Memoria histórica
Madrid y memoria: el comisionado de la discordia

Las asociaciones de Memoria Histórica critican el nuevo plan madrileño, que las excluye en el nuevo comisionado dirigido por la socialista Paca Sauquillo.

27/05/16 · 8:00
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Presentación del plan de Memoria Histórica en el Ayuntamiento de Madrid el 22 de diciembre de 2015. / Álvaro Minguito

Recuperar la memoria de las víctimas del franquismo en la ciudad de Madrid no está resultando tarea fácil. Es más, cinco meses después de su aprobación en un pleno del Ayuntamiento gobernado por Ahora Madrid, el Plan Integral de Memoria de la capital, que se halla en elaboración, apenas parece ser la sombra de lo que se proponía ser, y las asociaciones por la recuperación de la memoria histórica plantean la necesidad de que dé un giro radical para evitar que termine en esperpento.

El último episodio de esta historia se producía el 27 de abril, cuando el pleno municipal aprobaba, con los votos de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos, y la abstención del PP, la creación de un Comisionado de Memoria Histórica para la elaboración del plan.

Con esta nueva fórmula, consensuada a finales de febrero por Ahora Madrid y el PSOE, se sustituía a la Cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense, que acababa de renunciar a seguir asesorando al Ayuntamiento en esta materia tras dos meses jalonados de contratiempos y ataques de los medios a su labor.

Ni el fondo ni la forma

Al frente del comisionado se colocaba a la socialista Paca Sauquillo, y el 6 de mayo se dieron a conocer los nombres de sus seis vocales, designados por la propia Sauquillo a propuesta de los distintos grupos políticos. Pero tanto el planteamiento como la composición de esta nueva comisión gustan poco o nada a quienes llevan años trabajando por la recuperación de la memoria en Madrid.

"Echamos de menos juristas, antropólogos sociales e historiadores con experiencia en el tema de memoria histórica y de los derechos humanos aplicados a las víctimas del franquismo"

"Somos muy críticos con que no haya representación de las organizaciones de memoria histórica en el comisionado. También con el hecho de que no haya un jurista especializado en derecho penal internacional y derechos humanos. Echamos de menos juristas, antropólogos sociales e historiadores con experiencia en el tema de memoria histórica y de los derechos humanos aplicados a las víctimas del franquismo", dice a Diagonal Arturo Peinado, presidente de la Federación de Foros por la Memoria, que el 18 de mayo participó con más de 30 asociaciones de memoria en una reunión, convocados por Sauquillo, en la que se plantearon posturas y críticas.

Frente a las ausencias en el comisionado, presencias, entre los seis vocales, que les resultan incomprensibles o incluso ofensivas. Como la del escritor Andrés Trapiello, incluido a propuesta de Ciudadanos, y que "es una persona con una animadversión declarada hacia el movimiento de recuperación de la memoria histórica", añade Peinado.

También la de José Álvarez Junco, catedrático de Historia que participó en el primer borrador de la Ley de Memoria Histórica y nombrado vicepresidente del comisionado. No sólo es uno de los responsables de una ley "que fracasó estrepitosamente", denuncia este activista, sino que además Álvarez Junco se ha declarado contrario a la anulación de los juicios franquistas "y al propio concepto de memoria histórica, ya que él habla de una memoria personal y familiar y nosotros decimos que debe ser una memoria social y colectiva".

Tampoco gusta la presencia de un cura, Santos Urías, consensuado con el Arzobispado de Madrid porque "hubo mucha represión con la Iglesia", según palabras de la propia Sauquillo en una entrevista en El Español. Y a propuesta del PP, en concreto de Esperanza Aguirre, el historiador Octavio Ruiz-Manjón, que considera la Guerra Civil "un profundo fracaso colectivo de la convivencia política, en el que resultaban inútiles los planteamientos maniqueos que trataban de encontrar la culpabilidad en uno solo de los bandos".

También Ganemos Madrid, germen del proyecto municipalista que propició la formación de Ahora Madrid, y al que pertenecen varios de sus concejales, se ha adherido a las críticas emitidas desde los colectivos de memoria histórica. En una nota publicada ayer, 26 de mayo, valoran como "decepcionante" que ninguno de estos colectivos esté representado y critican la presencia de la Iglesia católica, "dado que es público y notorio su explícito alineamiento con el franquismo". También comparten las críticas vertidas por el movimiento memorialista hacia varios de los vocales.

El problema principal es que todo lo que rodea a la comisión parece apuntar hacia un planteamiento de "consensos, igualación de los dos bandos, equidistancia, todo muy aséptico", indica Peinado

El problema principal es que todo lo que rodea a la comisión parece apuntar hacia un planteamiento de "consensos, igualación de los dos bandos, equidistancia, todo muy aséptico", indica Peinado.

