En junio de 2012, el Congreso daba el visto bueno a la reforma de la Ley de Comunicación Audiovisual, con la que se abría la veda a que los gobiernos regionales privatizaran la gestión de las televisiones autonómicas y sus contenidos. Desde entonces se ha visto como dos canales autonómicos –RTVV y 7RM– paraban sus emisiones y otros tantos externalizaban buena parte de su producción.

Son 13 las comunidades autónomas que tienen canales de televisión pública, contando aún la Radio Televisión Valenciana (RTVV), cuya liquidación tardará varios meses en completarse. “Han cerrado las emisiones, pero no ha cerrado el canal”, señala Amalia Garrigós, readmitida como trabajadora de RTVV después de que el Tribunal Superior de Justicia declarara ilegítimo el ERE que afectó a cerca de mil compañeros del ente en diciembre de 2012. “El Gobieno valenciano está gastando 200.000 euros al día en las nóminas de los trabajadores, y no nos deja trabajar”, explica Garrigós. Todos los jueves, los trabajadores de RTVV protestan frente al Palau de la Gene­ralitat mientras esperan las resoluciones de las vías judiciales a las que han recurrido contra el cierre del ente: desde la vía contencioso-administrativa y penal, al Tribunal Europeo y el Constitucional.

Siguiendo la estela de RTVV, más de 800 trabajadores de Telemadrid esperan el dictamen del Tribunal Supremo sobre el ERE que les dejó sin trabajo a principios de 2013. En abril, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo declaró “no ajustado a Derecho” pero sin concretar la readmisión. “No queremos la indemnización, queremos volver a nuestro trabajo”, afirma Jorge Rodera, del colectivo Salvemos Telemadrid. El Gobierno de Ignacio González también ha recurrido la sentencia del TSJM, pero en sentido contrario, y amenaza con cerrar la entidad si la sentencia del Supremo se decanta por la nulidad, como pasó con RTVV.

En otras regiones gobernadas por el Partido Popular también se ha planteado la privatización de la televisión regional, aunque no se ha llevado a término. A pesar de que María Dolores de Cospedal expresara a principios de noviembre su intención de privatizar Radio Televisión Castilla-La Mancha, el ente va a seguir siendo público, según aseguró en diciembre Francisco Cañizares, portavoz del PP en las Cortes regionales. La situación de este canal autonómico dista mucho de la que presentaba el valenciano. “Con deuda cero y una plantilla ajustada de 390 trabajadores, no tienen excusa para privatizar ni cerrar”, explica Miguel Ayuso, miembro del Comité de Empresa de Castilla-La Mancha Televisión (CMT). Desde el comité denuncian la manipulación en el canal y los constantes cambios en los puestos de decisión, como el de director de informativos, por el que han pasado hasta tres nombres distintos en dos años.
La Televisiones autonómicas como Canal Extremadura, la gallega TVG y la andaluza Canal Sur se han lanzado a la externalización de parte de su producción. En TVG, la dirección anunció en septiembre la externalización de cinco programas, lo que, según denuncia la Central Unitaria de Traballadores/as (CUT), supondrá un coste de 4,2 millones de euros al año. En Baleares, el Gobierno externalizó también los informativos de la cadena en 2011, desde entonces en manos de la productora Secuoya, en cuyo consejo de administración figura Miguel Ángel Rodríguez, ex portavoz del Gobierno con el Partido Popular, y que también se ha llevado buena parte de la producción de Antena 3 y se ocupa también de la producción de IB3, la televisión autonómica balear.

Otras autonómicas ya habían optado por la privatización de la producción y departamentos desde su comienzo, como Aragón TV o la canaria RTVC, que nació en 1998 con la producción y gestión comercial ya externalizada, a pesar de que la Ley de Televisión Pública de 1994 lo prohibía. La empresa que encargada de la gestión del ente, Socater, está participada en un 40% por el Grupo Prisa.

Vocento y Grupo Cope son los propietarios de los dos canales a nivel regional en La Rioja. "En ambos casos están mantenidas económicamente por el Gobierno de Pedro Sanz [presidente de La Rioja] y, por tanto, al servicio del mismo", afirma a DIAGONAL Olivia García, redactora de LaRioja2, una web de información nacida recientemente en la comunidad. La presencia de Vocento en cuanto al ámbito de la información se extiende también a la prensa escrita, con el diario La Rioja, periódico en papel de referencia en la región y con el cual TVR comparte publicidad.