un
puente, cuatro o cinco días, publicando
todas las actuaciones del Rey,
cuando llegase el lunes la Monarquía
se habría acabado”. El monarca,
considerado constitucionalmente irresponsable (su persona “es inviolable
y no está sujeta a responsabilidad”,
según la Carta Magna), no
debe responder por ningún hecho
delictivo, lo que no significa que bajo
su reinado no se hayan producido
irregularidades.
A pesar de las precauciones, la figura
del monarca vuelve a ser cuestionada
periódicamente. La última,
con ocasión del programa Tengo
una pregunta para usted de TVE,
cuando un participante preguntó a
Zapatero por los gastos de la Casa
Real. ¿Fue la pregunta un signo de
apertura? Cabe dudarlo. Según
cuenta en su blog uno de los asistentes,
lo importante sucedió al término
del programa, cuando “entró
en plató un señor procedente de la
sala de control para recriminarle a
Lorenzo Milá lo sucedido con la
pregunta sobre la monarquía”.
EL REY, LOS OSOS Y EL PAÍS VASCO: UN TRIANGULO DIFÍCIL
En ocasiones, para informarse de
las actividades del Rey de España
es más práctico leer la prensa
rusa o de Rumanía. Es lo que
ocurre con sus cacerías de osos.
En octubre de 2004, Juan Carlos
I pasó un fin de semana disparando
contra osos y otros animales
durante una estancia en la
región de Covasna, al pie de los
Cárpatos, alojándose en un antiguo
chalet del dictador Ceausescu.
La noticia provocó un escándalo
en Rumanía. En 2006 se
repetía una historia similar. El
pasado octubre, la prensa de
Moscú recogía las denuncias de
un responsable medioambiental
ruso que denunciaba la “abominable
puesta en escena” para la
caza de un oso llamado Mitrofan
por parte de Juan Carlos I. Según
las acusaciones, Mitrofan, un oso
de un centro turístico, fue “emborrachado
con abundante vodka
mezclado con miel y obligado a
salir al campo”, donde se convirtió
en un tiro fácil para el rey.
Junto a las críticas de grupos
ecologistas, que recuerdan que
los osos son, en muchos países
especies en vías de extinción,
numerosos articulistas no han
evitado la tentación de hacer hincapié
en la parte grotesca del
incidente. Entre ellos ‘Las tribulaciones
del oso yogui’, del articulista
Nicola Lococo, se llevó su
querella por párrafos como éste:
“-¡Huohohoyyy! ¡Bubu! (...) ¡Oso
que está informado.... nunca
será cazado! Dice su titular: EL
REY DE ESPAÑA MATA UN OSO
BORRACHO. ¡Hey! Veo la sorpresa
en tu gesto Bubu. Yo también
he entendido lo mismo. ¡Craso
error! Por esta vez, el rey de
copas no es quien nosotros pensamos,
sino nuestro congénere,
el bueno de Mitrofan”. El hecho
de que sólo su artículo y los dibujos
de Deia sufrieran represalias
llevó a Nicola a dar una repuesta
cómica a la fiscalía. Pocos días
más tarde, en un artículo titulado
‘Apología bufa de un filósofo
pillo’, afirmaba: “Lo reconozco
Señor Fiscal: ¡¡soy culpable!! (...)
Como es sabido, en este reino de
la democracia formal todos
somos inocentes hasta que se
demuestra que somos vascos”.
De hecho, también entre los políticos
vascos se ha dejado sentir la acusación de “injurias al Rey”.
En noviembre de 2005, el Tribunal
condenaba por este motivo a
un año al líder de Batasuna,
Arnaldo Otegi, acusado de haber
llamado dos años antes al
monarca “responsable de los torturadores”.
Y también Javier
Madrazo, coordinador de Izquierda
Unida-Ezker Batua, recibió una
querella por parte de la fiscalía
vasca por injurias “contra el Rey y
Aznar”, al acusar al expresidente
de “terrorista” y al rey de “cómplice”
por su silencio sobre el apoyo
español a la guerra de Iraq.
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