“El nivel de discrepancia o conflicto que hay en España se puede considerar una fiesta de cumpleaños”. El exministro de Educación, José Ignacio Wert, respondía de esta manera a una pregunta de María Casado en Los desayunos de TVE, comparando la respuesta social a la Lomce con la que en ese momento se estaba produciendo en Chile y México, países entonces inmersos en cambios del modelo educativo.

Una fiesta de cumpleaños en la que la mayoría de los ‘invitados’ no quieren soplar las velas ni comer tarta. Al menos, no esa tarta. Con el último cambio electoral, sólo las cinco comunidades que conserva el PP (Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Murcia) parecen dispuestas a respetar los plazos previstos por la norma, además de Ceuta y Melilla. Cinco autonomías presentaron recurso ante el Tribunal Cons­titucional: Andalucía, Astu­rias, Ca­na­rias, Cataluña y Euskadi. Ninguna de ellas ha cumplido el calendario para la ley educativa, como tampoco lo han hecho Navarra o Murcia.
 

¿Qué va a pasar en las comunidades autónomas que han cambiado o pueden cambiar de color político? Básicamente, continuarán con la línea ‘disidente’ previa

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha una serie de medidas contra la ley, que evitan en todo caso “caer en la insumisión”, ya que es “una ley orgánica de obligado cumplimiento”, señalan desde la institución. El Ejecutivo aboga por un proceso ‘transitorio’, similar al llevado a cabo en Primaria, ciclo en el que han conservado la organización por ciclos y asignaturas como Educación para la Ciudadanía.

El Principado de Asturias busca “paliar” los efectos de la Lomce. Para ello, el Gobierno provisional de Javier Fernández ha introducido los contenidos de Educación para la Ciudadanía en Geografía e Historia de 3º y ha garantizado, “mediante encaje de bolillos”, que todos los alumnos cursen, al menos una vez, Educación Plástica y Visual, Música y Tecnología.

En las islas Canarias, la ‘reválida’ de 3º de Primaria sólo ha tenido carácter de prueba, ya que el Gobierno de Canarias afirma que rechaza ese tipo de examen porque “se basa en la competición entre centros”.

Generalitat de Catalunya. La consellera de Enseñanza, Irene Rigau, está tratando de impulsar una Conferencia Sectorial de Edu­cación para aprovechar el nuevo panorama autonómico post-24M. Además, asegura que Cataluña aspira a su propio modelo educativo, que le permita preservar su “modelo lingüístico”.

País Vasco. Una prueba piloto para 3º de Primaria ha enfrentado en Euskadi a padres y madres (EHIGE), sindicatos y la asociación de centros públicos en Infantil y Primaria (SAREAN) con la Conse­jería de Educación. La consejera, Cristina Uriarte, les ha acusado de torticeros y ha presumido de que el Gobierno Vasco ha ido en contra de esta ley desde el principio.

Aires de cambio

¿Y qué va a pasar en las comunidades autónomas que han cambiado o pueden cambiar de color político? Básicamente, continuarán con la línea ‘disidente’ previa. Es decir: aplicación con paliativos, retraso, paralización en lo posible y apoyo a una Convocatoria Sectorial de Educación a la espera de un cambio de Ejecutivo central que derribe la ley. Ésa es la postura del Frente Anti-Lomce aragonés (PSOE, CHA, IU y Podemos), del PRC y el PSOE cántabro, del bipartito PSPV-Com­pro­mís en la Comunidad Valencia­na y del nuevo gobierno extremeño de Guillermo Fernández-Vara. Este último ha resumido el conflicto: “No es la ley que queremos, es la que tenemos”.
El Partido Socialista de Baleares ha anunciado además una ronda previa de contactos con actores de la comunidad educativa. Por su parte, el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, afirma que revisará “los problemas técnicos de la ley”.

Más difícil es el caso de Navarra, cuyo gobierno en funciones (de UPN) ha aprobado los currículos de la norma, que se empezará a aplicar en septiembre. Aún no se sabe cómo reacciona el gobierno entrante, del que se espera tome posesión antes de terminar julio.