Ola de críticas a los últimos dos decretos de Wert

Estudiantes, docentes, sindicatos y partidos políticos denuncian los dos Reales decretos que profundizan la reforma educativa de José Ignacio Wert.

09/06/15 · 8:00
José Ignacio Wert, ministro de Educación.

En medio de un baile de nombres que ya se están barajando para sustituirle, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, permanece callado, pero no quieto. El pasado viernes 29 de mayo, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció luz verde para dos Reales Decretos que culminan la reforma educativa.

El segundo, relativo a la “creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios”, promueve, según Santamaría, “una revisión completa de las exigencias administrativas y organizativas de creación de universidades y centros universitarios”.

¿Qué motiva este Real Decreto? Según el Gobierno, responde a la necesidad de actualizar el Real Decreto de 1991, adaptándolo a nuestra realidad actual y a la “plena integración de España en el Espacio Europeo de Educación Superior” (EEES). También a la armonización con la ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado, que busca crear un entorno mucho más favorable “a la competencia y a la inversión”.

“Estamos completamente escandalizados. Se facilita que se abran universidades privadas por doquier”

La vicepresidenta explicó que “se flexibiliza el número de títulos que puede tener cada Universidad y se actualiza el porcentaje de doctores para impartir grados. Se permite una mayor especialización de las Universidades y se sustituye la exigencia de ofrecer ocho títulos por otro más flexible de ocho títulos de grado y máster”

Hay un dato que llama la atención: en el borrador que se conoce de la ley aparece borrada, valga la redundancia, cualquier referencia a la planificación. Según el decreto del 91, había que “tener en cuenta las necesidades de programación general de la enseñanza en su nivel superior, derivadas de la población escolar, el desarrollo de nuevas ramas surgidas del avance científico y de las necesidades de los distintos sectores profesionales, así como su incidencia en el entorno geográfico”.

Para Ana García, del Sindicato de Estudiantes, sigue la línea del 3+2: “Estamos completamente escandalizados. Se facilita que se abran universidades privadas por doquier mientras se deja a la pública temblando. La idea es que la educación se convierta en un privilegio para el que pueda pagarla. Es una campaña de acoso y derribo contra la educación pública”.

Beneficios a la privada

Enrique Díez, coordinador federal de Izquierda Unida en Educación, recuerda que “las universidades privadas debían responder, en teoría, a completar una demanda no satisfecha por la pública. Y no lo ha cumplido ninguna”. Diez denuncia que “las universidades privadas creadas en los últimos años tenían informes negativos, no cumplían los requisitos y sin embargo, las comunidades autónomas las admitían. Lo increíble es que ahora eso se consolide por ley, otorgándolas muchas más facilidades”

Sonia García, portavoz de Asociación Nacional de Profesores de Enseñanza (ANPE), considera que los objetivos pueden ser “loables”, pero piensa que “no se están tratando los problemas fundamentales que denuncia la comunidad universitaria”. Como ejemplos pone “la universidad online”, “las adscripciones a centros” o la redacción de “un estatuto de personal docente”.

“No se están tratando los problemas fundamentales que denuncia la comunidad universitaria”

Desde la asociación tampoco comparten el nuevo sistema propuesto de acreditación, ya que los profesores “deberían poder acreditarse en una rama principal y en otras secundarias”. También critica la “desaparición del Consejo de Universidades en muchos puntos del decreto en los que tenía competencia y que han sido derivados en la Agencia Nacional de la Evaluación y la Acreditación (Aneca)”.

Fernando Moreno, de Podemos, cree que “no es más que la misma política clientelar e ideológica de siempre, que ha demostrado su enorme fracaso, escondida bajo el argumento de las necesidades económicas o conceptos que suenan bien como el de la libertad y la flexibilidad”. Moreno se cuestiona, además, por qué “se plantean unos requisitos para las universidades públicas y otros para las privadas”.

Angelina Blanco, portavoz de Universidades del PSOE en el Congreso, entiende que el decreto era necesario, pero en el sentido contrario. “Es preocupante: se dice a la vez que el sistema universitario español no es sostenible y se abre la puerta a la creación de universidades privadas”. Blanco piensa que no cumplen con los requisitos mínimos, salvo “honrosas excepciones, como la universidad de Navarra”. “No sería de recibo que nosotros, como Partido Socialista, estuviéramos en contra de las universidades privadas. Sin embargo, algunas están dañando claramente el sistema. Su calidad no se puede ni comparar con la de la privada estadounidense o la de la pública europea”. “Habría que regular: no flexibilizar y bajar el nivel de exigencia”, agregó.

