Propuestas de transparencia
¿Y si pudieses ver las cuentas de tu comunidad autónoma?

Podemos presenta proposiciones de ley de cuentas abiertas en seis autonomías.

15/07/15 · 16:24
Teresa Rodríguez, en un mitin en Granada. / Dani Gago / DISO Press

No es una cuestión de falta de recursos ni de dificultad técnica sino de voluntad política: la transparencia y control público ha sido uno de las líneas rojas de Podemos en las negociaciones que han tenido –y están teniendo lugar– en los distintos Parlamentos autonómicos. Con esta hoja de ruta, el partido de Teresa Rodríguez presentó en Andalucía una proposición de Ley de Cuentas Abiertas de la que han surgido otras tantas en el País Valenciano, Murcia, La Rioja, Extremadura y Castilla la Mancha, que se han presentado hoy.
 

"Madrid está en el medievo", resume Miguel Ongil, diputado de la Asamblea regional

Miguel Ongil, diputado de la Asamblea de Madrid y experto en financiación de partidos y anticorrupción, explica a Diagonal el principal reclamo de la ley: la obligación de las administraciones a hacer públicas sus cuentas bancarias, así como las modificaciones mensuales de los saldos de cada cuenta. Una medida sin precedentes, con la que se pretende generar nuevos derechos que vayan más allá de las prácticas que cada partido establezca durante su gestión de Gobierno.

"Aparte de que haya una impunidad rampante, es importante empezar a prevenirla", dice Ongil, quien cataloga la publicación de las cuentas dentro de las medidas de participación y control público destinadas a corregir las prácticas de corrupción y aumentar la transparencia. "Al poder consultar los movimientos se desincentivan un montón de fraudes y prácticas poco éticas", indica este diputado autonómico.

Madrid no es transparente

Ongil denuncia que en comunidades como Madrid ha sido imposible poner en marcha una propuesta de ley como la presentada esta mañana porque no hay ni una ley ni un portal de transparencia: "Madrid está en el medievo", resume Ongil, quien apunta que Podemos lleva en su programa una Ley de Transparencia completa al entender que la legislación estatal es deficiente. Además, "hace falta un cambio cultural para entender que toda la información que gestionan las administraciones es nuestra", explica.

La propuesta quiere corregir el retraso histórico en cuanto a transparencia que existe en el Estado español. La ley aprobada en diciembre de 2013 y que se empezó a aplicar a nivel estatal en 2014, aún no funciona en las instancias autonómicas y municipales, pero ya ha sido puesta en entredicho por la oficina del Defensor del Pueblo, que ha dictaminado que tiene un efecto disuasorio sobre las peticiones de información,que limita o no garantiza el derecho de acceso, limita las instituciones obligadas a pasar revista, y ha establecido un Consejo de Transparencia no independiente, que depende directamente de Hacienda.

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