Tras el anuncio del ministro de Educación, José Ignacio Wert, de una nueva reforma universitaria y un nuevo estatuto docente, el Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga general en defensa de la educación pública para los días 26 y 27 de marzo. “Se llama a todos los estudiantes de Se­cun­daria y Universidad y a todas las organizaciones y colectivos de la izquierda a salir de nuevo a la lucha masiva a favor de la retirada de la LOMCE y de la dimisión del ministro Wert”, según se lee en la convocatoria de este sindicato. El día 26, la huelga se traducía en la Complutense en la entrada de la Unidad de Intervención Policial en el vicerrectorado de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) tras la llamada del propio rector de la Complutense, José Carrillo. A las 19h del miércoles 26, tres centenares de personas se convocaron para una asamblea en la que se reclamó la libertad de los detenidos y las acciones a llevar a cabo durante el paro convocado.

Las tres jornadas de huelga que convocó el colectivo Toma la Facultad comenzaron el 25 de marzo con acciones en el campus de la Universidad Autó­noma de Madrid y se ha expandido a campus como la propia Complutense o la Politécnica. Por su parte, la asamblea de la Universidad Carlos III de Madrid ha convocado un encierro para el día 26 de marzo.

Los motivos de la huelga

Como conclusión sobre el efecto de las reformas producidas en la enseñanza pública, Antón Cos­tas, profesor de la Univer­si­dad de Bar­celona estima que “sería una buena cosa prohibir a los ministros de Educación hacer nuevas leyes puesto que el país lo agradecería”. Los convocantes de la huelga piden la dimisión de Wert, a quien consideran “el peor ministro de la historia”, y justifican la convocatoria por el aumento de las tasas y la drástica reducción de las becas. Así, las personas que se encerraron a mediados de marzo en el vicerrectorado de la Universidad Complutense reclaman la recuperación de las becas de maternidad, la Séneca y las de movilidad, así como la transparencia en la concesión de ayudas.

“Sería una buena cosa prohibir a los ministros de Educación hacer nuevas leyes”, ironiza el profesor Costas
Según recoge el Consejo de Uni­versidades en un informe, el desequilibrio entre presupuestos destinados a las Comunidades Autóno­mas en educación supone que un estudiante en la Univer­sidad de Barcelona ha pagado 1.620 euros más que uno matri­culado en la Universidad de Granada. Este informe propone un plan alternativo al que actualmente se aplica para la financiación de los usuarios de los servicios docentes universitarios para crear así un modelo de acceso a los servicios públicos que tenga en cuenta la renta de la unidad familiar para garantizar así “la equidad, eficiencia y prevalencia del principio de igualdad de oportunidades”. Para ello, según este estudio, se propone “la clasificación del alumnado según la capacidad económica de la familia”.

El actual plan, opinan los autores del libro Qué hacemos con la universidad, “supone conceder becas de beneficencia a quienes demuestren que son capaces de vencer de forma individual todas las trabas que existen en su camino y ello supone convertir a los ciudadanos en propietarios del derecho a la edu­cación”. Según José Gimeno Sa­cris­tán, catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Uni­versidad de Va­lencia, “lo que esconden los privilegiados es el rechazo a la mezcla social, a educar a los hijos y hijas con los que no son de la misma clase”. Así, de 2005 a 2010, la financiación pública de la enseñanza privada ha crecido un 30%, en claro detrimento de la educación pública, que viene soportando recortes tras recortes en todas las etapas educativas.