El próximo 8 de mayo tendrá lugar una nueva huelga estudiantil, desde la educación infantil hasta la universidad, contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), aprobada con el rodillo parlamentario del Go­bierno y sin consultar a la comunidad educativa.

La huelga no será un momento aislado de lucha, afirma Jesús Guerra, estudiante de secundaria y miembro de Estudiantes en Movimiento, integrante de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, quien explica a DIAGONAL que “estamos preparando una semana de lucha con movilizaciones descentralizadas del 5 al 10 de mayo”. Guerra cree que esta huelga y las luchas que están manteniendo deben ir más allá de la derogación de la Lomce: “Tenemos que hacer ver que estamos pagando las consecuencias de una crisis provocada por la burguesía para aumentar sus beneficios a costa de nuestro derecho a la educación, es algo inherente a este sistema”.

La derogación de la Lomce tampoco es el único objetivo de la plataforma La Educación Que Nos Une. Como afirma el profesor y miembro de esta plataforma Eloy Garavís, “lo que pretendemos es una auténtica renovación de la escuela, que ha de empezar por una revisión de los currículos y de los materiales escolares, así como de las metodologías y procedimientos de evaluación a que aquellos inevitablemente abocan”. Garavís señala como algunos de los aspectos más negativos de esta ley –aparte de que no se haya consultado a la comunidad educativa– “su carácter profundamente antidemocrático, debido a que la dirección de los centros escolares pasará a tener poderes absolutos y será nombrada a dedo por la Administración; la concepción mercantilista de la educación, que antepondrá los deseos de los mercados a la formación integral del alumnado, y que es una ley que busca segregar y dividir, donde muchas personas no podrán acceder a la educación, quedando así excluidas de la sociedad”.

Guerra también denuncia que subvencionar con dinero público a centros concertados que segregan por sexo “es incompatible con la democracia y muestra que esta ley está inspirada en el revanchismo de algunos sectores como la Iglesia, que además vuelven a imponer la religión como asignatura evaluable y curricular”.

Garavís denuncia que, en las mesas sectoriales de diálogo, los gobiernos de las comunidades autónomas hacen oídos sordos a las discrepancias de los representantes sindicales del profesorado e imponen unilateralmente sus criterios. Asimismo señala Madrid como “el lugar donde se están aplicando primero todos los experimentos neoliberales con la educación”.

Objeción de conciencia

La asociación Yo Estudié En La Pública va a promover la objeción de conciencia entre los docentes de secundaria para que no deriven a ningún estudiante de 2º y 3º de ESO a la formación profesional básica, pues denuncian que “quien haga este curso de dos años no obtendrá ni el título de formación básica que piden la mayoría de trabajos ni podrá acceder a un Grado Medio de Formación Profesional, condenando a los alumnos con más dificultades en el aprendizaje a la exclusión escolar y social”, denuncia esta plataforma.

También la Plataforma Estatal Por La Escuela Pública está llevando a cabo, desde el mes de febrero, una campaña por la que llama a los centros educativos a la toma de acuerdos en los Consejos Escolares para que no se cambien los libros de texto que se están utilizando durante este curso, dada la incapacidad que tienen muchas familias de costearlos. “Los libros pueden seguir siendo válidos al menos durante cuatro años”, afirman desde la plataforma, que señala que “los cambios curriculares que se proponen ahora no tendrán una gran vigencia y son cambios de enfoque ideológico, no de contenidos”. Tras la aprobación de la Lomce, la plataforma tendrá que apelar ahora a los directores de los centros, ya que, con la nueva ley educativa, los consejos escolares, donde estaban representados alumnado, profesorado, trabajadores de administración y servicios y familias, quedan relegados a órganos consultivos, y será el director, que será nombrado a dedo por la Administración, el que tome todas las decisiones. Una situación que, según señala Garavís, se convierte en “el reflejo del momento político que estamos viviendo”.

Algunas comunidades autónomas, entre las que se cuentan Catalunya, Andalucía, Canarias o Asturias, han movido ficha y han presentado recursos de inconstitucionalidad contra la ley educativa que fueron admitidos a trámite por el Tribunal Cons­titucional el pasado 10 de abril. El caso catalán no deja de ser significativo, pues el Gobierno de CiU se opone frontalmente a la Lomce alegando que va a imponer la enseñanza en castellano y que atenta contra el estatuto de autonomía, al mismo tiempo que anuncia un nuevo recorte en el presupuesto de educación. Por su parte, el rechazo asturiano y vasco parte de los plazos, demasiado ajustados para llevar la legislación a la normativa autonómica, mientras que la Consejería de Educación andaluza ha asegurado que no incumplirán el Estatuto de Autonomía y que tomarán diferentes medidas para su particular objeción de conciencia, como “no dar conciertos a los centros de educación diferenciada por sexos” o “no publicar los resultados de las reválidas”. También señalan que se seguirá estudiando Educa­ción para la Ciudadanía y “se desarrollará una educación más humanista”.