Unilateralidad

La nota de prensa del Ministerio de Educación –que ha rechazado hacer declaraciones– alude a que el decreto se ha llevado a cabo con el Ministro de Sanidad, Igualdad y Asuntos Sociales, contando con la aprobación del consejo de Estado, un informe el Consejo de Universidades y una consulta a las Comunidades Autónomas en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria. Pero es la unilateralidad uno de los asuntos más reprochados por oposición y sindicatos.

“No es más que la misma política clientelar e ideológica de siempre, que ha demostrado su enorme fracaso”

Díez, de IU, señala que se ha hecho “de espaldas, no solo a las comunidades universitarias, sino a todos. Cree (Wert) que sus ocurrencias y las de los lobbies privados con los que tiene tanta conexión son las que el resto deberían de aceptar. Hasta ahora se les ha exigido permanentemente un diálogo y un consenso: los mismos rectores le han plantado, por primera vez en la democracia. Decretazo por decretazo, pero, eso sí: hay que reconocer que en Educación están cumpliendo el programa a rajatabla”.

Fernando Moreno, de Podemos, comparte esa idea y piensa que para este ministerio comunicarlo ya supone un esfuerzo. También duda de los “expertos” elegidos: “Prácticamente nadie estaba de acuerdo con que esos eran los expertos que más sabían de la Universidad. No han consultado al Personal de Administración y Servicios, ni a profesores, ni a Consejos de Gobierno… Es un rodillo absolutista”.

“Cuando una ley no tiene el consenso de la comunidad educativa es complicado que se aplique de manera idónea y real”, dice Sonia García, de ANPE. “En esta última legislatura se han saltado el diálogo. Y cuando recogen tus aportaciones nunca las utilizan ni se ven reflejadas. Yo soy profesora y me gustaría que lo tuvieran en consideración”.
Blanco, del PSOE, dice que con todas las leyes de educación socialistas ha existido ese consenso. Y sin embargo, duda de que este siquiera llegue al BOE. “Si llega el PSOE el Consejo de Política Universitaria será vinculante”, promete.
La oposición y los sindicatos también han alertado del uso del lenguaje por parte del Gobierno, con el fin de “faltar a la realidad”.

Así, Ana García, del Sindicato de Estudiantes, piensa que dicen “una mentira detrás de otra” “Ya nos engañaron en el 3+2 diciendo que se homologaba a Europa y era todo lo contrario. El PP utiliza los criterios subjetivos a favor de sus intereses y los empresarios de la universidad privada. Nos tratan de vender la moto pero lo tienen muy difícil”.

“No han consultado al Personal de Administración y Servicios, ni a profesores, ni a Consejos de Gobierno… Es un rodillo absolutista"

"Universidad de garaje: si pagas tienes título"

Díez, de IU, dice que “en la práctica real se ve como desde el 97 no se crea una universidad pública, y sin embargo, en este año van seis privadas”. “Se está aplicando el modelo neoliberal, ya visto en Latinoamérica, de universidad de garaje: si pagas tienes el título. El problema es que el proceso de mercantilización, privatización y capitalismo académico está entrando en la mente de todo el mundo, incluidos los rectores. Y se acaba pagando, de manera directa, la universidad privada con fondos públicos, algo que ya se hace de manera colateral en algunos casos”.

Tanto Podemos como IU critican la hipocresía del PSOE en este asunto. Díez señala que “el PSOE se ha caído del caballo y descubre lo que cuando gobernaba estaba ignorando, incluido el último ministro, Ángel Gabilondo. Cuando tienen el poder responden al modelo neoliberal, y en comunidades que gestionaban han promovido universidades privadas”. Por su parte, Moreno pone como ejemplo “la votación conjunta de socialistas y conservadores en Europa respaldando Bolonia”, y comparte la crítica al candidato a la comunidad de Madrid, el cual “hizo todo lo posible por imponerlo”.

No todo son críticas al decreto. En lo que respecta al cuarto punto anunciado, dedicado a las exigencias especiales para la enseñanza en el ámbito de la Salud, Domingo Sánchez, vicepresidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina ve “como un paso positivo el regularizar el hospital universitario” y el “evitar problemas que se están sucediendo por no estar clara la legislación”.
 

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comentarios

1

  • |
    AbraXas_Doe
    |
    09/06/2015 - 11:21am
    <div>&gt;&iquest;Qué motiva este Real Decreto? Según el Gobierno, responde a la necesidad de actualizar el Real Decreto de 1991, adaptándolo a nuestra realidad actual y a la &ldquo;plena integración de España en el Espacio Europeo de Educación Superior&rdquo; (EEES). También a la armonización con la ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado, que busca crear un entorno mucho más favorable &ldquo;a la competencia y a la inversión&rdquo;. &nbsp;</div> <div>&nbsp;&nbsp;</div> <div>Que si que si...vendérselo todo -y pronto- a la troika y punto.</div>
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