En el año 2006, el gabinete del entonces conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, condenado en mayo a ocho años de cárcel por fraude en las ayudas al desarrollo, apalabró con el diario El Mundo un contrato que no se llegó a firmar por no haber dotación presupuestaria. Al final de ese año, la editorial facturó al Gobierno valenciano 34.800 euros. La información surge de un supuesto mail interno de la Conselleria de Territorio y Vivienda del 6 de marzo de 2007 al que Diagonal ha tenido acceso a través de Filtrala, plataforma en la que participa junto a La Marea, Mongolia y eldiario.es, de la que también forma parte el proyecto X.net, y sobre el que informó el semanal La Directa.
 

El citado correo explica cómo los 34.800 euros, “al no haberse tramitado expediente alguno en el 2006”, pasarían a pagarse a través del expediente de enriquecimiento injusto −herramienta para el pago de deudas derivadas de contrataciones irregulares− que se estaba tramitando en esas fechas en el Servicio de Asuntos Generales y Contratación, y en el que también se incluían “diversas facturas de publicidad”.
 

El mail al que ha tenido acceso este medio hace mención también a otros dos convenios entre la Conselleria y la editorial de 'El Mundo'. Sobre el primero de ellos, un convenio para 2007 en general, se explica que no puede ser firmado tal como está escrito ya que “constantemente se hace referencia al ‘presente contrato’, ‘el contratista’, etc. términos que indican que se trata de un contrato, no de un convenio”. Para arreglar el entuerto, en el mail se propone como solución la elaboración de una propuesta de contratación “idéntica a la que el ejercicio anterior no se llegó a firmar”, en referencia a la que provocó que la editorial facturara al Gobierno valenciano 34.800 euros en 2006.

Tramitado en una reunión

El otro convenio que se menciona es para la publicación de una serie de informaciones sobre la reunión del panel de expertos de la ONU en febrero de ese año en Madrid. “Debe tratarse de un tema que el honorable conseller ha comentado con los representantes de la editorial del diario El Mundo una vez he salido de la reunión, ya que es la primera noticia que tengo”, explica el autor del mail. Desde  la Conselleria de Territorio y Vivienda afirman que no tienen constancia de ningún convenio con el diario 'El Mundo' ni de la factura de 34.800 euros citada en el mail.

“Debe ser un tema que el Honorable Conseller ha comentado [...] una vez he salido de la reunión”, señala el mailAunque no está confirmado que finalmente se estableciera un convenio para la publicación de dichas informaciones, el suplemento Natura de El Mundo publicó un reportaje ese mes sobre la presentación del proyecto Zumosoil, para la conversión de residuos de la naranja en biocombustible, en el encuentro del panel de expertos, del que quedó como imagen el retrato del exvicepresidente de EE UU, Al Gore, bebiendo un zumo de naranja junto a Esteban González Pons, entonces conseller de Territorio y Vivienda.

En noviembre, el suplemento publicó un amplio reportaje sobre el encuentro, en Valencia, en el que el panel de expertos daría a conocer el informe de evaluación para llevar a la cumbre de cambio climático de Bali. En diciembre de ese año se publicó una entrevista al autor de uno de los informes presentados en el encuentro. En ninguno de los casos la publicación indica que se haya recibido financiación del Gobierno valenciano ni que esa información fuera publicidad. “Hasta 2009, solíamos cubrir este tipo de encuentros de forma habitual, yo la cubrí como siempre, no creo que se hiciera ninguna cobertura especial”, expone a Diagonal Miguel G. Corral, autor de uno de los reportajes. “No vino desde arriba cubrir el encuentro”, concluye.

Convenios y menos control

“La línea divisoria es tan fina [entre las figuras de contrato, convenio y subvención] que, algunas veces, se puede situar el negocio a un lado o al otro de la raya sin vulnerar la legalidad”, explica Teresa Moreno, interventora delegada en Illes Ba­lears, en un artículo publicado por el Observatorio de Contratación Pública. Según señala Moreno, en los últimos años los juzgados han comenzado a dar importancia al uso de estas figuras por parte de la Administración pública debido al aumento de causas penales relacionadas con la corrupción.

Un auto de mayo de 2013 emitido por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma en el marco del caso Nóos marcaba un punto de inflexión afirmando que el uso de la figura del convenio en vez de la de contrato conllevaría una responsabilidad penal cuando el acuerdo haya sido precedido de un encuentro o reunión en el que el responsable político haya adjudicado verbalmente el servicio a la empresa, como describe el supuesto mail interno de la Consellería de Vivienda y Territorio sobre los convenios con El Mundo, o no se hayan hecho estudios previos ni justificaciones en cuanto a la determinación del precio del servicio.

Al uso de la figura del convenio en la País Valencià se le une el de los expedientes de enriquecimiento injusto, una figura extrajudicial de uso excepcional que sólo entre 2003 y 2008 se tramitó hasta en 41 ocasiones en la región, acumulando hasta 8,4 millones de euros de facturas olvidadas en cajones, se­gún afirmó el entonces conseller José Ramón García Antón en el Parlamento valenciano en respuesta a una pregunta de Compromís.

El pasado 11 de julio, la Comisión Europea anunciaba la apertura de una investigación sobre los gastos de la Generalitat y la posible manipulación de los datos de déficit. Según explica el comunicado de la institución, la Intervención General en la región “había enviado sistemáticamente información incorrecta a las autoridades estadísticas nacionales a lo largo de muchos años” sobre sus gastos. La nota de alarma vino a partir de facturas impagadas de Sanidad por 840 euros que no habían sido contabilizadas en ningún sitio y que fueron a parar a un expediente de enriquecimiento injusto, facturas que formaban parte de los 1.850 millones pendientes de pago del Gobierno valenciano que comenzaron a aflorar con el Plan de Proveedores aprobado en 2013.