Entre el 4 y el 15 de mayo de 2015, los niños y niñas que rondan entre 8 y 9 años serán sometidos por primera vez a los exámenes externos de evaluación, una de las innovaciones de la Lomce, también conocida como Ley Wert, aprobada en solitario por el PP a finales de 2013.

Grupos de padres y madres, sindicatos, partidos de la oposición y la Marea Verde han llamado al boicot al considerar que se tratan de una “embestida a la igualdad de oportunidades, una puerta de entrada al filtrado del alumnado y su derivación fuera del sistema educativo”.

Primer paso para participar en el boicot: averiguar la fecha en la que se va a realizar la prueba en el centro. Segundo paso: pensar para ese día un plan alternativo para los niños. Tercer paso: entregar un justificante al centro.

Para Pilar Trujillo, profesora jubilada e integrante de la Marea Verde de Aragón, este boicot a la Lomce no tiene consecuencias para el alumnado: “Con este justificante en el expediente no consta como un suspenso sino como un no presentado”.

Este boicot a la Lomce no tiene consecuencias para el alumnado: “Con este justificante en el expediente no consta como un suspenso sino como un no presentado”

Al boicot se han apuntado –ya meses atrás– Asturias y Andalucía, que han pedido una moratoria en la aplicación de la Ley Wert, por lo que no realizarán las pruebas. Por su parte, en Catalunya la Xarxa d'Escoles Insubmisses, que agrupa a una treintena de centros de Barcelona, Badalona, Girona, Osona (Barcelona) o Terres de l'Ebre (Tarragona), ya han anunciado que no permitirán que se realice la selectividad Wert.

Para los convocantes de este boicot, estas pruebas, realizadas por personal externo a los centros, “buscan filtrar al alumnado en fechas muy tempranas dentro de la trayectoria educativa”, una filosofía que se contrapone a una educación inclusiva, que garantice “igualdad de oportunidades”.

Además de realizar una “selección prematura” que puede dejar fuera del sistema a los alumnos con dificultades, la selectividad Wert impulsará la competitividad cuantitativa entre centros, en vez de fomentar la cooperación, ya que los resultados de estas pruebas se harán públicos y servirán de base para realizar un ranking de colegios. En este esquema, las escuelas que apuesten por líneas educativas alternativas, con diferentes ritmos de aprendizaje, serían penalizadas, “imponiendo una hegemonía única que entiende la educación como una carrera de exámenes, notas, materias y obstáculos”.

Centros escolares relegados

Las escuelas que saquen mejores resultados se llevarán más recursos, tal como recoge la ley, haciendo todavía más desigual la financiación de los centros públicos. “Si un alumno llega a un colegio más tarde, porque viene de otra comunidad o de otro país, y te hacen la misma prueba que a todos, sin valorar tu propia evolución y tu propia situación, te están estigmatizando, porque la prueba es generalizada para todo el mundo”. 

Las escuelas que saquen mejores resultados se llevarán más recursos, tal como recoge la ley

Para esta profesora, este ranking “relegaría a centros en función del tipo de alumnado, sin tener en cuenta la evolución ni la trayectoria de cada centro ni de cada alumno”. Una discriminación que podría afectar de forma especial a los colegios que concentran a alumnos de distintas etnias –sean extranjeros o no–, comenta Trujillo, con dificultades o con familias desestructuradas. “Estás relegando a este tipo de centros. Estás evitando la equidad”, denuncia. 

Para esta integrante de la Marea Verde y CGT, el boicot a la prueba es una “oportunidad” abierta para tumbar la Lomce: “Nunca hasta ahora había dado la ocasión de impugnar de manera tan fácil, masiva y contundente la Ley Wert”.