La buena noticia para las candidaturas independentistas que se presentan a las elecciones del 27 de septiembre en las elecciones al Parla­ment de Catalunya es que la legalidad se ha mostrado papel mojado cuando los intereses políticos se han abierto paso para cambiar el rumbo de la historia. La mala noticia es que en el siglo XXI no hay ejemplos de que haya bastado con los sentimientos de un pueblo para hacerlo. O mejor dicho, sí han existido esos ejemplos, pero en todos esos casos el ‘pueblo’ que ha decidido cambiar la historia ha sido el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Por eso, la gran derrota de Artur Mas en campaña ha sido que la visita de Felipe VI a Washington se cerrase con el deseo por parte de Barack Obama de que España permanezca ‘fuerte y unificada’. Como explica el historiador Steven Forti, la batería de declaraciones de las instituciones internacionales, en casi todos los casos más explícitas que la de Obama, “van todas por el mismo camino”.

La Declaración Unilateral de Independencia

El más explícito fue Alejandro Ullur­zun, portavoz de la Comisión Euro­pea, que cortó el paso a cualquier especulación: “Si una parte del terri­torio de un Estado miembro cesa de ser parte de ese Estado porque se independiza, los tratados dejarán de aplicarse a ese territorio”. Dicho en plata, si el Gobierno catalán proclama una Declaración Unilateral de Independencia (DUI), sale de la Unión Europea y de la zona euro, no así sus habitantes, como le recordó Carlos Alsina a Rajoy. Ya que una DUI es una poco frecuentada vía para resolver conflictos como el que se plantea a partir de estas elecciones, aunque el Derecho Internacional no las prohíbe explícitamente.

La DUI fue la fórmula utilizada por Estados Unidos para romper con el Imperio Británico. También es uno de los posibles caminos de una Catalunya con mayoría independentista el próximo 28 de septiembre. “Me creo poco que vayan por la vía de la DUI a menos que una correlación de fuerzas muy peculiar después del 27S lleve a ese camino por una determinada influencia de la CUP”, declara Forti.

Y es que las Candidaturas d’Unitat Popular sí reconocen el camino: la declaración de independencia –si los apoyos a las candidaturas independentistas superan el 50% de los votos emitidos–, la salida del euro y la UE y la larga marcha de la autogestión territorial. Una marcha cuyo horizonte puede ser acabar con la actual composición de la UE para dar paso a una, hoy lejana, confederación de pueblos europeos.

Sin embargo, avanzar la posibilidad de una declaración unilateral de independencia y a la vez asegurar al electorado que la UE lo aceptará automáticamente se asemeja a un “juego de mesa”, según Forti. “Parece muy infantil por parte de gente que lleva años en política, como Artur Mas o como el propio Raül Romeva –que ha estado diez años en el Parlamento Europeo–, que digan que nos van a aceptar si decimos que somos independientes. No se afronta la cuestión de qué va a pasar a nivel internacional porque si se afrontase lo hablarían de forma distinta”, valora este historiador. “Saben que hay un coste internacional muy alto para conseguir a medio plazo esa declaración de independencia –resume Forti–, tendrían que litigar mucho en un ambiente poco propicio”, dice, en referencia a la coyuntura geopolítica y económica actual.

Vías internacionales

El caso de Kosovo ha generado abundante literatura que marca el camino que quiere explorar el independentismo catalán. El apoyo de EE UU a la independencia de este territorio, que aún no está reconocido por la propia Serbia, Rusia o España, es el precedente más cercano –con permiso de Crimea– de un ajuste de las fronteras europeas en vías de solución. En otras latitudes, el apoyo de EE UU también ha sido fundamental para la independencia de Timor Oriental (2002) o Sudán del Sur (2005).

Carlos Pérez Vaquero, profesor de Derecho Internacional Público, recuerda: “No debemos perder la perspectiva en que se produjo la independencia de Kosovo. Nada de toda aquella situación es comparable con Catalunya, afortunadamente”.

La opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia emitida en 2010 señaló que Kosovo no violó el Derecho Internacional cuando lanzó su DUI en febrero de 2008. La Corte, no obstante, se cuidó de añadir salvedades y la expresión “circunstancia sui generis” para justificar por qué a Kosovo se le daba luz verde donde se le había dicho 'no' a la República Turca del Norte de Chipre, un país reconocido únicamente por Turquía.

La DUI parece una vía arriesgada para un futuro Govern que buscase a medio plazo el reconocimiento de las potencias imperiales, con EE UU a la cabeza. Entre las otras posibilidades, los equipos de abogados, historiadores y diplomáticas del equipo en torno a Artur Mas tienen presente la resolución 1.541, de 1960, de la Asam­­blea General de Naciones Unidas. Este proceso requiere que concurran dos circunstancias: que el territorio esté separado geográficamente del país –algo que sirvió para contextualizar la descolonización de África y  Asia en los 60– y, en segundo lugar, que el territorio que se separe “sea distinto de éste en sus aspectos étnicos o culturales”.

