Todo era un gran desastre, había que cambiarlo todo. Por eso, este año hace una década, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero comenzó la tarea de reformar Radio Televisión Española. El objetivo, según Carmen Caffarel, entonces directora general de la Corporación RTVE, regenerar “la casa”, como la llaman sus trabajadores, y avanzar hacia una nueva televisión pública con “calidad, eficacia e independencia”. Corría el año 2006. La audiencia de RTVE seguía su lento descenso.

La credibilidad de los informativos continuaba en entredicho. El ciclo de Ernesto Sáenz de Buruaga y de Alfredo Urdaci, hombres del aznarismo en la pública, había dejado tocado el rigor que se le suponía a los informativos de TVE. Pero, por encima de eso, preocupaba la viabilidad económica de la corporación. En palabras de Caffarel, “los gravísimos problemas de Radiotelevisión Española”.

El gran proyecto de Zapatero de regenerar la televisión pública partió con un rapado al cero: se destruyó la mitad de los puestos de trabajo con un ERE pactado y votado en referéndum por la mayoría de la plantilla. Se estableció un criterio de edad, vía prejubilaciones, para depurar la plantilla y, aunque posteriormente se volvería a contratar personal, se establecieron las condiciones laborales que desde entonces definirían a RTVE.

Respecto al déficit crónico del servicio público, la respuesta no fue muy distinta de la terapia de choque aplicada sobre la plantilla. Si RTVE tenía déficit –un balance negativo creado por el sistema anterior, basado en la financiación mediante créditos bancarios a cargo del Estado–, la solución pasaría por anotarlo en el balance de la corporación y no en el de las Administraciones.

La venta de los Buñuel y los de Licenciado Pozas ha supuesto cien millones de pérdidas en patrimonio

El Plan de Caffarel incluyó un sistema de financiación basado en los impuestos sobre las telecomunicaciones, que nunca fue suficiente. Junto con eso, la pérdida de capacidad de maniobra provocada por la desaparición de la publicidad en las cadenas públicas. Un negocio de entre 600 y 700 millones de euros anuales que fue directamente a la competencia.

Un cambio de criterios que, en lugar del saneamiento de la entidad, escenificó el viejo “dónde está la bolita” de los juegos de triles. La reforma precipitó los problemas que vendrían: la amenaza de quiebra en 2014, y con ella, el riesgo de que la Corporación superase su límite de endeudamiento para entrar en “causa de disolución”.

El objetivo de la independencia, que trató de ganarse mediante un reglamento hecho para que el cambio de color en el Gobierno no influyese en la Corporación, tampoco parece haberse logrado en esta década, al menos si se tienen en cuenta la declaración que el cuarto presidente de RTVE en diez años, José Antonio Sánchez, realizó en el Congreso: “Voto al PP y seguiré votando al PP”, en junio de 2015.

Filtrada la auditoría de 2014

Una década después de la intervención de Zapatero, “la casa” es una ruina. El 11 de marzo, Diagonal publicaba junto a La Marea los documentos de la auditoría de 2014 de la corporación, que fue filtrada por una fuente anónima a los medios que componen la plataforma Fíltrala. El informe muestra al menos cuatro puntos conflictivos: las indemnizaciones a tontas y a locas destinadas a cargos que han cesado de su trabajo, la firma tarde y mal de los contratos con los proveedores de programas externalizados, la compra de más de 90 cintas que nunca han sido emitidas en televisión –ni están a disposición del público en el catálogo online de TVE– y la venta de varios inmuebles, entre ellos los estudios Buñuel, pese a las necesidades de espacio que tienen las producciones propias.

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Los estudios donde se rodaron las últimas temporadas del concurso Un, Dos, Tres, dieron cabida a un último chollo, en este caso para la promotora inmobiliaria Pryconsa que por 35,2 millones de euros se hizo en 2012 con un solar de 15.000 metros en un barrio exclusivo de la capital. A la venta le siguió la necesaria recalificación, el pasado septiembre, del uso de la parcela, operación votada por Ahora Madrid, PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento, un cambio de uso que fue muy criticado por la portavoz de Urbanismo de los socialistas. Con el aval municipal se terminaba el milagro de la resurrección de los Buñuel, pero no la polémica por su venta.

El anterior presidente de la Corporación RTVE, Leopoldo González-Echenique, aseguró en la Comisión de control del Parlamento en junio de 2015 que los estudios no se venderían hasta que no se hubiesen adecuado los de Prado del Rey para la producción en centros propios. Sin embargo, la venta se produjo pese a que las reparaciones de Prado del Rey siguen sin terminar. Esto ha provocado que la corporación tenga que alquilar estudios en Villaviciosa de Odón (Madrid). Como explica la auditoría divulgada a través de Fíltrala, la venta de los Buñuel, y de otro en la calle Licenciado Pozas de Bilbao, “supone la baja de activos por un valor neto total de 100.141.965 euros”. 44,4 millones de ingresos por venta frente a 100,1 millones de pérdidas de patrimonio.

