“La dualización del mercado laboral debe reflejarse en una dualización paralela de la enseñanza. Si el 50% o 60% de las creaciones de empleo no exigen sino trabajadores poco cualificados, no es económicamente rentable continuar una política de masificación de la enseñanza”. Esta frase del profesor y sindicalista belga Nico Hirtt podría explicar uno de los objetivos que hay detrás de la Lomce, que no es otro que convertir la educación en un bien de consumo en vez de en un derecho universal y que concuerde así con un mercado laboral con cada vez más empleos precarios, temporales y de bajos salarios. De hecho el primer preámbulo de la Lomce declaraba que “la educación es un bien orientado a la empleabilidad”, aunque por la presión social hubo de cambiarse y disimular las formas. La ley educativa se ha aplicado este año en 1º, 3º y 5º de primaria, mientras que el próximo curso el Ministerio pretende implementarla en el resto de primaria, en 1º y 3º de ESO y en 1º de bachillerato.

La mercantilización de la enseñanza está entre los objetivos de esta ley educativa, pero, además, su implementación se está produciendo en un contexto insostenible económicamente y de mayor precarización del profesorado, según explica Francis­co García, secretario de la federación de enseñanza de CC OO: “Esta ley es imposible de aplicar con los recortes de los últimos años. Se ha pasado de destinar un 5,04% del PIB en 2010 al 4,3% actual, y el objetivo es bajar al 3,9%, que es lo que se invertía en educación en 1987, pero es que tampoco hay docentes para aplicar la ley; este curso hay 32.000 profesores menos que en 2011 y hemos visto casos de aulas de bachillerato con más de 40 estudiantes”. El portavoz de STES, Augusto Serrano señala las dramáticas condiciones que se viven en algunos centros y en especial el profesorado. “En algunas comunidades autónomas, como Andalucía, donde el PSOE se jacta de no aplicar recortes en educación, los centros educativos no sustituyen a profesores de baja si éstos no faltan más de diez días hábiles, aunque estén de baja varios profesores. Además, cada vez se está contratando a más profesores con contrato temporal a media jornada o por un tercio de jornada”.

Ambos representantes sindicales reconocen que buena parte de la comunidad educativa se encuentra actualmente expectante a la espera de que se produzcan cambios tras las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo y las generales (previsiblemente en octubre), ya que todos los partidos políticos de la oposición se han comprometido a derogar la Lomce, por lo que ha disminuido el ritmo de movilizaciones del curso anterior. “Hay que recordar –advierte Serrano– que la ley educativa aprobada con Zapatero [la LOE] ya potenciaba la privatización de la enseñanza quitando plazas de la educación pública y dándoselas a la privada-concertada junto con más fondos públicos, por lo que tampoco queremos volver a la anterior ley educativa y creemos que hay que mantener un mínimo de movilización. Por ello, desde la Plata­forma de la Escuela Pública seguimos con la campaña que exige que en caso de baja de un profesor se le sustituya automáticamente y que los interinos no pierdan su puesto en la lista si rechazan una oferta de trabajo que sea lejos de su lugar de residencia y temporal”.     

La pérdida de democracia interna en los centros es otra de las cuestiones que más preocupan a la comunidad educativa, pues la Lom­ce convierte a los consejos escolares y claustros de profesores en órganos decorativos. “Los directores toman ahora todas las decisiones que afectan al centro (como los programas de bilingüismo) y no necesitan el apoyo de padres ni profesores”, explica Serrano. “Los directores los designa la Administración Pública de cada comunidad autónoma, por lo que está habiendo un verdadero nepotismo, ya que se coloca a directores que defienden una línea ideológica contraria en la mayoría de los casos a fomentar la escuela pública, universal y laica”, denuncia.

Reválidas

A la Lomce se le añaden medidas como la subida de las tasas universitarias, la disminución de becas. “Comunidades autónomas como Castilla-La Mancha y Castilla y León –señala Serrano– han dejado de dar becas para libros”. A esos filtros hay que añadir las reválidas y la falta de medios para ayudar al alumnado y a los centros con más dificultades. García argumenta que las reválidas “crearán centros de 1ª y 2ª categoría según las calificaciones que obtengan sus alumnos en las pruebas estandarizadas. Esto es muy injusto porque no se tiene en cuenta, por ejemplo, el valor añadido que aporta cada colegio a sus estudiantes. Posiblemente en un barrio más desfavorecido los alumnos pasan de tener un 3,5 de media antes de entrar a tener un 5,5, mientras que en otro colegio de un barrio de familias con más recursos, los alumnos pasan de sacar un 5,5 de media a sacar un 6, pero será este centro el que se lleve la mayor parte de la financiación pública”. Sobre la segregación de los estudiantes por centros, el sindicalista de STES añade que “ya no se adscribe a los alumnos a un determinado centro según su lugar de residencia, sino que éstos tienen libertad para escoger el que prefieran, por lo que tratarán de ir a los mejor situados en el ranking”, dice este sindicalista, quien indica que, por su parte, los centros tienen la posibilidad de seleccionar a sus alumnos según las calificaciones que hayan obtenido en las pruebas, “por lo que parece lógico pensar que elegirán a quienes mejores notas saquen”.

Por otra parte, la calidad de la enseñanza también disminuirá con este sistema, pues “se preparará a los alumnos –argumenta García– para que superen unas pruebas estandarizadas, no para que aprendan a aprender y tengan las capacidades y herramientas para desarrollarse como personas. Buscan jóvenes sumisos y sin creatividad. Es una ley educativa coherente con el modelo productivo de Eurovegas”.