La ‘comunidad internacional’ ha dejado otros ejemplos a los que puede recurrir Junts Pel Sí. La primera es la Carta de las Naciones Unidas, que proclama “el respeto por el principio de la igualdad de derechos y por el de la libre determinación de los pueblos”, y la más citada es la Doctrina Wilson, a la que dio nombre el presidente estadounidense Woo­drow Wilson cuando señaló que “la autodeterminación es más que una frase, un principio imperativo de acción”. Pero, de nuevo, la ONU establece en otra resolución su negativa a cualquier intento “de quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país”.

El caso Kosovo ha generado abundante literatura que marca la vía que quiere explorar el independentismo

La integridad territorial es el principal escollo con el que se encontraría el equipo legal catalán. El caso Kosovo establece que ese factor “está confinado a la esfera de las relaciones entre Estados”, pero la jurisprudencia lo confronta a menudo al Principio de Libre Determinación y, retrospectivamente, se ha dicho que sin tocar la “integridad territorial” no habrían nacido Estados como Grecia, Italia o Noruega. En ese choque estarían parte de las esperanzas del equipo de los independentistas. No obstante, parece difícil que el resultado de unas elecciones autonómicas sea suficiente para una negociación que, a nivel internacional, se prevé larga.

"De hecho, desde 1945, ningún Estado surgido fuera del proceso de descolonización, ha sido aceptado por Naciones Unidas sin el acuerdo del Estado originario. Así, únicamente han existido casos de secesión con Pakistán (1947), Singapur (1965) y Bangladesh (1971)", explicaba una nota al pie de un documento del Instituto de Estudios Estratégicos sobre la DUI de Crimea, independizada respecto a Ucrania, reconocida por Rusia, no así por la comunidad internacional, con EE UU y la Unión Europea a la cabeza.

La vía del referéndum

Por estrategia electoral o para no repetir el efecto de la consulta del 9 de noviembre de 2014, la principal fuerza independentista no ha planteado que el proceso que se tome a partir del 28 de septiembre lleve a la negociación de un referéndum vinculante de autodeterminación como el que tuvo lugar en Escocia en 2014 y que sentó precedente en Quebec hace 20 años. Algo que en ambos casos se ha llevado a cabo con el plácet de Reino Unido y Canadá, respectivamente.

Para eso sería necesaria la reforma de la Constitución Española de 1978, que debería poder encajar el recurso al referéndum. Algo que no contempla la Constitución. El caso de Montenegro (2006) es un precedente fundamental del supuesto de que un país busque la independencia por medio de un referéndum contemplado en una carta constitucional, la Constitución serbia que emanó de la Guerra de la exYugoslavia y que contempló la posibilidad de separarse de las antiguas repúblicas yugoslavas. El caso no sirvió para Kosovo, que nunca fue una República, sino que tenía el estatus de Provincia Autónoma.

Pero, en el Estado español, la vía de una posible reforma constitucional está en la nevera al menos hasta las próximas elecciones generales. La doctora en Derecho Constitucional María Díaz Crego cree que “los déficits de nuestro texto constitucional llevan tiempo siendo apuntados por la doctrina española, y el transcurso del tiempo sin una respuesta clara no está haciendo más que enquistarlos”. En una línea similar, Ignacio García Vitoria considera que “la percepción de que no es posible reformar la Constitución ha llevado en algunos casos a tratar de alcanzar los objetivos que podrían haberse logrado a través de otras vías, como la reforma del Estatuto de Autonomía”.

El actual Estatuto de Catalunya, rechazado por casi todos, establece en su artículo 222 que la reforma del propio Estatuto exigiría el “voto favorable de las dos terceras partes del Parlamento, la remisión y la consulta a las Cortes Generales, la ratificación de las cortes mediante una ley orgánica y el referéndum positivo de los electores de Catalunya”. Pérez Vaquero califica como una incongruencia la intención de los partidos independentistas: "Curiosamente, si para reformar el Estatuto se requieren todas esas garantías, determinados políticos consideran que se podría declarar la secesión obteniendo incluso un respaldo inferior a la mayoría absoluta".

Con los límites puestos por el ordenamiento actual, reforzado por la posible reforma del Constitucional anunciada por el Gobierno español, se produciría una auténtica gymkana institucional que se toparía con el ejército legislativo con el que el Gobierno del PP defiende su idea de la Unidad de España, la que el periodista Enric Juliana ha llamado la “brigada Aranzadi”, en referencia a la primera editorial jurídica del Estado.

“Esto el PP lo hace por dos razones”, dice Forti, en referencia al bloqueo de cualquier solución para el encaje de Catalunya: “Una táctica a corto plazo, que es ganar más votos el 20 de diciembre. Por otro lado está su discurso sobre cómo tiene que ser el Estado español. Esta gente no razona de otra forma”. En ese contexto, los tribunales internacionales parecen más accesibles que el recurso a unas cortes blindadas ante cualquier tentativa de diálogo. Pese a que, antes de que estas cortes miren con simpatía un proyecto como el que pueden comenzar a expresar las urnas el 27 de septiembre, observarán la reacción del Departamento de Estado de EE UU, hasta ahora el único 'pueblo' que en el siglo XXI ha tenido las llaves de la independencia.