La toma de posesión del nuevo gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha comenzado con una encendida polémica a cuenta de los comentarios (tweets) escritos en la plataforma Twitter varios años atrás por uno de los ediles de Ahora Madrid, Guillermo Zapata. Las referencias al holocausto y a las víctimas del terrorismo han sido calificadas como injuriosas en El País y otros medios de comunicación, que se han lanzado a bucear en el archivo histórico de las intervenciones en Twitter de Zapata y otros de los miembros de la nueva corporación también de Ahora Madrid, Pablo Soto.

La discusión se ha centrado hasta el momento en el contenido sustantivo de lo escrito, unos argumentan que esas declaraciones entran dentro de los límites de la libertad de expresión, que son un ejercicio saludable de humor negro… No voy a entrar en la discusión sobre el contenido sustantivo porque lo que me interesa plantear es un asunto distinto. Lo que está en juego son los límites que debieran tener los medios de comunicación en la utilización arbitraria de nuestras comunicaciones en internet.

El País ha señalado como injuriosos los tuits de Zapata en Twitter, y esa precisa calificación es importante porque la condición pública de una comunicación es un aspecto relevante para considerarla como una injuria. El argumento que quiero plantear es sencillo: los medios de comunicación no pueden utilizar cualquier cosa que publicamos en internet, aunque sea de acceso libre porque sus autores tenemos ciertas expectativas de privacidad en relación con esos escritos, imágenes o vídeos. Ése es en mi opinión el asunto central que debiéramos someter a discusión, porque en realidad nos jugamos en ello mucho más que la controversia actual.

Pongo otros dos ejemplos para contextualizar y ampliar el asunto. Lo que El País y otros medios han hecho con los tuits de los ediles de Ahora Madrid es parte de una práctica generalizada de utilizar sin miramientos todo tipo de registros tomados de internet que son después publicados en los medios de masas. Hay un suceso luctuoso en el que una joven es asesinada y un periódico publica imágenes de su cuenta de Facebook. Algo similar ocurre cuando en otra ocasión esas imágenes son tomadas de las cuentas de varias personas que han fallecido en un accidente colectivo. En ningún caso los periódicos solicitan el consentimiento ni a las personas que aparecen ni a aquellas que son autoras de las imágenes. No respetan ni la intimidad, ni la privacidad, ni la autoría. Estos casos nos ayudan a situar lo que ha ocurrido con la utilización de los tuits de Zapata y Soto.

Hay dos razones por las cuales es cuestionable la utilización de esos contenidos por parte de los medios de comunicación. La primera, porque ha sido realizado en un contexto que no es necesariamente público; y la segunda, porque ha ocurrido hace cuatro años. En contra de lo que pudiera parecer no debiéramos dar por sentado que cualquier cosa que escribimos en Twitter, en Facebook, en un blog o en cualquier otro medio social es público. Esta cuestión particular sobre qué es público y qué es privado en internet ha generado una amplia discusión entre investigadores dedicados al estudio social de Internet desde hace tres lustros.

La cuestión a la que se enfrenta cualquier investigación sociológica de internet es directa: ¿en qué condiciones puede un investigador/a utilizar los datos que se encuentran en internet? Por ejemplo, una pregunta habitual es si resulta posible que el investigador registre todo lo publicado en un blog sin pedir permiso a su autor, o si puede hacerse una investigación en una página de Facebook sin comunicárselo a los participantes, o si es posible copiar todo el archivo de una lista de correo sin pedir permiso a quienes fueron sus autores. Una respuesta rápida dirá que si esos sitios no tienen normas explícitas sobre ese asunto y no hay contraseña o mecanismos que bloqueen el acceso a esos espacios, entonces podemos considerarlos como una comunicación pública: todo lo que se dice en ellos puede ser tratado con el estatuto de lo público. Es decir, lo que se expresa en esos sitios puede ser considerado en los mismos términos que lo que se escribe en un periódico, lo que ocurre en la televisión o lo que se dice en una alocución en un evento en la calle.

Sin embargo, ¿realmente podemos aceptar esa homología entre acceso libre y público? ¿Podemos asumir que expresado por una persona en su cuenta de Twitter o en un comentario en una red social tiene el mismo estatuto que lo que escribe para ser publicado en un libro o pronuncia en un discurso? Un amplio número de investigaciones empíricas y reflexiones teóricas dentro del ámbito de los estudios (sociológicos) de internet nos ha mostrado dos cosas. Primero ha evidenciado que utilizar las categorías público/privado para pensar en el estatuto de las comunicaciones en internet no nos ayuda mucho, en lugar de resolver y simplificar la situación tiende a complicarla. Lo segundo, nos ha señalado que no podemos identificar como equivalente acceso libre a espacios de comunicación con condición pública de las comunicaciones. Aunque pueda parecer paradójico y en contra de cierto sentido común, la literatura sociológica ha evidenciado algo que probablemente cualquiera de nosotros habrá experimentado en su participación en internet: la sensación de cierta intimidad, por muy amplio que sea el potencial público al que nos dirigimos.

Las evidencias son claras, las personas tenemos ciertas expectativas de privacidad y realizamos sus comunicaciones destinadas a un cierto público objetivo: escribimos en las listas de correos para aquellos suscritos a ellas, los mensajes de Twitter los lanzamos para nuestros seguidores y las fotos de Facebook las publicamos para nuestros amigos, o para los amigos de nuestros amigos. No esperamos que sean utilizadas por un investigador que no nos pide permiso, una agencia de marketing o un periódico que lo toma sin solicitar nuestro consentimiento. Puede leerse aquí una amplia revisión de esa discusión. Las dos versiones de la guía ética para la investigación en Internet de la Asociación de Investigadores de Internet (AoIR) evidencian estos argumentos. El trabajo que hemos realizado desde hace meses en lo que hemos llamado 'El Problematorio de ética de la investigación' aporta evidencias similares.

Algunos dirán que la publicación de correos privados ha sido necesaria para airear determinados asuntos públicos. Ciertamente, pero en esos casos los involucrados son personas públicas, en el ejercicio de sus funciones públicas, y los asuntos a los que hacen referencia esas comunicaciones eran ya asuntos públicos de peso, como causas judiciales en curso. Para el caso que nos ocupa, los escritos citados son de tiempo atrás, cuando ninguno de los interesados tenía responsabilidad pública y escribía probablemente, con una cierta expectativa de privacidad y no para la ciudadanía general, como probablemente harían a partir de ahora en sus comunicaciones en internet.

Insisto, lo que está en juego no es cómo valorar a un representante público por ciertas opiniones vertidas tiempo atrás, sino si los medios están legitimados para plantear ese debate a partir de comunicaciones que no pertenecen al ámbito público. Años atrás la utilización de cámaras ocultas por algunos medios de comunicación suscitó encendidos debates y llevo a la profesión periodística a una seria reflexión sobre los límites de su práctica profesional. Muchos manifestaron entonces la necesidad de respetar los límites de la privacidad y la intimidad de las personas, especialmente cuando se trata de personajes no públicos. Ha llegado el momento de que comencemos a plantear límites similares en lo que se refiere a la utilización bastarda por parte de los medios de masas de comunicaciones que quizás no son privadas, pero tampoco tienen el carácter de publicidad que les permitiría utilizarlas de manera arbitraria y sin solicitar consentimiento.