"Siempre podremos encontrar una foto peor que otra; de cualquiera de los dos bandos", decía Trapiello en una entrevista. Una filosofía de la equidistancia y de los "dos bandos" defendida por varios de los vocales y que es, denuncian desde las asociaciones de memoria, una clara muestra de una transición errada, de una falta de ruptura con la dictadura.

"No se puede equiparar democracia con golpismo militarista. Ni represión republicana con franquista. Esa equiparación es falsa y torticera", explica a este periódico Mirta Núñez, profesora de historia y antigua directora de la Cátedra de Memoria de la Complutense que estuvo trabajando en el Plan de Memoria los dos primeros meses desde su aprobación.

En su única conversación con Paca Sauquillo, a la que ha conocido recientemente, Núñez le trasladó "que no se puede entrar en esa falsa equiparación", indica la historiadora, que también echa en falta la participación de las asociaciones de memoria en el comisionado.

Y las asociaciones no podrán participar, según el propio decreto de constitución del comisionado, por ser "parte", y son parte "por reclamar... la verdad, la justicia", como indicaba Sauquillo en la entrevista citada.

Sin embargo, como escribía recientemente Rafael Escudero, profesor de Filosofía del Derecho, en La Marea, este planteamiento va en contra de las recomendaciones internacionales sobre programas de reparación de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, en las que "se exige la presencia institucional de las víctimas en todos aquellos foros o espacios de reparación que se creen".

En contacto con Diagonal, fuentes cercanas al comisionado han confirmado que las asociaciones "no van a entrar, pero en la reunión se les pidió que propongan formas de participación, y se ha abierto un registro para que presenten propuestas". En cuanto a la composición, esta fuente indica que el comisionado no se va a cambiar y que "las asociaciones deberían criticar cuando haya hechos concretos".

Por la vía del consenso

Frente a declaraciones de Sauquillo que defienden la recuperación de la memoria por la vía del consenso, varias asociaciones se preguntan cómo puede haber consenso en este sentido con dos partidos, PP y Ciu­dadanos, que, por poner un ejemplo muy reciente, votaron el pasado 12 de mayo en la Asamblea de Madrid contra la colocación de una placa para recordar a los torturados en la Dirección General de Seguridad, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que hasta hace poco se negaban a condenar el franquismo en el Parlament de Catalunya y que en muchas localidades siguen defendiendo o permitiendo el mantenimiento de medallas al dictador, monolitos y simbología de exaltación franquista.

También Ganemos Madrid es muy dura en este sentido. "La búsqueda del consenso debe primar en los espacios democráticos de actuación colectiva, pero es inadmisible en el caso que nos ocupa", dicen en su comunicado. "Se trata de un golpe militar contra un Gobierno democrático, que se prolongó en un régimen que masacró a sus opositores, víctimas que aún continúan esperando justicia y reparación", añaden desde Ganemos. Por ello, "puede ser legal, sobre todo porque la legalidad la impusieron sus sucesores, pero jamás será justo ni legítimo buscar el consenso con el terrorismo de Estado".

Las críticas hacia el comisionado son compartidas por numerosas asociaciones, como la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica o la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina. Desde esta última organización consideran que el "comisionado no responde a la obligación de los poderes públicos de garantizar los derechos que asisten a las víctimas de los crímenes de la dictadura franquista" y que su composición es contraria a las aspiraciones del movimiento memorialista y de las víctimas del franquismo, y exigen al Ayuntamiento "una rectificación" tanto en los fines y objetivos como en la composición.

De momento, aunque la presidenta del comisionado se ha mostrado más partidaria "de poner que de quitar" simbología o monumentos, sí han informado de que continuarán y tienen muy avanzado un listado de calles de personajes franquistas que hayan participado en crímenes de guerra o de lesa humanidad para su eliminación, en cumplimiento del artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica. Para ver los primeros resultados habrá que esperar a julio.

Qué nombres se colocará en su lugar es otra historia. "El elemento fundamental de este plan sería aprovechar para hacer una cultura de memoria democrática en Madrid y conceder este tipo de honores a las personas que se dejaron la vida en defensa de la democracia y luchando contra el franquismo", indica Arturo Peinado.

Sin embargo, considera que este principio no sólo está en peligro, sino "directamente cuestionado" por este nuevo comisionado. Desde fuentes cercanas al comisionado indican que este punto todavía no está definido, y que para ello buscarán igualmente la colaboración de las juntas de distrito, con las que también se han reunido. Y plantean otras actuaciones, como la creación de un museo o centro de memoria, itinerarios o estudiar si hay fosas.

Mientras algunas asociaciones de memoria presentes en la reunión del día 18 se mostraron dispuestas a colaborar con el Ayuntamiento, otras, aunque continuarán participando en las reuniones, "no estamos dispuestas a colaborar con este comisionado tal y como está constituido ahora y con las premisas de actuación recogidas en el decreto de constitución", dice Peinado.
 

