El P2P ya tiene sentencia firme a favor
Pablo Soto sigue ganando; otros, no tanto

Las discográficas no recurren la sentencia que despenaliza el desarrollo de software P2P, pero nuevas leyes amenazan las descargas.

, Redacción
08/06/14 · 8:00
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El 30 de mayo, el informático Pablo Soto recibió una alegría: la Audiencia Provincial de Madrid le notificó que la sentencia que le absuelve de su juicio es firme. La historia comenzaba en 2008, cuando las cuatro mayores discográficas del mundo (Warner, Universal, EMI y Sony BMG) y su patronal en España, Promusicae, le demandaron por haber desarrollado un software de intercambio de archivos y le pidieron más de 13 millones de euros, lo que calculaban que habrían ingresado si hubieran vendido todos los discos descargados. El juez rechazaba la demanda porque la creación de este software no es ilegal ni “tampoco supone un acto de obstaculización al negocio” de las discográficas. Su abogado, David Bravo, basó la defensa en que en la legislación española no existe la figura de la contribución a la infracción; es decir, que no se puede condenar a nadie por crear una herramienta que otra persona pueda utilizar para cometer un ilícito.

En este tiempo, Soto no ha dejado de desarrollar tecnología P2P. En diciembre de 2013 lanzaba un nuevo cliente P2P y la web Torrents.fm, un buscador de torrents, el tipo de archivo que hace falta para descargarse cualquier cosa con estos clientes. Soto cuenta que el buscador tiene “varios millones de visitas al mes y va creciendo bastante”. Para salvaguardar su legalidad, él y su equipo procesan todas las peticiones de retirada de enlaces que les llegan y tratan de “hacer exactamente lo mismo que hace Google: robots que indexan contenidos”, sin alojarlos en su servidor.

Nueva ola de ataques legales

Un día después de que a Soto le fuera comunicada su victoria, en Suecia, uno de los creadores de The Pirate Bay, Peter Sunde, fue detenido. The Pirate Bay es otra web de enlaces pionera en la lucha por la cultura libre –germen del Partido Pirata– y promueve la desobediencia contra las leyes de propiedad intelectual, por lo que no borra ningún enlace. Por ello, Sunde era uno de los cuatro creadores que estaban bajo búsqueda por parte de la Interpol desde 2012, cuando fueron condenados a cárcel y a pagar 6,9 millones de dólares de multa.

En España, con la nueva Ley de Propiedad Intelectual, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros del 15 de febrero, desarrollar programas P2P seguirá siendo legal, pero sí se penalizan las webs de enlaces. Soto no le ve mucho recorrido: “Entiendo que a Torrents.fm no le afectará, porque tendrían que tocar también Google, y no lo van a hacer”. En su opinión, aún no se ha encontrado la forma efectiva de frenar las descargas de material protegido por derechos de autor.

En todo caso, en los últimos años, las alertas han sido continuas: si en 2010 los internautas del Estado español se revolvían contra la Ley Sinde, en 2012 toda la sociedad internacional veía en la estadounidense Ley SOPA el fin de la neutralidad de la red. Ahora, la amenaza podría estar en el TTIP, el tratado comercial que negocian EE UU y la Unión Europea, que contiene un apartado destinado a reforzar la protección del copyright.

En México, desde primeros de junio se está discutiendo el redactado final de la nueva ley de telecomunicaciones. Uno de los puntos que más polémica ha generado es la posibilidad de que el gobierno federal ordene a las empresas bloquear contenidos en la red o que exija el bloqueo de la conexión a internet en momentos o lugares que considere críticos para la seguridad nacional. En abril, tras fuertes protestas, las autoridades prometieron eliminarlo. Ahora, colectivos civiles se siguen movilizando con el temor de que Enrique Peña Nieto aproveche el mundial de fútbol de Brasil para que el Senado apruebe un texto a espaldas del debate público.

Sin embargo, Soto se muestra optimista: “Ha parado la velocidad de aprobación de leyes porque la sociedad civil ha despertado”. Según sus cálculos, a las autoridades les compensa “no tensar demasiado la cuerda” porque, si restringieran las libertades en internet hasta un punto intolerable para los usuarios, acabarían creando redes alternativas “que estarían realmente fuera de su control”.

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