Desde el lunes 17 y hasta el viernes 20 tendrán lugar diferentes iniciativas para denunciar el proceso de mercantilización de la universidad pública.

El lunes 17 de noviembre diferentes agrupaciones universitarias madrileñas que forman parte de la Marea Verde, han dado el pistoletazo de salida a una semana de movilizaciones en defensa de la universidad pública con el encierro de estudiantes en la Facultad de Filosofía y Filología de la Universidad Complutense de Madrid, encierro durante el cual se desarrollaron actividades formativas.
Los días martes y miércoles las acciones están encaminadas a la crítica por parte de los estudiantes hacia los procesos de precarización y endeudamiento a los que son conducidas la mayor parte de las personas que estudian en la universidad pública. Asimismo, el miércoles 19 se guardará un minuto de silencio. Este acto estará enmarcado dentro de la campaña #Faltan45000, lanzada desde diferentes colectivos universitarios, y mediante la cual se pretende llamar la atención sobre las alrededor de 45.000 personas que se han quedado fuera de la universidad pública por no poder pagar las tasas universitarias tras la ultima subida de éstas, así como debido a la reducción de los programas de becas y/o su conversión en préstamos bancarios.
Bajo el lema “Crear movimiento. Recuperar la universidad”, estos colectivos universitarios se darán cita el jueves 20 a las 17.30h en la céntrica glorieta de Carlos V (Atocha) para participar en una manifestación que coincide con una jornada de huelga convocada en enseñanzas primarias y medias.
En un comunicado hecho público las diferentes asociaciones que promueven esta movilización critican que “las últimas reformas, orientadas a una elitización de la educación, han convertido esta en un privilegio al cual cada vez es más complicado su acceso para la mayoría social". Asimismo, resaltan: "Los nuevos planes de reforma en financiación y gobierno de la universidad los entendemos como una profundización del proceso de mercantilización de la universidad pública, al vincular la financiación al beneficio económico de la investigación, y un ataque a la poca democracia que existe dentro de la universidad”. No obstante, el texto no sólo hace referencia al ámbito universitario, sino que apunta también a los elevados precios en aspectos de la vida cotidiana, como el transporte o el alquiler. Por último, dentro del comunicado se señala el rechazo hacia “los proyectos de asimilar el grado a una titulación de tres años que obligaría de facto a cursar un máster de dos (“3+2”) cumpliendo las expectativas de negocio de grandes empresas, lo cual supondría el consiguiente aumento de los costes y devaluación del primer ciclo”.
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