La cátedra ante la caverna mediática

"Espero que el Ayuntamiento con la nueva comisión logre dominar más el problema de la presión", dice Mirta Núñez, exdirectora de la Cátedra de Memoria Histórica de la Complutense, que añade que se alegra de que el Consistorio "haya retomado el proyecto de la democratización del callejero, que es una necesidad social, política, cultural, etc".

Y es que la situación actual no puede entenderse sin la presión mediática y los errores institucionales que llevaron al cese de colaboraciones de la cátedra con el Consistorio, y que de paso ayudaron a rematar una cátedra que había sobrevivido casi sin financiación durante once años.

"Nuestro contacto con el Ayuntamiento evidenció su falta de trayectoria en este terreno, su carácter 'novato'. Por lo tanto, existieron problemas inesperados en nuestra relación con ellos", dice esta historiadora.

Esta relación, que comenzó en noviembre de 2015 a petición de la Concejalía de Cultura, dirigida por Celia Mayer, dio sus primeros frutos el 22 de diciembre. Ese día, el pleno municipal aprobaba el Plan de Memoria Histórica de Madrid, un ambicioso plan de recuperación de la memoria que iba a desarrollar la cátedra y que ese día presentaba un primer listado de 30 calles y plazas con nombres de franquistas. Éste fue el único documento elaborado por la cátedra.

"Un problema es que el Ayuntamiento, por su cuenta y riesgo, seguía con su propio programa de memoria histórica y no nos había avisado", dice Núñez.

La presentación de un PowerPoint con errores históricos o las polémicas retiradas de la placa conmemorativa a los carmelitas fusilados o al Alférez Provisional sin haber consultado con Patrimonio, como manda el protocolo, ni tampoco con la cátedra, fueron errores municipales rápidamente utilizados por diversos medios para deslegitimar el Plan de Memoria.

Algunos de ellos culparon injustamente a la propia cátedra, que, indica uno de sus miembros a Diagonal, seguía dos líneas: el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y las recomendaciones de la ONU en esta materia.

"La derecha se lanzó sobre este proyecto y las cabeceras clásicas, como el ABC y La Razón, se lanzan sobre temas personales mezclando verdad y mentira, con afán de distorsionar", explica Núñez, que añade que la presión y los ataques contra la cátedra y sus miembros fueron constantes.  

Los hechos se precipitaron el 10 de febrero, cuando El País atribuyó falsamente a la cátedra un listado de 256 nombres elaborado años antes por uno de sus miembros y que incluía nombres de diversos intelectuales, provocando el escándalo.

A pesar de que la cátedra informó rápidamente al Ayuntamiento de que el documento no era suyo, horas después, Manuela Carmena compareció públicamente achacándoles también la responsabilidad. "Dijo que la lista era un disparate, y posiblemente lo era, pero no era nuestro disparate", dice Núñez.

Ese mismo día, la cátedra decidió cesar su colaboración –sin haber firmado el convenio de colaboración y sin que sus miembros hayan cobrado– con el Ayuntamiento, "dada la incapacidad de la institución para garantizar las condiciones mínimas para el de­sarrollo de un trabajo profesional y sosegado", publicaron en un comunicado en el que también denunciaban la actuación de los medios y desmentían varios errores que se les habían atribuido.

"El País fabricó una noticia para cargarse el grupo que estaba elaborando el plan. Fue una operación perfectamente urdida para ello, pero eso culminó también por el comportamiento de la alcaldesa, que no supo mantener las posiciones o la coherencia que hubiera sido deseable", dice Arturo Peinado.

Este episodio no sólo ayudó a rematar la cátedra, con la que el rectorado no renovó el convenio. También acabó con la retirada de las competencias a Cultura en esta materia, unas competencias que fueron asumidas directamente por Carmena, que acordó la creación del comisio­nado.

"A pesar de las críticas y cosas negativas como la retirada de monumentos, valoramos positivamente las intenciones que había en el trabajo de Cultura", dice Peinado, que consideraba positiva "la propuesta inicial del Ayuntamiento, con homenajes a cargos públicos represaliados por el franquismo, a mujeres represaliadas o a luchadores antifranquistas, frente a una nueva propuesta que valoramos negativamente".

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comentarios

2

  • |
    P. C.
    |
    28/05/2016 - 4:31pm
    Ni una mención a Celia Mayer, curioso.
  • |
    Basilio
    |
    27/05/2016 - 9:48am
    ¡Qué pena! La república y las personas que lucharon por ella perderán en cualquier caso. Si por evitar el Comisionado las víctimas van a caer en manos de asociaciones instrumentales que solo buscan su propio protagonismo y que tienen una rabieta porque les han quitado el mando que tenían, mal asunto. La guerra se perderá otra vez o quizá ya se ha perdido.