La sección sindical de CGT en RTVE ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que investigue esas ventas, pero esta oficina no tramitó la denuncia. Pese a ello, Mario Vallejo, delegado de CGT en la televisión pública, cree que hay motivos para interponer una denuncia en “un tema que huele muy mal” y que demuestra asimismo cómo “la mala gestión de RTVE se salda impunemente y de forma descarada”.

Impacto de la filtración

Mario Vallejo, delegado sindical de CGT en RTVE, considera “lamentable que un informe público de un organismo público de control sobre otro organismo público se tenga que conocer a través una filtración”. La opacidad es una marca de la casa, señala Vallejo, para quien el documento publicado por este periódico muestra también que no se han puesto medidas correctoras para solucionar los problemas que previamente señalaron las auditorías de la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas. La Ley de Transparencia no se cumple o se cumple a regañadientes y, como señalan desde CGT, “resulta que RTVE es el organismo que más litiga con el Consejo de la Transparencia”.

En 2006, el periodista José Manuel Martín Medem fue uno de los despedidos para hacer una TVE que iba a ser “más eficiente” sin la presencia de supervivientes de la época dorada de la cadena, cuando era “una gran escuela de profesionales, con contratos negociados con los sindicatos con buenas condiciones y salarios razonables”. Diez años después, Medem constata cómo se ha llegado a una política dirigida a la “evaporación del servicio público estatal”. Los Gobiernos de Zapatero y de Rajoy han descapitalizado la corporación a tres niveles, mediante la “pérdida de capital profesional” –y los rumores de un nuevo ERE no han cesado a lo largo de estos años–, por medio de la eliminación de la publicidad comercial y también a través de la venta de patrimonio.

“Al espectador, el deterioro le llega de muchas maneras –señala Martín Medem–, la muestra es que por primera vez en su historia, RTVE ha caído por debajo del 10% de audiencia, que los informativos no tienen liderazgo y que TVE no sea una referencia en momentos de importancia televisiva como puedan ser las noches electorales”.

Las dudas de la auditoría sobre la forma de llevar a cabo las externalizaciones de la programación, apunta Vallejo, han mostrado que “ante la ausencia de cualquier tipo de control efectivo todo es posible”. Las fuentes consultadas coinciden en los dos principales problemas que ha generado el sistema de subcontratación. En primer lugar está la subasta a la baja de las condiciones laborales en las empresas contratadas. El caso de Cuéntame, una emblemática serie sobre la que se acumulan denuncias de explotación laboral, es el más conocido de una práctica a la que no se ha puesto coto, pese a que a menudo esas empresas no podrían producir sin contar con la mano de obra de la plantilla fija. Para Medem, el error es que “en lugar de obligar a las comerciales a copiar el modelo de calidad de trabajo, lo que ha hecho RTVE es copiar el modelo precario de las televisiones comerciales”.

En segundo lugar, destaca este experiodista de TVE, las externalizaciones son una vía de acceso al tráfico de influencias, “de corruptelas a corrupción de mayor intensidad”. La figura de José Luis Moreno, presunto donante en los papeles de Bárcenas que muestran la financiación ilegal del PP, y “premiado” habitual de las concesiones de programas por parte de RTVE, es la más rutilante y conocida de una práctica que se remonta a los primeros pinitos de la tele en democracia. Vallejo recuerda el caso divulgado por Diagonal en 2013: la denuncia de las incompatibilidades entre el área de contenidos de TVE y la empresa de uno de los consejeros de la época de González-Echenique.

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El modelo que se estableció entonces, explica Medem, fue el de la “gubernamentalización y la mala administración”. Desde entonces, indica, “cada Gobierno ha hecho más o menos daño a RTVE pero siempre aplicando ese modelo”.

Las dificultades para configurar un Ejecutivo tras las elecciones del 20 de diciembre tampoco permiten adivinar un futuro luminoso para “la casa”. Éste pasaría, para Vallejo, por la incorporación de la sociedad civil en la estructura de la Corporación, mediante el fomento de la participación: “Se tiene que exigir una gestión eficiente y el derecho de acceso recogido constitucionalmente, de forma que se vea reconocida la pluralidad de la sociedad en la programación”.

Además de la solución del gran agujero negro de este modelo, el derecho de la población al acceso a los medios y a la gestión de la tele pública, Medem apunta la necesidad de un modelo único para las televisiones públicas, basado en un sistema de equilibrios entre las distintas partes –estatales, sociales y sindicales y ciudadanas– que garantice la independencia del medio y que provea financiación suficiente. Diez años después del gran plan de Zapatero todo está por hacer, todo es un gran desastre en RTVE.